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martes, 27 de octubre de 2015

¿Los "pantallazos" sirven como prueba en un juicio?. El Tribunal Supremo responde."


La mensajería instantánea y las redes sociales se han convertido en una de las formas más habituales de comunicarnos, por lo que no es infrecuente que nuestros clientes acudan al despacho provistos de "pantallazos" donde aparecen conversaciones mantenidas a través de este tipo de medios, con las que pretenden acreditar su versión de los hechos o la intención que tenían las partes, basándose precisamente en esa conversación mantenida entre dos o mas interlocutores. Somos en este caso los abogados quienes debemos valorar si presentar tal documentación como prueba o no, y cuál será la valoración por parte del tribunal de ese "pantallazo".
 
En mayo de este año, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la validez de las capturas de pantalla de conversaciones. En el caso examinado por el tribunal, tal documento se había obtenido a partir del teléfono móvil de una víctima de abuso sexual. En este sentido, el Alto Tribunal afirma que "la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordado con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma  parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autoriza tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí, que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores, y en fin, la integridad de su contenido".

En este sentido, el Tribunal Supremo exige cautela ante este medio de prueba, dándole validez siempre que queden acreditados esos tres requisitos (origen de la comunicación, identidad de los interlocutores, y su contenido). Sin embargo, en el supuesto concreto al que se refiere esa sentencia, a pesar de que no se practicó pericial alguna, el alto tribunal entendió que no existe duda de la autenticidad de la conversación ya que la propia víctima facilitó al Juez de instrucción la contraseña de la red social, por si se entendía necesario que fuera revisado por un perito, y además la persona con la que mantenía esa conversación aportada fue llamada como testigo, y por lo tanto, preguntada por acusación y defensa por el contexto de las distintas frases.

Por lo tanto, habrá que atender a cada supuesto concreto, y quizás no siempre sea necesaria la práctica de una pericial, pudiendo usar otros métodos o medios de prueba que muestren la autenticidad de los pantallazos aportados, ya sea a través de la contraseña de la cuenta de uno de los interlocutores/parte en el proceso,  a través de la compañía de mensajería, o a través de varios interlocutores que confirmen su veracidad.

En mi opinión, serán necesarias otras sentencias y pronunciamientos del Tribunal Supremo para ir matizando la validez de este tipo de pruebas, ya que se siguen planteando multitud de cuestiones alrededor de ellas que no quedan resueltas en esta sentencia. 




lunes, 19 de octubre de 2015

"La impunidad de los incendios forestales"


Os dejo mi colaboración en la revista Sede, que en esta ocasión está dedicada al "Fuego":

Año tras año, el fuego asola nuestro patrimonio natural, causando importantes daños a nuestro medio ambiente, y en muchas de esas ocasiones, causando importantes daños patrimoniales y personales.
 
En 2012 se produjeron cerca de 15.902 incendios, quemándose 214.489,50 hectáreas, de los que 38 fueron calificados como “grandes incendios forestales” ya que superaban las 500 ha y en el 60% de los casos afectaron a espacios naturales protegidos. En 2013, se produjeron 11.518 incendios que arrasaron 70.252,53 hectáreas, y de los que 17 fueron considerados como “grandes incendios forestales”. Y en 2014, se registraron más de 9.600 incendios, de los que gracias a las condiciones meteorológicas de ese año, solo 7 llegaron a alcanzar las 500 hectáreas, viéndose afectadas 46.158,98 hectáreas, por lo que es considerado el mejor año de la última década.
 
España es el país de Europa que más se ve afectado por los incendios. Aunque quizás lo más preocupante sea que, según organizaciones como WWF y Greenpeace, la mano del ser humano está detrás del 96% de los incendios, y entre 2001 y 2010, el 55% de los incendios fueron intencionados, llegando a identificar a sus responsables solo en el 1,5% de los casos.
 
¿Cuál es la respuesta de nuestro sistema ante este problema?
 
Nuestro Código Penal recoge de manera genérica el delito de incendio, y así castiga al que provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad de las personas, con la pena de prisión de 10 a 20 años (art. 351). A continuación, entra a regular los delitos de incendios forestales, y así los que incendien montes o masas forestales serán castigados con la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 12 a 18 meses, aunque cuando exista riesgo para la vida de las personas, se aplicará la pena privativa de libertad prevista en el delito de incendio genérico al que hacíamos referencia anteriormente y además la pena de multa. Cuando no hay propagación del incendio, a pesar de la voluntad del autor, el art. 354 prevé que la persona sea castigada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año, y multa de entre 6 y 12 meses.
 
La reciente y polémica entrada en vigor de la reforma del Código Penal el pasado 1 de julio introduce en esta materia una importante novedad, y es que cuando los incendios forestales sean de especial gravedad, la pena de prisión se impondrá entre los 3 y los 6 años y de multa de entre 18 a 24 meses, recogiendo a su vez a las circunstancias que han de concurrir para su aplicación: a) que afecte a una superficie de considerable importancia; b) que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos; c) que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a algún espacio natural protegido; d) que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados; e) que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo; f) o cuando se ocasione un grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.
 
Pero además, la reforma elimina la posibilidad de que este tipo de asuntos sean juzgados por Tribunales de Jurado, lo que era considerado por la mayoría de profesionales como totalmente inapropiado, ya que este tipo de asuntos tienen una compleja instrucción, y una amplia prueba testifical y pericial, lo que hacía para quienes son legos en derecho una ardua tarea que acababa en ocasiones en decisiones y valoraciones erróneas.
 
“¿Cuál es la motivación del autor de un incendio?” – Siempre que conocemos que un incendio es provocado, nos asalta esta pregunta. Según las estadísticas los motivos que llevan a una persona a provocar un incendio son muy variados, ya que hay autores que tienen algún tipo de trastorno que les hace disfrutar con el fuego o el despliegue que ello provoca, hay quien busca la venganza con un vecino, la regeneración de los pastos, la limpieza de las fincas, espantar animales, hasta quienes los causan por imprudencias graves como lanzar pirotecnia sin tener conocimientos para ello, tirar colillas mal apagadas, realizar hogueras fuera de los lugares destinados al efecto, etc. Aunque en la mayoría de los supuestos, todas estas motivaciones tienen un mismo motor, que no es otro que el “económico”.
 
A pesar de la regulación que hace nuestro sistema, la sensación que uno tiene cuando profundiza en las sentencias sobre estos hechos y compara las condenas con las estadísticas de los incendios, es la de que impera la “impunidad”. Se viene a reconocer que solamente 4 de cada 1.000 autores de incendios son finalmente condenados por estos delitos. Solamente, 571 personas fueron condenadas por provocar incendios forestales entre 1995 y 2006, y es que hay muchos supuestos donde las causas del incendio no están claras, o si lo están, no se puede determinar al culpable, por lo que los atestados acaban siendo archivados. Si bien es cierto que hacía falta un endurecimiento de las penas previstas para estos delitos, y que hay que seguir trabajando por mejorar la eficiencia de las investigaciones, por sí solo no es suficiente, ya que ni siquiera esta regulación cumple con la función “disuasoria” para la que se confeccionó.
 
En mi opinión, y así vienen reivindicando los distintos grupos ecologistas, la solución pasa por trabajar en la “prevención”, siendo considerada la herramienta más efectiva en la que se ha de impulsar desde las Administraciones Públicas. Esta actuación gira en torno a tres pilares fundamentales: el mantenimiento y conservación del monte limpio, limitando el exceso de vegetación seca, ya que contribuye a la propagación del fuego, haciéndose necesario el desarrollo de modelos selvícolas; una vigilancia que permita una actuación inmediata; y sobre todo la “sensibilización”, de modo que todo el mundo entienda cuáles son aquellas conductas negligentes o no que pueden causar un incendio, y cuáles son las consecuencias para todos. Probablemente esta prevención y sensibilización deba de realizarse en mayor medida en el ámbito rural, ya que tradicionalmente se ha usado el fuego como medio para la regeneración de pastos, por lo que se hace imprescindible impulsar un cambio en el hábito del uso del fuego en este medio.
 
No quiero finalizar sin referirme a la nueva normativa de Montes, y es que ante este escenario, no deja de sorprenderme como mientras se anuncia a bombo y platillo el endurecimiento de las penas de este tipo de delitos, asistimos perplejos a la aprobación de la nueva Ley de Montes, con la que se abre la puerta a la especulación de terrenos quemados por incendios. Mientras que con la anterior legislación del año 2006, estos terrenos no podían ser recalificados hasta transcurridos 30 años desde que tenía lugar el incendio, con la nueva regulación serán las propias Comunidades Autónomas las que decidan la recalificación de estos terrenos calcinados, de forma inmediata y sin plazo mínimo, siempre que “existan razones imperiosas de interés público de primer orden”.
 
Sin duda, una reforma inquietante e innecesaria, que siembra el temor de que comience el caos en nuestros montes, y que en mi opinión desprotege nuestro medio ambiente, en lugar de protegerlo, abriendo la puerta a que se pueda realizar cualquier tipo de proyecto urbanístico en nuestro suelo forestal, sin necesidad de que estuviese previsto con anterioridad a que se produzca el incendio.
 
Todos debemos colaborar en prevenir, alertar y sensibilizar contra los incendios, ya que los daños causados al medio ambiente son irreparables, siendo necesarias décadas hasta que las zonas devastadas vuelven a regenerarse. Y ahora además, no debemos perder de vista cómo afectará a nuestro medio ambiente la nueva Ley de Montes.

sábado, 10 de octubre de 2015

"Las principales novedades que desde hoy afectan a los autónomos"


Hoy, día 10 de Octubre, entran en vigor importantes medidas en el Estatuto del Autónomo, que aparecen recogidas en la Ley 31/2015, de 9 de Septiembre, por la que se modifica la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, y que sin duda afectarán a millones de  personas en nuestro país en los próximos años.

¿Cuales son las principales modificaciones que entran en vigor hoy?

LA TARIFA PLANA: Los nuevos autónomos contarán con la posibilidad de acogerse a una cuota fija y estable de 50 euros, durante al menos los seis primeros meses, pudiendo posteriormente beneficiarse de un sistema progresivo de bonificaciones. 

CAPITALIZACIÓN DEL PARO: Antes de esta reforma, únicamente podían solicitar el 100% de la prestación por desempleo a la que tuvieran derecho en un pago único, aquellos desempleados con menos de 30 años. A partir de hoy, se elimina el límite de edad y por lo tanto, cualquiera podrá solicitarlo con la intención de financiar la puesta en marcha de su negocio.

ALTA EN AUTÓNOMOS + PARO: Se trata de una importante novedad, y es que se ofrece la posibilidad de darse de alta como autónomo y seguir cobrando el paro al que se tenía derecho, con un límite de 9 meses.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD SE AMPLÍA: Aquellos autónomos que al darse de alta estuvieran cobrando paro, pero que deciden arriesgar e iniciar un proyecto, tendrán derecho a solicitar que ese paro se guarde y se reactive hasta 5 años después, para el caso de que ese negocio no funcione, subiendo de los dos años establecidos hasta ahora. 

Con todas estas medidas se pretende fomentar el trabajo autónomo, dando la posibilidad a este colectivo de conocer su gasto fijo con la Seguridad Social, de financiar el inicio de su negocio capitalizando el paro con independencia de su edad, o guardarle con la tranquilidad de que si su proyecto no funciona, podrá volver a disfrutar de su desempleo varios años después, o incluso compatibilizar ambas situaciones. 

Por supuesto, todas las medidas tienen matices que habrá que ir desglosando, pero sin duda, se ha dado un paso importante para fomentar el emprendimiento. 

lunes, 5 de octubre de 2015

"¿En qué consiste la pena de "localización permanente"? - Consecuencias de su incumplimiento"


La  pena de “localización permanente”, antes conocida como arresto domiciliario, forma parte de las penas privativas de libertad, y fundamentalmente consiste en la obligación que tiene el penado de permanecer en su domicilio, o en el lugar determinado que el Juez haya establecido en la resolución judicial, normalmente elegida por el interesado, durante el tiempo que dure la pena, y que tal y como establece el propio artículo 38 de nuestro Código Penal, no podrá exceder de los 6 meses.

¿Es posible cumplir la pena de localización permanente en sábados y domingos?
Si bien es cierto que no es lo habitual, el propio precepto prevé esta posibilidad cuando existe una reincidencia en la infracción, pudiendo cumplir la pena en el centro penitenciario más cerca del domicilio del penado, o si tras ser oído por el Juez, y previo pronunciamiento del Ministerio Fiscal, así lo estimase adecuado o aconsejable atendiendo a las circunstancias concretas del penado. Incluso el precepto prevé la posibilidad de no cumplir la localización permanente de forma continuada, lo que sin duda ofrece una mayor facilidad al condenado.

 ¿Qué mecanismos se utilizan para comprobar el cumplimiento efectivo de esta pena?
A pesar de que pueden ser usados medios mecánicos o electrónicos que permiten conocer con exactitud la situación en la que se encuentra el penado, lo cierto es que los recursos con los que se cuenta son escasos, y por ello son los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los que acuden diariamente y a diferente hora al domicilio del penado a fin de comprobar si permanece en el mismo.

¿Qué ocurre si el penado incumple la “localización permanente”?
Si llegado el momento de la comprobación policial, el penado no se encuentra en su domicilio, o no responde a la llamada, y no puede acreditar que efectivamente se encontraba en el lugar establecido, este estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en nuestro articulo 468 del Código Penal. Esta conducta lleva aparejada una pena de prisión de 6 meses a 1 año, si estuvieran privados de libertad, y multa de 12 a 24 meses en los demás casos.

Por lo tanto, no hay que tomarse a la ligera este tipo de penas, que parecen a priori menos duras, ya que el mínimo incumplimiento puede tener graves consecuencias, y lo que en principio podía ser una condena de 10 días de localización permanente se puede convertir en meses de prisión.



jueves, 1 de octubre de 2015

"¿Puedo deducirme los gastos de mi vivienda si desarrollo mi actividad profesional en ella? Ahora Si"


Esta era la duda de numerosos autónomos que no entendían que por el solo hecho de desarrollar su actividad en su propio domicilio, no podían deducirse los gastos correspondientes a los suministros del mismo. Hasta el momento, solo era posible deducirse en el IRPF, la parte proporcional de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda en función de los metros que eran destinados a la actividad profesional, es decir, IBI, comunidad de propietarios, etc, pero en ningún caso consumos.

En este sentido, el Tribunal Económico Administrativo Central, en una resolución para la unificación de doctrina en el que cambia el criterio respecto de la deducción de los consumos, establecía hace solo unos días que la propia normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas permite “la afectación parcial de elementos patrimoniales indivisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto, lo que puede acontecer en el supuesto de una vivienda que, parcialmente, se utiliza para el ejercicio de una actividad económica. La determinación de la parte del inmueble que se utiliza en el desarrollo de la actividad económica se puede realizar de una manera objetiva poniendo en relación los metros cuadrados destinados a la actividad económica con los metros totales de la vivienda”.

Por lo tanto, los autónomos podrán continuar deduciendo los gastos derivados de la titularidad de la vivienda hallando la proporción de vivienda utilizada para la actividad profesional, pero ¿que ocurre con los gastos de suministros?. Hasta el momento, la Agencia Tributaria rechazaba la utilización de esta regla para ello, al no ser posible poder discernir qué parte es utilizada para fines particulares y qué parte para el desarrollo de la actividad económica. En la resolución de fecha 10 de Septiembre de 2.015, el Tribunal Económico Administrativo Central da un giro y afirma que no sirviendo la regla proporcional, sólo se admitirá la deducción de aquellos gastos que tengan una vinculación directa con la obtención de los ingresos del obligado tributario, y abre la puerta a la utilización de una regla de la proporción “combinada”, de forma que si se tienen en cuenta los metros cuadrados utilizados y los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce esa actividad en el inmueble, podrían ser deducidos los gastos de suministros.

Sin duda se trata de una importante novedad, de obligado cumplimiento para la Administración Tributaria, pero que da lugar a plantearse otras muchas cuestiones, entre las que destaca ¿como va a probar el autónomo las horas y los días que trabaja en su casa?....