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martes, 17 de marzo de 2015

"Las Comunidades de Propietarios no pagarán tasas judiciales"





Con la entrada en vigor el pasado 1 de Marzo, del Real Decreto-Ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, las personas físicas quedan exentas del pago de las tasas judiciales para el acceso a la justicia, manteniéndose todavía para las personas jurídicas. Pero, ¿qué ocurre con las Comunidades de Propietarios?

La lógica indicaba que las Comunidades de Propietarios debían estar exentas del pago de la tasa, siempre que siguiesemos el mismo criterio que en su día utilizó la Dirección General de Tributos para afirmar que estaban obligadas al pago de la tasa, y que no fue otro que su equipación con las personas físicas.

Ahora, este criterio se ha confirmado en una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de fecha 5 de Marzo de 2.015, en la que se afirma que partiendo de que las Comunidades de Propietarios carecen de personalidad jurídica, y en la medida en la que los propietarios “personas físicas” actúan a través de la Junta Directiva de la Comunidad, y en particular, su Presidente, procede la exención en el pago de la tasa.

Sin duda, una buena noticia para las Comunidades de Propietarios que ven como la morosidad aumenta, y hasta ahora no podían hacer frente al pago de una tasa injusta, para hacer valer sus derechos en el Juzgado.

martes, 10 de marzo de 2015

"Si no recibo ningún ingreso, ¿puedo solicitar la suspensión de la pensión de alimentos de mis hijos? - Nueva doctrina del Tribunal Supremo"


La situación económica que atraviesan buena parte de nuestros clientes, hace que esta pregunta sea habitual, y ya en su día, al hablar de las pensiones de alimentos, fue una de las cuestiones que trate: "Pensión de alimentos: ¿Qué hago si no puedo pagar la pensión de mis hijos?"
Hoy, vuelvo a retomar esta cuestión, ya que recientemente el Tribunal Supremo ha establecido una nueva doctrina sobre las pensiones de alimentos establecidas a favor de los hijos, en aquellos supuestos en los que existen verdaderas dificultades económicas para su pago por parte del progenitor. Hasta este momento, las distintas  Audiencias Provinciales se encontraban divididas, por un lado encontrabamos sentencias partidarias del establecimiento de una pensión de alimentos, que podía oscilar entre 150 y 200 euros, a lo que denominaban “minimo vital” y ello con independencia de que el progenitor tuviera un trabajo remunerado, una prestación o subsidio, o que no percibiera ingreso alguno. Y por otro lado, encontramos aquellas Audiencias que, ante estas situaciones de precariedad del progenitor alimentante, decidian acordar la suspensión temporal del pago de la pensión de alimentos.
No hay que olvidar que el incumpliemnto del pago de la pensión de alimentos durante meses, cuando existe una resolución judicial que lo acuerda, aun cuando existe una imposibilidad de hacer frente al pago de la misma, es constitutivo de delito y lleva aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses (art 227 Código Penal), por lo que nos encontramos ante una cuestión de suma importancia.
Ante esta situación, nuestro Tribunal Supremo establece como norma general el establecimiento de una pensión de alimentos, y afirma que es una “obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un funamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico”.

Sin perjuicio de ello, el Alto Tribunal añade que “ante una situación de dificultad económica habrá que examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del Código Civil”, (que establece que la fijación de alimentos ha de hacerse teniendo en cuenta el caudal o medios de quien los da y las necesidades de quien los recibe), lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir que sólo con cáracter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aun a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante”.
De este modo, permitiendo la suspensión temporal de la obligación a prestar alimentos, resuelve el Tribunal Supremo el supuesto en el que el progenitor demostró que se encontraba en situación de desempleo, que no percibía ningún subsidio o ayuda, y además que su precaria situación le había llevado a vivir con sus progenitores, quienes se estaban haciendo cargo de la pensión de alimentos de su nieto, pero siempre insistiendo en que se trata de una medida excepcional justificada por el escenario de "pobreza absoluta", y que debería de ser inmediatamente revisada en el momento en el que el alimentante venga a mejor fortuna.
 
 

domingo, 8 de marzo de 2015

“La Justicia tardía no es Justicia”


Explicar a un cliente que su juicio se ha señalado para dentro de dos años o incluso tres, se ha vuelto una tarea tan habitual como desagradable. Los Juzgados de nuestro país sufren actualmente un auténtico colapso, y los ciudadanos son los principales perjudicados.



 
Los abogados, procuradores, jueces, fiscales, funcionarios, etc, denunciamos constantemente el retraso de la justicia en todos los órdenes jurisdiccionales, civil, mercantil, penal, pero sobre todo en el orden social. Sin duda, esta situación responde a una falta de dotación de medios económicos que se traduzca en medios humanos y materiales suficientes.
Después de que se hiciese público que en el último año, España había recaudado 565 mil millones de euros por las tasas judiciales, y que ni un solo euros ha ido a parar a la Administración de Justicia, tal y como se afirmó en su día por el Gobierno, el malestar y indignación crece, confirmando que lo que en su día decíamos que ocurriría, que las tasas no ayudarían a financiar la Justicia, que solo servirían para limitar derechos de los ciudadanos, y que en ningún caso servirían para que más personas sin recursos pudieran solicitar un abogado de oficio, finalmente se ha confirmado.
Pero la indignación se transforma en enfado cuando el Ministro de Justicia realiza manifestaciones tales como que "sólo el 10% de los juzgados sufren sobrecarga", y haciendo creer que todo se solucionará con determinadas reformas legislativas, entre ellas, la reducción de determinados plazos en los procedimientos.
En realidad, la situación actual de la Justicia es esta:

 
¿Qué medidas se van a adoptar para hacer que la Justicia sea realmente efectiva y ágil?...Con este panorama, el Ministro de Justicia anuncia que antes de que finalice el 2.015, los ciudadanos recibirán notificaciones por sms o mensajería instantánea, con la intención de que la comunicación sea "más natural, más abierta y más cercana"...y eso solo significa que aquí alguien no está entendiendo algo.
 
 


martes, 3 de marzo de 2015

"¿Puedo obligar a vender un piso si tengo más parte que el resto de herederos?"


Esta cuestión suele aparecer cuando existen varios propietarios de un mismo inmueble, que lo son normalmente como consecuencia de una herencia, y tienen diferentes opiniones sobre qué destino se ha de dar al mismo, si el alquiler, el uso y disfrute entre ellos o la venta. ¿Es suficiente tener la mayoría para obligar a vender? o ¿puedo vender mi parte sin contar con el resto?.

Si existe un acuerdo de las partes, y se decide alquilar o vender, cada copropietario recibirá su parte en proporción a su cuota de propiedad, ocurriendo igual en cuanto a los gastos, ya que nuestro Código Civil también establece en su artículo 393 que "el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas".

Nuestro Código Civil es claro respecto a la copropiedad, y en este sentido, establece en su artículo 400 que "ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común". Es importante partir de la idea de que cuando se trata de una cosa indivisible, cada propietario lo es de una cuota o parte indivisa de un todo, que en ningún caso puede identificarse físicamente o diferenciarse de otro.

Cuando uno de los copropietarios desea quedarse con el bien inmueble, y el resto están conformes, las partes llevan a cabo una "disolución de condominio" que no es otra cosa que adjudicar la propiedad a uno solo de los comuneros, y que éste a su vez compense a los demás en metálico.
 
Pero, ¿y si no hay acuerdo?. Entonces no basta con tener un porcentaje mayor, o que haya un acuerdo de la mayoría para vender el inmueble, sino que la única posibilidad para obligar a un copropietario a vender es "el Juzgado", e iniciar un procedimiento de división de cosa común, en el que se demanda a todos los copropietarios, solicitando que se lleve a subasta pública. En esta subasta podrán intervenir las partes y cualquier tercero interesado en el inmueble, y pujar para adjudicársele.

¿Y es posible la venta de mi porcentaje a un tercero?. Por supuesto que sí, el adquirente ocuparía la misma posición que el transmitente, con exactamente los mismos derechos y obligaciones que él tenía. Es realmente difícil que un tercero quiera comprar una parte indivisa de un inmueble, pero en los últimos años han surgido numerosas empresas que tienen esta finalidad, que no es otra que la de comprar partes indivisas a muy bajo precio, de forma que el copropietario se deshace de ese problema, y ellos inician inmediatamente un procedimiento  en el juzgado para llegar a una subasta judicial. Una vez que se les adjudica el inmueble, estas empresas le ponen a la venta a un precio de mercado.
 
En cualquier caso, siempre es mejor un mal acuerdo que llegar al Juzgado, lo que quiere decir que siempre es mejor ceder en nuestras intenciones para evitar mayores costes, o que al final la vivienda sea adjudicada a un tercero por un precio muy inferior al de mercado, ya que entonces todos salen perdiendo.