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jueves, 19 de enero de 2017

¿Puedo reclamar los gastos que asumí al firmar mi hipoteca?


El pasado 23 de Diciembre de 2.015, el Tribunal Supremo dictaba una importante Sentencia en la que se declaraba la nulidad por abusiva de la cláusula que imponía al cliente los costes derivados de la constitución de hipoteca (notaría, registro, gestoría) y de tributación por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar que se trataba de una condición no negociada con el consumidor.


¿Que declaró exactamente nuestro Tribunal Supremo?


El Alto Tribunal reconocía en su sentencia como abusiva una cláusula incluida en una escritura de hipoteca del BBVA que tenía la siguiente redacción: “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía”


El propio Tribunal Supremo reconoce en su resolución que “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista”, por lo tanto aquellas cláusulas que imponen a los clientes todos los gastos de formalización de hipotecas, son abusivas, abriendo la puerta a las reclamaciones de estos gastos a miles de consumidores que tienen en su hipoteca una cláusula similar.


¿Quiénes pueden reclamar y en qué plazo?


Pueden reclamar aquellas personas que continúan pagando su hipoteca al día de hoy, pero también aquellas que ya la han finalizado en los cuatro años anteriores a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, aquellos que la acabaron de pagar después de 23 de Diciembre de 2.011.


El plazo para reclamar el pago de estos gastos es de cuatro años a contar desde el día en que se dictó la Sentencia, por lo que finalizará el próximo 24 de Diciembre de 2.019.


¿Cuáles son los pronunciamientos de los Juzgados y Tribunales?


Sin embargo, todo no es blanco ni negro, y tras la sentencia del Tribunal Supremo han empezado a dictarse resoluciones en Juzgados y Tribunales contradictorias, en las que se condena al banco de forma idéntica a como lo hizo el Alto Tribunal en su resolución, y sentencias en las que encontramos matices importantes.


A día de hoy, conocemos sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Zaragoza y los Juzgados de Oviedo y Pontevedra, en las que se declaran abusivas las cláusulas y se condena al banco a devolver el dinero a los clientes.


Por su parte, el Juzgado de Granollers (Barcelona) dictó recientemente una Sentencia en la que condenaba a la entidad bancaria a devolver los 3.371 Euros que correspondían a gastos notariales e impuestos derivados del préstamo hipotecario, al entender que debían de asumirlos ambas partes de forma equitativa.


De todos los gastos que se pueden reclamar, quizás el más controvertido y el que ha generado más polémica es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al existir distintas interpretaciones sobre quién es el sujeto pasivo del mismo, aunque mayoritariamente se sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su resolución.


Muy probablemente, como ocurrió con la cláusula suelo, tenga que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien acabe pronunciandose sobre esta cuestión, aunque me temo que esta resolución tardará algunos años.


Y finalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir?


En primer lugar se ha de presentar una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató la hipoteca, o si posteriormente hubo una fusión, con la Entidad que absorbió a aquella.


Una vez que transcurren dos meses desde que se presenta la reclamación, y no se ha obtenido una respuesta o ésta es negativa, es necesario acudir a la vía judicial e interponer la correspondiente demanda solicitando que se declare abusiva la cláusula que aparece en nuestra hipoteca y condene a la entidad bancaria a la restitución de los gastos que fueron abonados, como consecuencia de esa cláusula, los cuales deben de estar perfectamente documentados con sus correspondientes facturas.


La recomendación de las asociaciones de consumidores y de la abogacía es la misma, cualquier consumidor que quiera iniciar los trámites para reclamar estos gastos debe de asesorarse, y en ningún caso firmar ningún documento que proponga el banco o entidad sin que un profesional lo revise antes y le asegure que está bien, ya que desgraciadamente nos encontramos con clientes que acuden al despacho con documentos confeccionados unilateralmente por los bancos en los que aprovechando que se firma un determinado acuerdo, se incluyen cláusulas en las que el cliente renuncia a otro tipo de acciones y reclamaciones.

Y acabo citando a Jose Muelas Cerezuela, Abogado y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, que en una frase recoge perfectamente el temor de los abogados sobre este tema y sobre las cláusulas suelo, refiriéndose a los bancos y entidades:  “ellos van a tratar de impedir que un abogado revise tu hipoteca, a ellos les conviene, a ti no”

lunes, 9 de enero de 2017

"Los colores del poder judicial hacen peligrar nuestra justicia"


“Imagina cómo sería que te encargasen valorar la conducta de aquel que te propuso para el puesto de trabajo que realizas, o que estuviera en tu mano sancionar o inhabilitar a quien te ayudó a conseguir la posición que tienes, ¿agradecido y benevolente u objetivo e imparcial?”


Foto: Revista SEDE
Cuando pensamos en aquellos que imparten justicia, pensamos en profesionales que ejercen su labor con la máxima independencia. Esta es la única manera de que el Estado de Derecho funcione de verdad, y la conocida por todos división de poderes no se distorsione, evitando que uno pueda controlar a otro. ¿Esto es realmente así?.

En el año 2.010, más de 1.500 jueces apoyaron un manifiesto por la “despolitización y la independencia del poder judicial”, en el que se reconocía que la independencia de nuestra justicia estaba en serio peligro.

Para velar por la independencia del Poder Judicial, nuestra Constitución prevé la existencia de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  que cuenta con competencias en materia de ascensos, destinos, sustituciones, sanciones de nuestros jueces, etc. Pero además, este órgano influye en otras instituciones y organismos, ya que no solo tiene la facultad para proponer reformas legislativas, sino que también participan en el nombramiento del Fiscal General del Estado, de los Magistrados del Tribunal Constitucional, Magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de las Audiencias Provinciales, etc. Todos ellos, nombramientos que se realizan de forma discrecional sin que ni siquiera sea obligatorio motivación alguna.

Si casi la mitad de los miembros de la carrera judicial alzan su voz, necesariamente hace que nos cuestionemos “¿este órgano no funciona? ¿dónde está el peligro?”. Inicialmente, los miembros del CGPJ eran elegidos por los propios jueces, hasta que en 1985, como consecuencia de una modificación de la ley, la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, y sus 20 miembros comenzaron a ser designados por el Congreso y Senado, por mayoría de tres quintos. Si bien es cierto que la ley establece que los elegidos serán abogados o juristas de reconocida competencia, y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión, lo que no dice y parece lógico pensar, y así lo demuestra la experiencia de estos años, es que el color que mayoritariamente tenga en ese momento la cámara va a ser el mismo que defienda el profesional designado.

De esta forma, a través de estas designaciones, la clase política elige el color que va a tener el núcleo del poder judicial, e indirectamente también el color que van a tener los magistrados de los máximos órganos judiciales, lo que resulta realmente peligroso si tenemos en cuenta los intereses económicos, políticos y sociales que giran en torno a un procedimiento judicial.

Es evidente que toda persona, con independencia del trabajo que desempeñe, tiene una ideología o un color político, sin embargo es fundamental evitar que quien realiza una labor tan importante para la sociedad, quien imparte justicia, pueda hacerlo debiendo a un determinado partido político su nombramiento, maxime cuando es muy posible que ese profesional tenga que decidir sobre cuestiones que afecten al partido que previamente le colocó en ese lugar.

Sobre esta cuestión, el propio Tribunal Constitucional se pronunció en una famosa sentencia de 1986 en la que advertía que el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución, si las Cámaras elegían a los vocales con finalidades distintas a las del bien común, lo que para muchos fue una forma de pasar de puntillas y no declarar la norma como inconstitucional.

A día de hoy, esta situación ha ido deteriorando nuestro sistema judicial, hasta el punto de que la Comisión Europea situó a España en el cuarto lugar con la percepción de la independencia judicial más baja y el Word Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, situó a nuestro país por detrás de Nambia, Malawi o Gambia.

Las dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces han aumentado en la misma proporción que los casos de corrupción política en nuestro país. Basta leer los titulares de los últimos años para darnos cuenta de que hay jueces y magistrados que han ejercido su labor de forma rigurosa y con libertad, ajenos a las presiones,  y han salido mal parados por ello, y otros sobre los que planea la sombra de la sospecha.

Por supuesto, los jueces no forman parte de la clase política, y tienen que poder ejercer su actividad profesional con estrictos criterios legales, al margen de presiones, intereses políticos, económicos y sociales, por lo que el sistema tiene que fijar los mecanismos oportunos para que nadie pueda influir en esta labor, y es que si no se extreman las precauciones, puede darse la paradoja de que un político pueda llegar a decidir quien le investiga, ya que el Consejo General del Poder Judicial está facultado para sustituir a un juez por otro.

La independencia del poder judicial es la única manera de que los ciudadanos tengan una justicia de calidad e igual para todos, y para ello es necesario un procedimiento de nombramiento claro, transparente y libre de presiones e influencias, en el que los criterios de nombramiento no tengan que ver con el color político, sino que sean criterios objetivos y preestablecidos, como las calificaciones y los méritos, basados en la integridad y capacidad profesional.

Es evidente que el sistema actual no funciona, y además pone en peligro los derechos civiles, por lo que es necesaria una inminente reforma que convierta al Consejo General del Poder Judicial en incoloro y seguro, reforma que a pesar de ir incluido en todos los programas políticos cada legislatura, no entusiasma a ningún partido, pero sí interesa a todo ciudadano que quiere que la ley sea igual para todos.

Mi última colaboración con la revista SEDE dedicada en eta ocasión a "colores",  os invito a leer el resto de contenidos.

martes, 3 de enero de 2017

"El derecho a desconectar del trabajo ya es una realidad en Francia"


¿Quién no ha recibido una llamada de su trabajo después de finalizar su horario laboral? , ¿y en vacaciones?. ¿Quién no tiene un grupo de whatsapp de trabajo al que llegan constantes mensajes a cualquier hora?


Las nuevas tecnologías han facilitado mucho algunas tareas de nuestra vida laboral, incluso haciendo que lleguemos a ser más efectivos, sin embargo esa constante posibilidad de comunicación entre empresa y trabajador ha borrado la línea que separa la vida personal de la vida laboral, impidiendo la desconexión e incluso llegando a causar lo que se ha denominado como “agotamiento laboral”.

Francia ha comenzado el año con la entrada en vigor de una norma pionera que reconoce el derecho de los trabajadores a que se adopten las medidas oportunas para garantizar el respeto a su tiempo de descanso, y el respeto a sus vacaciones, estableciendo así la obligación para las empresas de regular el uso de las tecnologías de la comunicación o herramientas digitales.

Con esta importante medida, ningún trabajador debería de recibir mensajes, correos electrónicos o llamadas fuera de su horario laboral, aunque lo cierto es que la norma deja la puerta abierta a la negociación de las partes y a la necesidad de llegar a acuerdos para que realmente sea efectiva, ya que en caso de desacuerdo será el propio empresario el que establezca el modo de proceder en función a las necesidades de su empresa.

Y, ¿si hay un incumplimiento?. Si hay un incumplimiento no se establecen consecuencias ni sanciones, por lo que puede acabar siendo una mera declaración de intenciones, aunque no hay que olvidar que el incumplimiento de la norma por parte de la empresa podría ser usado ante los Tribunales, con mayor fuerza que antes, para acreditar situaciones de acoso laboral o agotamiento laboral, que en Francia afecta a un 12% de los trabajadores.

¿Para cuándo un derecho a la desconexión en España?