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martes, 14 de marzo de 2017

“El Tribunal Supremo establece que un hijo no puede reclamar a sus hermanos los gastos de residencia de sus progenitores”


En muchas ocasiones, las decisiones respecto a donde van a vivir nuestros progenitores cuando sean mayores o se conviertan en personas dependientes, si en una residencia o en el domicilio de un hijo, y en cualquiera de los casos, quien va a hacerse cargo de los gastos de su cuidado, genera conflictos entre los hijos. Las consideraciones morales de cada uno muchas veces no coinciden, y cuando se ha de tomar una decisión de forma inminente, este desacuerdo acaba desembocando en una situación de conflicto en la que prevalece la decisión de uno, que normalmente asume las consecuencias y costes que ello conlleva.

El supuesto que resuelve nuestro Tribunal Supremo nace por la decisión de uno de los hijos de asumir los gastos de una residencia geriátrica donde estaba interna su madre, ejerciendo posteriormente una acción de reembolso frente a su hermano, reclamando el 50% de los gastos abonados por él.

A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Getxo y la Audiencia Provincial de Bizkaia estimaron su petición, y condenaron a su hermano a pagarle la mitad de esos gastos, que ascendían a la cantidad de 22.507,76 Euros, el Tribunal Supremo resuelve en sentido contrario en su Sentencia, de fecha 7 de Marzo de 2.017.

Así, nuestro Alto Tribunal establece que la acción de repetición “nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos que a ambos incumbe”, pero no se realiza por cuenta ajena, es decir, el pago lo realiza uno de los hijos de forma voluntaria en beneficio de su madre, y sin perjuicio de las consideraciones morales que se puedan tener respecto a esta cuestión, y sobre la posición del otro hijo que se niega a contribuir con esos gastos, lo cierto es que éste no adeuda a su madre alimentos que han sido efectivamente satisfechos por el otro hijo.

En este sentido se afirma que “la deuda contraída era propia (refiriéndose al hijo que abonó todos los gastos), como es la de prestar alimentos a su madre, en la forma que mejor le convenía, en este caso mediante ingreso de su madre en la residencia”, faltando por tanto un requisito esencial para que prosperase la acción de reembolso, “el pago de una deuda ajena”. Se entiende, por tanto, que la deuda del hijo era propia en la medida en que llevó a su madre por iniciativa propia a la residencia y asumió de forma voluntaria la deuda sin comprometer a su hermano.

Cuestión distinta es la obligación de los dos hijos de prestar alimentos a su madre, para lo que es necesario que ella los reclame judicialmente, como posteriormente hizo en el presente supuesto, existiendo una resolución que obligaba a ambos hijos al pago de los gastos para el sostenimiento alimenticio de su madre (gastos de alojamiento, manutención y asistencia en la residencia).

Por lo tanto, es importante que este tipo de decisiones se tomen de común acuerdo entre los hijos, ya que la decisión unilateral de uno de ellos implica que deba ser éste el que tenga que asumir los gastos que se ocasionen. Pero, ¿y si no hay posibilidad de acuerdo?, entonces para evitar este tipo de situaciones, los progenitores tienen que iniciar un procedimiento para reclamar alimentos a sus hijos, de forma que se establezca a través del juzgado su obligación a prestarlos de conformidad con las necesidades de los padres y de acuerdo a las posibilidades de quien tiene obligación de darlos.

jueves, 9 de marzo de 2017

"El Tribunal Económico Administrativo Central confirma que la prestación por maternidad no esta exenta de IRPF."


Después de que el pasado mes de Julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera en una Sentencia que la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de que meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminase justamente lo contrario en un supuesto similar, estableciendo que esta prestación debe tributar en la declaración de la renta, estando solo exentas las prestaciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el Tribunal Económico Administrativo Central se ha pronunciado.

Recientemente conocíamos la resolución, de fecha 2 de Marzo, en la que este Tribunal daba la razón a la Agencia Tributaria al entender que “una interpretación finalista de la norma nos debe llevar a la misma conclusión; en efecto, hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta de IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad, y que se da igual en los casos de maternidad y adopción que en los demás previstos en la norma para el cobro de otras prestaciones, como el acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo para el embarazo: el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión”. Añadiendo a continuación que “las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad social, son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”.

En este sentido, la resolución afirma que “el distinto trato tributario de las prestaciones por maternidad de la Seguridad social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, no es algo caprichoso sino que obedece a la distinta naturaleza de las prestaciones, lo que justifica ese trato fiscal diferenciado”.

Es evidente que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió la puerta a cientos de reclamaciones en vía administrativa, que siendo desestimadas por la Agencia Tributaria han sido recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo correspondiente, llegando finalmente al Tribunal Económico Administrativo Central, que a través de esta resolución unifica el criterio respecto a los distintos pronunciamientos llevados a cabo por varios Tribunales Económico Administrativo regionales. Así, el criterio fijado confirma que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre .

Con esta resolución se confirma el rechazo en vía administrativa de todas las reclamaciones de los contribuyentes que hayan solicitado o tengan intención de hacerlo, la devolución de ingresos indebidos a la Agencia Tributaria, sin embargo esto no quiere decir que una vez agotada la vía administrativa, si el contribuyente acude a la vía judicial no vaya a obtener un resultado positivo.


Es muy probable que ante la existencia de Sentencias contradictorias respecto a este asunto, y las que puedan ser dictadas en un futuro, pronto tenga que pronunciarse el Tribunal Supremo para unificar doctrina y aclarar de una vez por todas si nos encontramos ante una renta exenta o no en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

"Las consecuencias de mentir en un juicio al declarar como testigo. El delito de falso testimonio"


Recientemente conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que confirma la condena de un hombre que mintió en su declaración como testigo en un juicio penal. ¿Qué conducta llevó a cabo y qué consecuencias ha tenido?

En el supuesto sobre el que resuelve la Audiencia Provincial de Cantabria, el testigo no solamente dio una versión de los hechos contraria a la del resto de testigos, al afirmar que la acusada (que también reconoció ser su amiga), no había agredido ni verbal ni físicamente a la doctora, sino que además aseguró que el resto de testigos, nada más y nada menos que cinco, que también habían declarado en la vista, se habían inventado su versión, pese a la existencia de pruebas objetivas que acreditaban la agresión.

Como consecuencia de tal declaración se procedió a deducir testimonio por la comisión de un posible delito de falso testimonio por parte del testigo, que dio lugar finalmente a una sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de 9 meses de prisión y 4 meses de multa, a una cuota diaria de 6 euros.

¿Qué es el delito de falso testimonio? ¿Cuál es su fundamento?

Nuestro Código Penal recoge el “delito de falso testimonio” en su artículo 458: “el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y la multa de 3 a 6 meses”.

Este precepto se encuentra ubicado dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, ya que es precisamente a esta a la que afecta gravemente, llegando a impedir su correcto funcionamiento, e incluso, pudiendo darse la posibilidad de que tenga lugar una aplicación injusta de nuestro ordenamiento jurídico.  

A todos los testigos, en todos los juicios se les toma juramento o promesa de decir verdad, advirtiendoles a continuación que si faltan a la verdad en su declaración podrían incurrir en este delito, siendo también informados de las penas que lleva aparejado.

¿Qué debemos entender por “faltar a la verdad”?

Para que concurra este requisito es necesario que exista constancia acerca de cuál es la verdad, debiendo la declaración falsa desfigurar de modo esencial la verdad que interesa al proceso, no siendo suficiente las meras contradicciones entre las diferentes declaraciones.

Además, el testigo debe ser consciente de su conducta, y de que la declaración no es la verdad aunque no exista una intención de perjudicar o beneficiar a una de las partes, siendo suficiente la intención de influir en el adecuado desarrollo del proceso.

Por lo tanto, este delito concurre tanto por acción como por omisión, ya que se castiga igual al testigo que ofrece un testimonio incierto como al testigo que silencia datos objetivos que conoce.

Nuestro Tribunal Supremo definió en 2.002 este delito como el que “se comete cuando una persona llamada a prestar testimonio en causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal y como esta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta”.

Nuestro Código Penal, junto con el tipo básico del delito de falso testimonio, recoge dos tipos agravados, castigando con mayor pena (1) cuando el falso testimonio se da en contra del reo (castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, imponiéndose en su mitad superior cuando a consecuencia de tal actuación recae sentencia condenatoria) (2) y cuando el falso testimonio se produce ante un Tribunal Internacional.

En muchas ocasiones, nos encontramos declarando a testigos que no son conscientes de la responsabilidad y gravedad de faltar a la verdad, ya que tal actuación puede provocar una sentencia injusta.