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lunes, 30 de noviembre de 2015

¿Cómo y cuándo se pueden cancelar los antecedentes penales?


Cada vez es más frecuente que las empresas soliciten, a sus candidatos a un puesto de trabajo, un certificado de antecedentes penales, a fin de conocer si el futuro empleado ha sido condenado en alguna ocasión, además de los supuestos comúnmente conocidos en los que se requiere un certificado de penales (permiso de armas, colegiación profesional, cargos públicos, etc), por lo que me parecía interesante explicar este asunto.

Los “antecedentes penales” surgen como consecuencia de una sentencia condenatoria firme, y son inscritos en el Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se hace constar además de la identidad del penado, el delito por el que se condena y la pena impuesta, así como la fecha en que se ha declarado la firmeza de la Sentencia.

Estos antecedentes penales son tenidos en cuenta para hechos futuros, de cara a poder aplicar o no la agravante de “reincidencia”, siempre que se trata de hechos delictivos de la misma naturaleza, así como para proceder o no a la suspensión de las penas impuestas, ya que determinan si estamos ante un delincuente “habitual o no”.

El artículo 136 de nuestro Código Penal establece el derecho de todo condenado que haya extinguido su responsabilidad penal a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, a la par que fija una serie de plazos en los que el delincuente tiene que no haber vuelto a delinquir, y así será: a) de 6 meses para penas leves; b) de 2 años para penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes; c) de 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años; d) de 5 años para las restantes penas menos graves, iguales o superiores a 3 años ; e) de 10 años para las penas graves, (en las penas de prisión las superiores a los 5 años). Estos plazos se han visto ampliados recientemente, como consecuencia de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2.015, que afectó a este precepto.

Estos plazos comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que quedase extinguida la pena, y en caso de suspensión de la pena, se tendrá en cuenta como si no se hubiera aplicado este beneficio. Y además de que el condenado no haya vuelto a delinquir, es necesario en todos los casos que haya cumplido con la responsabilidad civil derivada del delito, salvo en los supuestos de insolvencia declarada por el Juzgado.

Es evidente que un certificado de antecedentes penales no puede ser un documento al acceso de todo el mundo, al contener datos de carácter personalísimo, por lo que únicamente puede obtenerse por el interesado.

En cuanto a su cancelación, la solicitud puede realizarse de oficio por la administración de justicia, o bien por el interesado, y habitualmente el procedimiento finaliza en el plazo de tres meses.

lunes, 9 de noviembre de 2015

"Estar en "paradero desconocido" no impide fijar una pension de alimentos a favor de los hijos según el Tribunal Supremo"




En algún otro artículo ya hacíamos mención a los criterios usados para el establecimiento de una pensión de alimentos en favor de un hijo. Así, por un lado, encontramos las necesidades del hijo (en función de su edad y sus circunstancias concretas), y por otro lado, la capacidad económica del progenitor obligado al pago. Pero, ¿qué ocurre cuando el alimentista está en paradero desconocido y no es posible conocer cuál es su nivel de ingresos?

Recientemente, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia, de fecha 22 de Julio de 2.015, en la que se abordaba este asunto. El demandado se encontraba en rebeldía procesal, es decir, que no había comparecido ni en fecha ni en forma en el procedimiento, no habiendo podido ser notificado personalmente, y por lo tanto, desconociendo su capacidad económica en ese momento.

En un primer momento, la Audiencia Provincial determinó que no podía establecerse una obligación de prestar alimentos, dadas las circunstancias, ya que resultaba imposible poder notificar personalmente su obligación al demandado, y por lo tanto, era tanto como abocarle a una responsabilidad penal por incumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido, el artículo 227 de nuestro Código Penal establece que “el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”, por lo que la Audiencia Provincial entendía que el establecimiento de una pensión sin que el progenitor lo supera, era tanto como imponerle indirectamente una responsabilidad penal.

En este escenario, el Tribunal Supremo establece que la falta de localización del padre no puede exonerarle de su obligación de prestar alimentos a sus hijos, y que por lo tanto considera que ha de “fijarse un mínimo vital de alimentos y ello aun cuando no se conozca el paradero del demandado”.

¿Qué ha de entenderse por “mínimo vital”?

El Tribunal Supremo también ha determinado que se considera mínimo vital en su Sentencia de 2 de marzo de 2.015: “un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir solo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación”.

Sin duda se trata de llegar a un equilibrio entre la protección de los intereses del “rebelde procesal” y los derechos del menor de edad, siempre partiendo de “la obligación que el padre tiene, constitucionalmente establecida, de prestar asistencia a sus hijos” (art 39 Constitución Española).

Finalmente, y después de dejar clara su postura, y aunque no se concrete el importe de la pensión que ha de establecerse, el Tribunal Supremo fija como pensión de alimentos el 10% de los ingresos que se acrediten como percibidos por el padre. En el momento en el que el demandado vuelva a estar localizable y pueda acreditar sus ingresos, tanto el progenitor custodio como aquel podrán interesar una modificación de medidas y ajustar la pensión a los nuevos datos económicos.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

"El Tribunal Supremo abre la puerta a la revocación de una donación por maltrato de obra o psicológico"


En agosto de 2.014 conocíamos la decisión del Tribunal Supremo de considerar por primera vez el maltrato psicológico como causa para la desheredación de un hijo, considerando que este tipo de maltrato es una acción que causa una lesión en la salud mental de la víctima, y que se encuentra dentro del maltrato de obra. De este modo, el Alto Tribunal daba un paso más y añadía esta causa a las legalmente establecidas en nuestro Código Civil.

Recientemente conocíamos una Sentencia, de fecha 20 de Julio de 2.015, por la que el Tribunal Supremo considera como causa de revocación de una donación a un hijo, la existencia de una conducta del donatario socialmente reprochable, que revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulta ofensiva para el donante.

En este sentido, el artículo 648 de nuestro Código Civil recoge expresamente como causas de ingratitud por las que el donante puede revocar la donación realizada: 1.- si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante, 2.- si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiera cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad, 3.- si le niega indebidamente los alimentos.

Pues bien, lo que hace el Tribunal Supremo es dar un paso más, e interpretar el precepto de forma flexible y no desde su mera literalidad, entendiendo que basta "la realización por el donatario de comportamientos, socialmente reprobables o condenables, por los que el donante resulte ofendido y revelen ingratitud". En el supuesto examinado por el Tribunal, quedaba acreditado que en los últimos años el comportamiento de la donataria/hija no es el que debe tener un hijo con relación a sus padres, no solo insultandolos o injuriándolos sino llegando a abofetearles.

La propia sentencia establece que "aunque las causas de revocación de la donación sean únicamente las que expresamente contempla la norma (artículo 648 del Código Civil), y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de aplicación analógica, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que los elementos conceptuales contemplados por la norma, deban ser, asimismo, objeto de interpretación rígida o sumamente restrictiva". Por ello, y a pesar de no existir un procedimiento penal iniciado, o una sentencia penal condenatoria, la sola conducta reprochable, con caracteres delictivos, que resulte ofensiva para el donante, y así lo es maltrato de obra o psicológico realizado por el donatario, debe quedar reflejado como un hecho integrado en la causa de ingratitud del artículo 648.1 del Código Civil. 

Desde luego, tanto la posibilidad de desheredación como la revocación de una donación son consecuencias lógicas a conductas reprochables de un hijo hacia un padre, en las que a pesar de no existir una sentencia condenatoria, y siempre que puedan ser acreditadas de un modo válido en derecho, revelan ingratitud hacia los progenitores, y por lo tanto, de forma acertada el Tribunal Supremo haciendo una interpretación mas flexible de los preceptos del Código Civil, abre la puerta a que los afectados de alguna forma castiguen a sus hijos por tales actuaciones.