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lunes, 30 de mayo de 2016

“El Estado adelanta las pensiones de alimentos cuando el progenitor nocustodio no paga. Fondo de Garantía de Pago”


Son muchas las familias que, tras una ruptura matrimonial o de pareja, acuden al Juzgado para solicitar el establecimiento de una pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio y a favor de sus hijos, y cada vez más encontramos supuestos en los que a pesar de existir una resolución judicial en esos términos, el obligado no satisface citada pensión, siendo necesario el inicio de procedimientos judiciales de ejecución con la finalidad de que el propio Juzgado embargue al obligado.

Desgraciadamente, hay muchos casos en los que a pesar de llevar a cabo un procedimiento de ejecución contra el obligado, este resulta insolvente o no tiene cuentas o bienes a su nombre, o trabaja sin estar dado de alta, etc, lo que dificulta poder conseguir que cumpla su obligación respecto a sus hijos.

Ante esta situación, y dada la posición de desamparo en la que se encuentran los menores de edad, nuestro país creó el “Fondo de Garantía de Pago de Alimentos”, a través de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, regulado por el Real Decreto 1618/2007. La finalidad con la que se crea este fondo es la de garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos “reconocidos e impagados”, establecidos en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, mediante el abono de una serie de cantidades que tendrán la condición de “anticipos”.

¿Quién puede optar a estos anticipos?

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los menores de edad españoles o extranjeros (nacionales o no de la Unión Europea), titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido en España. Además, en el caso de los extranjeros, se les exige que hayan residido en España en los 5 años anteriores a la solicitud.

A la hora de optar por esta ayuda, también serán tenidos en cuenta los recursos económicos de la unidad familiar en la que se integra el menor, no debiendo superar determinadas cuantías obtenidas de multiplicar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en el año 2016 se encuentra en 6.390,13 Euros, por un coeficiente que variará en función al número de hijos que integran la unidad familiar:

-1 hijo: 1,5 x IPREM        -2 hijos: 1,75 x IPREM             -3 hijos: 2 x IPREM

¿Durante cuánto tiempo puede percibirse el anticipo de alimentos?

El plazo máximo de percepción de esta ayuda es de 18 mensualidades, y la cuantía siempre asciende a 100 euros mensuales por cada beneficiario. Transcurrido citado periodo, la ayuda se extingue, al igual que si el beneficiario cumple la mayoría de edad, o el obligado al pago comienza a abonar la pensión de alimentos, en cuyo caso, el beneficiario tiene la obligación de comunicarlo en el plazo de 30 días y devolver aquellas cantidades cobradas indebidamente.

¿Quién puede solicitarlo y donde?

La solicitud ha de ser presentada por quien tenga la guarda y custodia de los hijos menores que tengan reconocido el derecho a la pensión de alimentos.

Además de la solicitud, se ha de acompañar la declaración de la renta donde se acrediten los ingresos de la unidad familiar, el libro de familia, el testimonio de la resolución judicial que reconoce el derecho de alimentos, así como el testimonio de la resolución que acredite haber instado su ejecución como consecuencia del impago, y la resolución en la que el Letrado de la Administración de Justicia acredita el resultado infructuoso de la misma, no habiéndose obtenido cantidad alguna, ni embargado bienes del obligado al pago.

Igualmente, será necesario autorizar al Estado a subrogarse en la posición del menor respecto a las cantidades anticipadas, de forma que será el Estado el que adquiere el derecho frente al obligado al pago.

La solicitud y la documentación se ha de presentar en las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones de Economía y Hacienda o en cualquier registro público. Normalmente en tres meses, la administración resuelve en procedimientos ordinarios, siendo estimada la solicitud en caso de silencio administrativo.

Sin duda, se trata de un FONDO al que apenas se le ha dado la publicidad que necesita, ya que son muchas las personas que podrían estar beneficiándose de tales adelantos por parte del Estado, y que por desconocimiento y falta de información no acceden a ello a pesar de tener necesidad y cumplir con los requisitos previstos. 



FOTO: ESTUDIOJURIDICOGONGORA


lunes, 23 de mayo de 2016

“¿Si la policía observa una vivienda con prismáticos sin autorización judicial vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio?. El Tribunal Supremo considera que sí.”



El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que anulaba las condenas de cuatro y tres años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Ourense, a dos personas por un delito de tráfico de drogas, al establecer con rotundidad que “ la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la “inviolabilidad del domicilio”,  y por lo tanto, considerar ilícita la principal prueba de cargo obtenida contra ellos (la narración realizada por los agentes sobre los hechos observados con este mecanismo).


 Antes de entrar a desgranar la interpretación que realiza el Alto Tribunal sobre este asunto, ¿qué es la inviolabilidad del domicilio?.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental recogido en nuestra constitución en el artículo 18.2, en virtud del cual “el domicilio de toda persona es inviolable”, estableciéndose tres excepciones a esta rigurosa protección de la inviolabilidad: 1. el consentimiento de su titular; 2. la existencia de una resolución judicial que lo autorice; y 3. que se este produciendo un flagrante delito.

De esta forma, nuestro legislador trata de garantizar el ámbito de privacidad de la persona,  vinculandolo de forma directa con la intimidad personal y familiar, por lo que el espacio limitado que la propia persona elige se ha de caracterizar por estar exento de injerencias e invasiones de otras personas o de autoridades.  

Respecto a que es considerado “domicilio” a los efectos de la inviolabilidad de domicilio existe numerosa jurisprudencia, que de alguna manera ha ido nutriendo a citado concepto, y que será objeto probablemente de un post en el futuro.
  
En el supuesto que analiza el Tribunal Supremo en su sentencia, los agentes que desarrollaban un dispositivo de vigilancia desde un edificio frente a la vivienda del sospechoso, observaron a través de los ventanales del salón que daban a la calle, la manipulación de sustancias y la elaboración de paquetes, al no tener estos ninguna cortina u obstáculo que lo impidiera. Tan pronto como el sujeto abandonó el domicilio, fue detenido por los agentes, quienes incautaron la droga que en ese momento portaba.  

En este sentido, lo que la sentencia del Tribunal Supremo afirma es que el alcance de protección constitucional previsto en el artículo 18.2 de nuestra Constitución alcanza tanto la irrupción inconsentida de una persona en el escenario doméstico como la observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es preciso valerse de un artilugio técnico de grabación o aproximación de las imágenes. 

 En primera instancia, la Audiencia Provincial de Ourense había considerado que la actuación de los agentes no vulneraba el derecho a la intimidad de los acusados ya que estos no habían establecido ningún obstáculo que impidiese la visión del salón, sin embargo, el Alto Tribunal afirma que cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el que vive en la casa no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior”, añadiendo que “el domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas”.

Si bien es cierto que el artículo 588 quater a) de la Ley de enjuiciamiento Criminal establece autorización judicial para “la utilización de dispositivos electrónicos orientados a la grabación de imágenes o de las comunicaciones orales directas entre ciudadanos que estén siendo investigados, ya se encuentren aquellos en un recinto domiciliario, ya en un lugar público”, y en el supuesto concreto los agentes no emplearon dispositivos de grabación sino unos prismáticos, en la práctica, según afirma el tribunal, afecta igual a la intimidad de las personas la reproducción de imágenes en un proceso penal que la testifical de los agentes que pudieron observar los hechos de esa manera.   

Incluso, el Alto Tribunal da un paso más y hace mención a lo que denomina “la revolución tecnológica”, ya que ésta ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una reinterpretación del precepto constitucional, para así adaptarlo a las posibilidades que antes no existían, abarcando tanto la entrada física como la intromisión virtual.

Cada vez con más frecuencia, las nuevas tecnologías obligan a los tribunales a hacer una reinterpretación de los conceptos jurídicos y su extensión, sobre todo de aquellos que afectan a derechos fundamentales. Se trata de una labor imprescindible para evitar posibles vacíos legales y vulneraciones de derechos, que adquiere toda su relevancia en lo que afecta a los procedimientos penales. 





jueves, 12 de mayo de 2016

¿Puedo colocar cámaras de vigilancia y grabar a mis empleados en el trabajo sin su consentimiento? ¿Pueden usar una grabación para sancionarme o despedirme?



Son muchas las consultas que recibimos respecto a esta cuestión, tanto por parte del empresario que tiene en su negocio instaladas cámaras de seguridad, e incluso ha grabado a alguno de sus trabajadores hablando mal a clientes, consultando sus redes sociales, cogiendo dinero de la caja, o simplemente dejando pasar las horas en su puesto de trabajo, como por parte del trabajador al que no le han comunicado la existencia de las mismas.

Recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de Marzo de 2.016, que introduce importantes modificaciones en cuanto a la necesidad o no del consentimiento de los empleados para la instalación de cámaras de vigilancia en los centros de trabajo.

Hasta ahora, todo empresario que quisiera instalar una cámara de videovigilancia para controlar la actividad de sus trabajadores debía informar previamente a su plantilla, indicando de forma clara, precisa e inequívoca que su finalidad era el control de la actividad laboral de los trabajadores. Además, la consecuencia del incumplimiento de esta obligación no era baladi, ya que cualquier despido apoyado en una grabación realizada por una cámara de la que no tuvieran conocimiento los trabajadores, suponía la improcedencia del despido, con independencia del contenido de la grabación y de la gravedad de los hechos recogidos en la misma.

Progresivamente, los tribunales han ido suavizando esta cuestión, hasta el punto en el que nos encontramos hoy, en el que todo empresario puede instalar cámaras de seguridad siempre que su finalidad sea “controlar el cumplimiento del contrato por parte de sus trabajadores”, resultando suficiente la colocación de un distintivo que informe sobre la instalación de cámaras en un lugar visible para considerar cumplida la obligación de aviso a los empleados, sin que sea necesario el consentimiento expreso.

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional argumenta que el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20, faculta al empresario a “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”.

En este sentido, y a pesar de que la sentencia reconoce que la imagen es considerada “un dato de carácter personal”, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos, lo cierto es que citada norma prevé como excepción, y por tanto dispensa de la obligación de recabar el consentimiento del afectado en el ámbito laboral “cuando el tratamiento de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes”.

¿La instalación de cámaras vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores?, ¿Pueden utilizarse las grabaciones para sancionar o despedir al trabajador?

Por un lado, encontramos la facultad de vigilancia del empresario, y por otro lado el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador, por lo que el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de requisitos que han de concurrir para que las grabaciones sean válidas, e incluso puedan ser usadas como prueba en un posible procedimiento de despido:

Necesidad: debe acreditarse de forma clara y específica la razón por la que es realmente necesaria su colocación

Idoneidad: es el mecanismo que permite acreditar posibles conductas graves por parte de los trabajadores, siempre que exista una sospecha razonable y no sea posible cumplir con su finalidad a través de otro medio.

Proporcionalidad: debe de estar colocada en un lugar en el que cumpla una función racional, es decir, que su campo de visión no exceda de lo necesario, y por supuesto, que las imágenes que pueda recoger no vulneren el derecho a la intimidad de los trabajadores. Todos entendemos la existencia de una cámara enfocando una caja registradora, mercancía de valor, etc, pero poco sentido tiene la instalación de una cámara dentro de un vestuario.  

Es necesario el estudio de cada supuesto concreto para determinar si nos encontramos dentro de la legalidad y del derecho del empresario a controlar el cumplimiento del contrato por parte de sus trabajadores, o si por el contrario se ha excedido y vulnerado los derechos de los trabajadores, análisis determinante para la viabilidad o no de una posible sanción o despido.