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miércoles, 21 de diciembre de 2016

"Entre estabilidad financiera y derechos de consumidores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apuesta por la retroactividad de las cláusulas suelo"


Finalmente llegó el día, hoy conocemos una de las Sentencias más esperadas del 2.016, y probablemente una de las más importantes de los últimos tres años, y es que son muchos los consumidores afectados por las cláusulas suelo que esperaban ansiosos la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin poder evitar preguntarse si volvería a ganar la estabilidad financiera frente a los derechos de los consumidores.

Pero, ¿qué son las cláusulas suelo?

La cláusula suelo es una cláusula contractual que habitualmente se incluía en la mayor parte de las hipotecas, por la que se fijaba un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca inmobiliaria aunque los intereses ordinarios pactados con la entidad financiera fueran menores. A pesar de que el “euribor” (el tipo medio de interés habitual usado en hipotecas) bajase, nunca podría pagarse por debajo del tope mínimo establecido, por debajo de la cláusula suelo.

¿Qué ha pasado hasta llegar a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Cuando el euribor comenzó a bajar, las hipotecas no podían continuar bajando, y es en ese momento cuando comenzó a ganar protagonismo “las cláusulas suelo”, que hasta entonces habían pasado desapercibidas para la mayor parte de los consumidores.

El 9 de Mayo de 2.013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas de los contratos que fueran poco transparentes, entre ellas las cláusulas suelo, ya que en este caso el Alto Tribunal no se refería a la claridad en el tenor literal de la condición, sino a la necesidad de que todo consumidor pudiera comprender la trascendencia de lo que firmaba.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo no reconoció la “retroactividad” de esta resolución, ya que entendió que por su trascendencia podría causar graves trastornos en el orden económico, y por lo tanto, en base a ella los consumidores afectados únicamente podrían reclamar el dinero que pagaron de más desde la fecha de la sentencia.  

En ese momento, muchos apuntábamos a que la fragilidad en la que se encontraba el sistema bancario español en ese momento en que se dictó la sentencia, de alguna manera obligó a no reconocer la retroactividad, poniendo de manifiesto el Alto Tribunal que un pronunciamiento en sentido contrario podría ocasionar un grave impacto económico.

¿Era realmente justo que una cuestión de esta índole se resolviera en beneficio de la estabilidad financiera en lugar de en beneficio de los derechos de los consumidores? Evidentemente NO!.


Ahora ya no importa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido que no puede establecerse una retroactividad limitada en el tiempo, por ser "incompleta e insuficiente" y además contraria a la normativa comunitaria, por lo que a partir de ahora millones de afectados por estas cláusulas abusivas podrán recuperar el dinero que pagaron desde que suscribieron el contrato, y no solo desde la resolución a la que me refería antes, dictada por el Tribunal Supremo el 9 de Mayo de 2.013.

En mi opinión, se trata de una decisión totalmente acertada en la que se vuelve a poner de manifiesto que la protección de los consumidores siempre ha de ser lo primero.





miércoles, 23 de noviembre de 2016

"La AP Cantabria confirma la condena a un ganadero por envenenar a animales y especies protegidas"


“Una pena de prisión de DOS AÑOS, la inhabilitación especial para la profesión de ganadero o cualquier otra relacionada con la ganadería por plazo de DOS AÑOS, la inhabilitación del derecho a la caza por tiempo de CUATRO AÑOS, así como a indemnizar al Gobierno de Cantabria en la cantidad de 118.770 Euros”.

Estas son las penas que ha confirmado la Audiencia Provincial de Cantabria para un ganadero condenado por un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados, previsto y penado en el artículo 336.2 de nuestro Código Penal, en concurso con un delito continuado de muerte de especies amenazadas, previsto y penado en el artículo 334.2 del mismo texto legal.

En el supuesto enjuiciado, el acusado que ejercía como ganadero en el término municipal de Valdeolea (Cantabria) llevó a cabo una serie de actuaciones tendentes a hacer desaparecer el Lobo Ibérico y los posibles ataques de éste a su ganado. Nada más y nada menos que decidió colocar carne impregnada de sustancias tóxicas y venenosas, idóneas para provocar la muerte de cualquier animal que lo ingiriera, con la clara intención de acabar con el lobo ibérico.

La colocación de estos cebos se realizó sin ninguna consideración y obviando la alta probabilidad de que otras especies pudieran morir con la ingesta de ello. De hecho así ocurrió, la actuación del acusado causó la muerte a 24 animales de 5 especies diferentes, declaradas algunas de ellas como especies de protección especial y especies en peligro de extinción (5 perros, 1 gato, 3 zorros, 4 buitres y 11 milanos reales).

Hoy conocíamos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 15 de Noviembre de 2.016, que confirmaba la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, y que considera que las pruebas no dejan lugar a dudas de que el acusado fue quien manipuló las sustancias tóxicas y las colocó impregnadas en carne cruda, llegando incluso a encontrarse su ADN en los guantes hallados en el lugar.

Desgraciadamente, la colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en el ámbito rural, que produce graves consecuencias para la fauna, además de un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, por lo que debido a su gravedad está expresamente prohibido en la legislación nacional y autonómica, siendo incluso constitutiva de delito.

El estado de crispación alrededor de la relación “ganadería - lobo” ha aumentado considerablemente en los últimos años, sin embargo entiendo que la “gestión a tiros” o en este caso “el uso de cebos envenenados” no puede desembocar en nada bueno, y mucho menos en una solución. Entiendo que queda mucho por hacer en este aspecto, y mucho por concienciar y hacer entender en todos los ámbitos, no solo el ganadero, que el problema no es el lobo, sino la escasez de mecanismos por parte de la Administración para que los daños causados sean efectivamente sufragados, evitando a su vez que la picaresca convierta la mala suerte en un negocio.

Solo puedo acabar diciendo LOBO VIVO, LOBO PROTEGIDO YA

martes, 8 de noviembre de 2016

El "discurso del odio" y la libertad de expresión en redes sociales según el Tribunal Supremo



No son ni un caso, ni dos, las redes sociales han hecho aflorar discursos y conductas que escudadas en el anonimato de los perfiles, transgreden los límites del respeto, incluso llegando a ser constitutivos de delito.

Antitaurinos contra taurinos y viceversa, víctimas de terrorismo, chistes y humor negro, han sido en muchas ocasiones focos en los que se han centrado los mensajes en las redes sociales, eso sí, siempre y en todos los casos bajo la bandera de la “libertad de expresión”.

Recientemente conocíamos una Sentencia del Tribunal Supremo en la que se recoge que “la libertad de expresión no ampara el discurso del odio en las Redes Sociales”. La resolución condena a A.C a un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por diez años, al haber incurrido según el Alto Tribunal en un delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas, al publicar en Twitter y Facebook mensajes como: 




 “A mi no me da pena Miguel Angel Blanco, me da pena la familia desahuciada por el banco”; “Si al final Aznar regresa de pleno a la política activa, espero que ETA lo haga también, para equilibrar la balanza”; “Dos noticias, una buena y una mala: La buena, en La Carolina (Jaén) le han quemado el coche a un concejal pepero. La mala, el pepero no estaba dentro”.



El Tribunal Supremo retoma el análisis sobre el “discurso del odio” que ya han tenido anteriormente el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo, reafirmando la idea de que la “libertad de expresión” no ampara este tipo de comportamientos, al no merecer la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o libertad ideológica, al ser constitutivos de delito.

Según el Alto Tribunal, el “terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la comunidad que los sufre”, y en este sentido entiende que las frases usadas por el acusado “encierran esa carga ofensiva para algunas víctimas y estimulatoria del terrorismo”

Las explicaciones dadas a posteriori por el acusado sobre sus frases y mensajes no han sido suficientes para desvirtuar la carga ofensiva de los mismos, rechazando incluso la aplicación del artículo 579 bis del Código Penal, que permite rebajar la condena a la vista de la gravedad de los hecho, el medio empleado y el resultado producido, ya que según la sentencia no concurren los elementos suficientes a la vista de la pluralidad de mensajes y la dualidad de modalidades típicas abordadas, ya que no sólo hay mensajes de enaltecimiento del terrorismo sino también de humillación de las víctimas.

Con este tipo de Sentencias, todos los usuarios de redes sociales debemos de hacer un análisis de nuestras conductas, del contenido de nuestros mensajes y nuestras intenciones cuando realizamos publicaciones, etc, ya que la línea de la libertad de expresión no ampara cualquier mensaje o reflexión, sin que debamos de olvidar que el medio empleado no es nuestro corrillo de amistades, sino una plataforma que llega a miles de personas.   




lunes, 5 de septiembre de 2016

"¿Hasta cuando se debe pagar la pensión de alimentos a los hijos? ¿Se extingue con la mayoría de edad?"


 Hace unos días me llegaba a través del blog esta pregunta, que además me consta que es una duda muy común entre padres separados o divorciados con hijos a cargo, ¿se extingue la pensión de alimentos con la mayoría de edad?

Tal y como ya he recogido en algún post sobre derecho de familia, el concepto de “pensión de alimentos” aparece recogido en el artículo 142 del Código Civil y se entiende “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, y asistencia médica. También la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, y aún después, si no ha terminado su formación por causa que no le sea imputable.”

Si bien es cierto que la pensión de alimentos no es eterna, su extinción no necesariamente va vinculada al cumplimiento de la mayoría de edad del hijo. En este sentido, la jurisprudencia afirma que el progenitor está obligado al pago de la pensión de alimentos hasta que el hijo mayor de edad es “independiente económicamente”.

Dicho esto, encontramos un sin fin de supuestos a los que aplicar este concepto, desde el hijo mayor de edad que no estudia pero tiene un trabajo precario e inestable, el hijo que ni estudia ni trabaja, el hijo que estudia pero saca unas pésimas calificaciones hasta aquel que estudia y obtiene buenas notas. No existe una regla automática en esta cuestión, ya que es necesario analizar cada supuesto y así, determinar el derecho del hijo y la obligación del progenitor al pago de la pensión de alimentos.

Sin embargo, a nadie se le escapa que en la situación económica en la que se encuentra nuestro país, nuestros jóvenes encuentran mucha dificultad para incorporarse al mercado laboral, por lo que el concepto de “independiente económicamente” debe de contextualizarse en cada momento, analizando las circunstancias personales pero también las sociales.

Las distintas Audiencias Provinciales han venido recogiendo en sus resoluciones que cuando los hijos han acabado sus estudios y su preparación pero no encuentran un empleo por las circunstancias del mercado, la pensión debe de continuar abonándose, ya que “el acceso a un puesto de trabajo no depende solo, como afirma, de la edad y conocimientos de sus hijos”. De igual modo, cuando por parte del joven existe “desidia o dejadez” en la dedicación de sus estudios, la jurisprudencia acaba por reconocer el cese en la obligación de los progenitores de prestar alimentos.

En cualquier caso, es determinante analizar en cada supuesto si la situación en la que se encuentra el hijo mayor de edad es imputable a sus decisiones y su actuación, o existen circunstancias que hacen que sea así, encontrándonos con jóvenes de 27 años que aun perciben alimentos de sus progenitores, y jóvenes de 25 años cuya pensión se ha extinguido.

Otra de las cuestiones que suelen plantear los clientes en este tipo de situaciones es ¿a quien se ha de pagar la pensión de alimentos del hijo mayor de edad?. Parece lógico que lo siga recibiendo el progenitor custodio, ya que éste puede reclamar directamente en nombre de su hijo mayor de edad aquellas pensiones devengadas, tal y como reconoce el Tribunal Supremo en su Sentencia, de fecha 12 de Julio de 2.014.

En este sentido, hay Tribunales que entienden que si llegada la mayoría de edad se comienza a abonar la pensión directamente al hijo, se está incumpliento la resolución judicial (sentencia o convenio regulador) en la que se establecía como y donde se debía de realizar tal pago, incluso llegando a no tener en cuenta ese ingreso a los efectos de una posible reclamación de pensiones, al no ser oponible el acuerdo del progenitor con el hijo, al no ser muchas veces parte en el procedimiento de reclamación.

Al margen de lo anterior, nada impide que si hay un acuerdo de ambos progenitores, el obligado al pago comience a abonar en una cuenta en la que el hijo mayor de edad aparezca como titular, su pensión de alimentos. 

martes, 23 de agosto de 2016

¿Los libros de texto y el material escolar son “gastos extraordinarios”?



Con la llegada del curso escolar, son muchos los clientes que nos hacen esta pregunta, y es que el uniforme, los libros, el material escolar...convierten a Septiembre en un mes en el que es necesario realizar un importante desembolso económico por parte de los progenitores. No es una cuestión baladí, ya que cuando hablamos de padres divorciados, la respuesta a esta pregunta va a determinar si tales gastos  han de ser satisfechos al cincuenta por ciento entre ambos progenitores o bien tiene que hacerse cargo el progenitor que tiene la guarda y custodia de los menores de edad.

Antes de analizar lo que han venido diciendo los Juzgados y Tribunales en nuestro país respecto a esta cuestión, debemos partir del concepto de “gasto extraordinario”, refiriéndonos a aquel gasto que siendo necesario es imprevisible, imprevisto y no periódico, frente al gasto ordinario, que es aquel precisamente previsible y periódico, y abarca, tal y como recoge el artículo 142 de nuestro Código Civil, lo imprescindible para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación.

Hasta el pasado año 2014, como ocurre con otros muchos gastos, la casuística ofrecía una importante variedad sobre esta cuestión, encontrándonos pronunciamientos de las Audiencias Provinciales que no consideraban los libros y el material escolar como gasto extraordinario al considerarlos previsibles y periódicos (Barcelona, Sevilla, Vizcaya o León), y Audiencias Provinciales que no, como Cáceres, Madrid o Navarra.

Esta cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 15 de Octubre de 2014, en la que afirmaba que “los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porqué se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto. Añadiendo además que “la consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes. Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos."

Por lo tanto, tras el pronunciamiento del Alto Tribunal, no hay ninguna duda de que tales gastos han de ser considerados como gastos incluidos en la pensión de alimentos, salvo que por acuerdo de las partes, decidan de común acuerdo satisfacerlos al cincuenta por ciento. 


jueves, 11 de agosto de 2016

¿Que hacer contra el "spam telefónico"?


Hace unos días me hacían esta consulta a través del facebook de "Mirada de Letrada", por lo que voy a intentar desgranar derechos, obligaciones y posibles vías de reclamación sobre esta cuestión. No es necesario definir el “spam telefónico”, ya que todos en algún momento hemos sufrido este fenómeno, llamadas al móvil o al fijo para vender un determinado producto o servicio de forma reiterada, a pesar de no haberlo pedido e incluso de haberlo rechazado en varias ocasiones.

Compañías telefónicas, bancos, seguros o empresas de lo más variopinto que quieren ofrecer sus promociones u ofertas, ¿pueden hacerlo a cualquier hora?

Lo primero que debemos saber es que desde Junio de 2.014, como consecuencia de la reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios, está prohibido que este tipo de empresas llamen a los consumidores para vender sus productos entre las 21h de la noche y las 9h de la mañana, así como los fines de semana y festivos, de conformidad con el artículo 96 de la ley.
 
Pero, ¿qué hacemos si dentro de ese horario legalmente permitido, nos llaman una y otra vez?

Ante este tipo de situaciones, tenemos que solicitar a la persona que nos llama un teléfono al que poder dirigirnos para contactar directamente con la empresa, y dejar constancia de nuestra oposición a seguir recibiendo llamadas con propuestas comerciales. Todas las empresas debe de disponer de un teléfono para esta finalidad que además ha de ser gratuito, por lo que tal comunicación no debe ocasionarnos coste alguno. En principio, la empresa tiene obligación de registrar la petición del consumidor, aceptarla y no volver a molestar.

En este sentido, la Ley de Competencia Desleal, 3/1.991, de 10 de Enero, establece en su artículo 29 que se considera desleal por agresivo realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en ella” añadiendo en su apartado 2 que, “Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.
El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional.”
De igual manera, el precepto recoge la obligación por parte del empresario de que todas las llamadas realizadas a consumidores se realicen desde un número de teléfono identificable, para que éste pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición de continuar recibiendo propuestas comerciales. En caso de recibir una llamada con número privado, podremos denunciarlo, siempre que la persona que llama se identifique e informe de la empresa desde la que llama.

¿De qué vías dispone el consumidor si se incumplen las obligaciones legalmente establecidas?
Si se incumple cualquiera de estas obligaciones, el afectado tiene dos posibles acciones para denunciar la actuación de la empresa. Por un lado, puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, donde deberá explicar lo ocurrido y solicitar que se proceda a dictar una resolución por la que se sancione a la empresa incumplidora. En la propia página web de la AEPD se puede realizar esta denuncia rellenando un formulario, en función del tipo de spam (llamadas, correos electrónicos, sms, etc). Y por otro lado, puede realizar una reclamación ante la autoridad de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

(“Facua mantiene una campaña contra el spam telefónico y proporciona a todos los consumidores, a través de su pagina web distintos formularios de reclamación”)

¿Que es la “Lista Robinson”?

Otra de las vías de las que dispone todo consumidor para evitar este tipo de publicidad es la “lista robinson” que consiste en un servicio gratuito de exclusión publicitaria a través del cual, el propio usuario puede disminuir la publicidad que recibe, o bien a través del correo postal, las llamadas telefónicas, sms o mms y el correo electrónico.

Este fichero está gestionado por la Asociación Española de Economía Digital, que depende de la Agencia Española de Protección de Datos, y es gratuito para todo consumidor, y protege frente a las entidades con las que nunca se ha tenido una relación contractual, y no así con las que se tiene o se ha tenido un contrato.

En cuanto a la protección que ofrece este sistema, esta no es inmediata, ya que han de pasar tres meses desde que se realiza la inscripción para que empiece a tener efectos.

Finalmente, ¿qué podemos hacer ante las llamadas automáticas en las que nadie responde?

A pesar de que los consumidores siguen sufriendo este tipo de llamadas, lo cierto es que están expresamente prohibidas, y así el propio artículo 96.3 de la Ley de Consumidores y Usuarios establece que la utilización de esta técnica “necesitará el consentimiento expreso previo del consumidor”. En cualquier caso, nunca se debe de llamar al número que está llamando, ya que con seguridad tendrá una tarificación adicional, y se debe de hacer constar al contestar la clara oposición a continuar recibiendo este tipo de llamadas.



lunes, 8 de agosto de 2016

¿Qué ocurriría si un día consultamos nuestra cuenta corriente y faltan más de 50.000 euros? ¿Quién es responsable?



Recientemente conocíamos una Sentencia, de fecha 27  de Mayo de 2.016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid, que resolvía precisamente esta cuestión. A la clienta de la entidad bancaria la habían sustraído más de de 55.000 euros de su cuenta corriente, a través de un virus informático que ella misma tenía en el ordenador.

Según la magistrada, la entidad bancaria es responsable de la sustracción ya que “disponía de los medios necesarios para detectar y evitar” un ataque de un virus que tiene esa finalidad.

¿Y la diligencia de la clienta de tener un dispositivo adecuado para hacer operaciones online?

En este sentido, la resolución afirma que aunque el ordenador no estuviera en perfectas condiciones, para la clienta era difícil sospechar que tenía un virus. Además no se aprecia negligencia o responsabilidad de la misma, ya que los propios informes periciales aprecian la existencia de medios razonables a fin de proteger los elementos de seguridad, al tener instalado un sistema de antivirus antes de la fecha de la infección.

En este sentido, la Ley 16/2009, de Servicios de Pago, establece un sistema de responsabilidad cuasi objetiva de las entidades bancarias, cuando existen operaciones de pago no autorizadas que son fruto de una actuación fraudulenta o por incumplimiento detallado o por negligencia grave de una o varias obligaciones impuestas por la ley.

Por tanto, al no existir duda de que la transferencia que dejó a la clienta sin su dinero no estaba autorizada, el responsable de devolver esa cantidad con sus correspondientes intereses es el propio banco. 

viernes, 29 de julio de 2016

“El Tribunal Constitucional tumba las tasas judiciales para las personas jurídicas”


Se nos impusieron unas tasas judiciales injustas que limitaban el acceso a la justicia a quienes no disponían de medios económicos, se recaudaron más de 565 mil millones de euros sin que ni un solo euro se destinase a la Administración de Justicia ni se nos diera ninguna explicación, se eliminaron las tasas para las personas físicas pero no para las personas jurídicas, y ahora, casi cuatro años después asistimos a la resolución del Tribunal Constitucional en el que afirma lo que todos sabíamos y denunciábamos constantemente, que son inconstitucionales.
El Alto Tribunal afirma que son desproporcionadas y que su cuantía “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, para los cuales resulta excesiva”, y que además no ha existido un estudio económico que permitiera comprender a que se debían las cuantías establecidas, sin que se pueda sacrificar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para con ello financiar la Justicia.
Hoy todos hemos mostrado nuestra alegría al conocer esta noticia, y de alguna manera tenemos la sensación de que tras la lucha de estos años, se ha ganado la batalla, sin embargo, es un sabor agridulce, ya que por el camino encontramos los que tuvieron que hacer un enorme sacrificio para poder ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, y poder pagar la tasa judicial, pero también aquellos otros que perdieron su derecho fundamental por no tener recursos suficientes para ello.
No puedo acabar este post sin mostrar todo mi reconocimiento y admiración a los compañeros de la Brigada Tuitera, que con su lucha han marcado un antes y un después en el mundo jurídico. No tengo ninguna duda de que su esfuerzo, dedicación y permanente trabajo ha contribuido a conseguir que la batalla por los derechos de tod@s se acabe ganando, y seguro que todos continuaremos peleando por una JUSTICIA CON MEDIOS. 

miércoles, 20 de julio de 2016

¿Tiene derecho un trabajador a cobrar vacaciones no disfrutadas si es baja voluntaria?


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a conocer hoy una sentencia en la que afirma que cuando un trabajador pone fin por voluntad propia a la relación laboral, tiene derecho a recibir una compensación económica si no ha podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas, total o parcialmente.

Con carácter general, todo trabajador tiene derecho a vacaciones retribuidas, siendo uno de los principios del Derecho social comunitario de mayor importancia, y en este sentido nuestro derecho comunitario establece que todo trabajador dispondrá de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, cumpliendo así una doble finalidad: permitir que el trabajador descanse y disponga a su vez, de un periodo de ocio y esparcimiento, abriendo la posibilidad a que sea cada Estado miembro el que pueda ampliar este tiempo, pero nunca reducir el mismo a menos de cuatro semanas.

Según el Tribunal, cuando la relación laboral ha finalizado y ya no resulta posible, por tanto, disfrutar de modo efectivo de las vacaciones anuales retribuidas, la Directiva prevé que el trabajador tendrá derecho a una compensación económica, a fin de evitar que, como consecuencia de esta imposibilidad, quede privado de todo disfrute", añadiendo que es irrelevante el motivo o causa de la extinción de la relación laboral, sea por una decisión del trabajador o no, la misma no tiene incidencia alguna en su derecho a percibir una compensación económica por las vacaciones que no ha podido disfrutar.


jueves, 14 de julio de 2016

“¿Cuando el suicidio de un trabajador ha de ser considerado accidente de trabajo?”


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha afirmado recientemente en su Sentencia, de fecha 2 de Febrero de 2.016, que el suicidio de un trabajador ha de ser considerado un “accidente de trabajo” siempre y cuando en atención a las circunstancias que rodeen tal desgraciado hecho, pueda incluirse dentro de la presunción de laboralidad recogida en el artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social. En esta ocasión, se examinaba un suicidio de un trabajador que realizaba tareas de vigilancia en un Centro Psicosocial, y que falleció tras echarse por encima un líquido, existente en el centro de trabajo, y posteriormente prenderse fuego.

En la propia Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia reconoce que la interpretación que del suicidio en el trabajo se ha venido realizando por los tribunales ha sufrido una importante evolución, ya que inicialmente este tipo de acontecimientos no eran ni siquiera entendidos como accidentes, “al considerarlo como un acto voluntario que rompía el nexo causal entre trabajo y evento lesivo, entendido así como un acto de autoagresión”.

En 1970, una sentencia del Tribunal Supremo acreditó, por primera vez en España, el nexo causal existente entre un suicidio y la actividad laboral del fallecido. Y desde entonces, han sido varias las resoluciones que han concluido en semejantes términos.

Actualmente, se defiende por los Tribunales que el suicidio de un trabajador será considerado un accidente laboral, siempre en atención a las circunstancias específicas del caso concreto, analizadas en su conjunto, “en el que sin duda, son relevantes las relacionadas con el trabajo, las características del mismo, las condiciones de su prestación, y posibles elementos desencadenantes de tal extrema respuesta y reacción (discusiones, acoso, tensión laboral con compañeros, superiores o clientes, estrés laboral, conflictividad laboral), incluso aunque concurra, o pueda concurrir, con otro elemento causal extralaboral, y con la preexistencia de enfermedad, física o psíquica pudiendo así tener un origen multicausal, uno de los cuales puede ser el trabajo”.

En este sentido, el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, indicando su apartado tercero, que se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, excluyendo a su vez el apartado cuarto, la consideración de accidente laboral en aquellos supuestos en los que concurra dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 

Por lo tanto, la presunción de laboralidad puede ser enervada por el carácter voluntario que tiene normalmente el acto de quitarse la vida, ya que si bien es cierto que un suicidio puede producirse por situaciones de estrés o trastorno mental, tales circunstancias pueden derivarse tanto de factores relacionados con el trabajo como también de factores ajenos al mismo, por lo que siempre es necesaria la ponderación de las circunstancias que rodean los hechos, y las circunstancias y acontecimientos anteriores que pueden ser determinantes en la decisión del trabajador de quitarse la vida.

¿Cuáles son las circunstancias que se han tenido en cuenta por el TSJ de Castilla La Mancha para determinar que en el supuesto examinado nos encontramos ante un suicidio que debe de ser considerado “accidente de trabajo”?

En citado supuesto, no solo el hecho que provoca el posterior fallecimiento del trabajador se produce en el “centro de trabajo” y en “horario de trabajo”, sino que en meses anteriores había necesitado internamiento, habiendo permanecido en situación de incapacidad temporal, sin que tras su reincorporación se hiciera una valoración de riesgos laborales, ni de adecuación personal al puesto de trabajo, y tampoco se realizó ninguna valoración por la empresa sobre la repercusión que el desarrollo de su trabajo podía tener en su estabilidad mental. La valoración de todas estas circunstancias, unido a que el trabajo del fallecido no estaba apartado del trato con personas externas e internas, y con pacientes, con situaciones en ocasiones de cierta agresividad, tensión e incluso violencia, dan lugar al Tribunal a entender que todo ello ha podido incidir en su persona, máxime cuando ya había padecido trastorno delirante tipo persecutorio.

No es la única resolución que se pronuncia en estos términos, ya en 2.013 se reconoció como accidente de trabajo el suicidio de un conductor de autobuses de Sevilla, que se quitó la vida estando inmerso en un proceso judicial contra la empresa.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia de fecha 26 de Octubre de 2.015, declaró como accidente laboral el suicidio de un empleado de una entidad financiera al considerar acreditado que éste se encontraba padeciendo un trastorno psíquico como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario por parte de la entidad en la que trabajaba, al descubrir que había revelado datos confidenciales y vulnerado el secreto profesional.  

A diferencia del supuesto ocurrido en Castilla La Mancha, en este caso el trabajador no se quitó la vida en su centro de trabajo, ni en su horario laboral, sin embargo el Tribunal afirmaba que todo indicaba que la causa de su decisión radicaba en el sufrimiento que le había causado conocer las consecuencias que podía tener su actuación, al ser informado por un abogado que su actuación podía ser objeto de despido, e incluso de acciones penales contra él.

No podemos olvidar que todo trabajador tiene el derecho a la protección dentro del desarrollo de su trabajo, y toda empresa tiene la obligación de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales que pueden sufrir en el trabajo. 


martes, 12 de julio de 2016

"Feliz día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio"


Hoy es un día para celebrar pero también para reivindicar, ya que sigue siendo necesario continuar luchando por una Justicia Gratuita, accesible para tod@s y de calidad, pero también por un Turno de Oficio digno, y ambas cosas solo se consiguen con inversión y más medios.
Somos más de 43.800 abogados, las 24 horas del día, los 365 días del año, a todos: ¡¡FELIZ DIA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO!!

lunes, 30 de mayo de 2016

“El Estado adelanta las pensiones de alimentos cuando el progenitor nocustodio no paga. Fondo de Garantía de Pago”


Son muchas las familias que, tras una ruptura matrimonial o de pareja, acuden al Juzgado para solicitar el establecimiento de una pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio y a favor de sus hijos, y cada vez más encontramos supuestos en los que a pesar de existir una resolución judicial en esos términos, el obligado no satisface citada pensión, siendo necesario el inicio de procedimientos judiciales de ejecución con la finalidad de que el propio Juzgado embargue al obligado.

Desgraciadamente, hay muchos casos en los que a pesar de llevar a cabo un procedimiento de ejecución contra el obligado, este resulta insolvente o no tiene cuentas o bienes a su nombre, o trabaja sin estar dado de alta, etc, lo que dificulta poder conseguir que cumpla su obligación respecto a sus hijos.

Ante esta situación, y dada la posición de desamparo en la que se encuentran los menores de edad, nuestro país creó el “Fondo de Garantía de Pago de Alimentos”, a través de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, regulado por el Real Decreto 1618/2007. La finalidad con la que se crea este fondo es la de garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos “reconocidos e impagados”, establecidos en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, mediante el abono de una serie de cantidades que tendrán la condición de “anticipos”.

¿Quién puede optar a estos anticipos?

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los menores de edad españoles o extranjeros (nacionales o no de la Unión Europea), titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido en España. Además, en el caso de los extranjeros, se les exige que hayan residido en España en los 5 años anteriores a la solicitud.

A la hora de optar por esta ayuda, también serán tenidos en cuenta los recursos económicos de la unidad familiar en la que se integra el menor, no debiendo superar determinadas cuantías obtenidas de multiplicar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en el año 2016 se encuentra en 6.390,13 Euros, por un coeficiente que variará en función al número de hijos que integran la unidad familiar:

-1 hijo: 1,5 x IPREM        -2 hijos: 1,75 x IPREM             -3 hijos: 2 x IPREM

¿Durante cuánto tiempo puede percibirse el anticipo de alimentos?

El plazo máximo de percepción de esta ayuda es de 18 mensualidades, y la cuantía siempre asciende a 100 euros mensuales por cada beneficiario. Transcurrido citado periodo, la ayuda se extingue, al igual que si el beneficiario cumple la mayoría de edad, o el obligado al pago comienza a abonar la pensión de alimentos, en cuyo caso, el beneficiario tiene la obligación de comunicarlo en el plazo de 30 días y devolver aquellas cantidades cobradas indebidamente.

¿Quién puede solicitarlo y donde?

La solicitud ha de ser presentada por quien tenga la guarda y custodia de los hijos menores que tengan reconocido el derecho a la pensión de alimentos.

Además de la solicitud, se ha de acompañar la declaración de la renta donde se acrediten los ingresos de la unidad familiar, el libro de familia, el testimonio de la resolución judicial que reconoce el derecho de alimentos, así como el testimonio de la resolución que acredite haber instado su ejecución como consecuencia del impago, y la resolución en la que el Letrado de la Administración de Justicia acredita el resultado infructuoso de la misma, no habiéndose obtenido cantidad alguna, ni embargado bienes del obligado al pago.

Igualmente, será necesario autorizar al Estado a subrogarse en la posición del menor respecto a las cantidades anticipadas, de forma que será el Estado el que adquiere el derecho frente al obligado al pago.

La solicitud y la documentación se ha de presentar en las Unidades de Clases Pasivas de las Delegaciones de Economía y Hacienda o en cualquier registro público. Normalmente en tres meses, la administración resuelve en procedimientos ordinarios, siendo estimada la solicitud en caso de silencio administrativo.

Sin duda, se trata de un FONDO al que apenas se le ha dado la publicidad que necesita, ya que son muchas las personas que podrían estar beneficiándose de tales adelantos por parte del Estado, y que por desconocimiento y falta de información no acceden a ello a pesar de tener necesidad y cumplir con los requisitos previstos. 



FOTO: ESTUDIOJURIDICOGONGORA


lunes, 23 de mayo de 2016

“¿Si la policía observa una vivienda con prismáticos sin autorización judicial vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio?. El Tribunal Supremo considera que sí.”



El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que anulaba las condenas de cuatro y tres años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Ourense, a dos personas por un delito de tráfico de drogas, al establecer con rotundidad que “ la observación de una vivienda con prismáticos por parte de la Policía sin autorización judicial vulnera la “inviolabilidad del domicilio”,  y por lo tanto, considerar ilícita la principal prueba de cargo obtenida contra ellos (la narración realizada por los agentes sobre los hechos observados con este mecanismo).


 Antes de entrar a desgranar la interpretación que realiza el Alto Tribunal sobre este asunto, ¿qué es la inviolabilidad del domicilio?.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental recogido en nuestra constitución en el artículo 18.2, en virtud del cual “el domicilio de toda persona es inviolable”, estableciéndose tres excepciones a esta rigurosa protección de la inviolabilidad: 1. el consentimiento de su titular; 2. la existencia de una resolución judicial que lo autorice; y 3. que se este produciendo un flagrante delito.

De esta forma, nuestro legislador trata de garantizar el ámbito de privacidad de la persona,  vinculandolo de forma directa con la intimidad personal y familiar, por lo que el espacio limitado que la propia persona elige se ha de caracterizar por estar exento de injerencias e invasiones de otras personas o de autoridades.  

Respecto a que es considerado “domicilio” a los efectos de la inviolabilidad de domicilio existe numerosa jurisprudencia, que de alguna manera ha ido nutriendo a citado concepto, y que será objeto probablemente de un post en el futuro.
  
En el supuesto que analiza el Tribunal Supremo en su sentencia, los agentes que desarrollaban un dispositivo de vigilancia desde un edificio frente a la vivienda del sospechoso, observaron a través de los ventanales del salón que daban a la calle, la manipulación de sustancias y la elaboración de paquetes, al no tener estos ninguna cortina u obstáculo que lo impidiera. Tan pronto como el sujeto abandonó el domicilio, fue detenido por los agentes, quienes incautaron la droga que en ese momento portaba.  

En este sentido, lo que la sentencia del Tribunal Supremo afirma es que el alcance de protección constitucional previsto en el artículo 18.2 de nuestra Constitución alcanza tanto la irrupción inconsentida de una persona en el escenario doméstico como la observación clandestina de lo que acontece en su interior, si para ello es preciso valerse de un artilugio técnico de grabación o aproximación de las imágenes. 

 En primera instancia, la Audiencia Provincial de Ourense había considerado que la actuación de los agentes no vulneraba el derecho a la intimidad de los acusados ya que estos no habían establecido ningún obstáculo que impidiese la visión del salón, sin embargo, el Alto Tribunal afirma que cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el que vive en la casa no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior”, añadiendo que “el domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas”.

Si bien es cierto que el artículo 588 quater a) de la Ley de enjuiciamiento Criminal establece autorización judicial para “la utilización de dispositivos electrónicos orientados a la grabación de imágenes o de las comunicaciones orales directas entre ciudadanos que estén siendo investigados, ya se encuentren aquellos en un recinto domiciliario, ya en un lugar público”, y en el supuesto concreto los agentes no emplearon dispositivos de grabación sino unos prismáticos, en la práctica, según afirma el tribunal, afecta igual a la intimidad de las personas la reproducción de imágenes en un proceso penal que la testifical de los agentes que pudieron observar los hechos de esa manera.   

Incluso, el Alto Tribunal da un paso más y hace mención a lo que denomina “la revolución tecnológica”, ya que ésta ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una reinterpretación del precepto constitucional, para así adaptarlo a las posibilidades que antes no existían, abarcando tanto la entrada física como la intromisión virtual.

Cada vez con más frecuencia, las nuevas tecnologías obligan a los tribunales a hacer una reinterpretación de los conceptos jurídicos y su extensión, sobre todo de aquellos que afectan a derechos fundamentales. Se trata de una labor imprescindible para evitar posibles vacíos legales y vulneraciones de derechos, que adquiere toda su relevancia en lo que afecta a los procedimientos penales.