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martes, 27 de enero de 2015

"¿En qué consiste el maltrato animal? - Regulación actual y posibles reformas"


Afirmar que un animal no es un juguete puede parecer una obviedad, sin embargo las noticias de maltrato animal o trato vejatorio y abandono continúan estando a la orden del día. Sin ir más lejos, Cantabria es noticia en la última semana por el hallazgo de una cuadra pirata, en la que se han encontrado unas dos docenas de animales en pésimas condiciones, e incluso algunos muertos. La investigación para determinar quién es el responsable continúa y supongo que pronto se realizarán las correspondientes imputaciones, sin embargo la indignación ante la noticia ha hecho que escriba este post.

Cualquier tipo de maltrato hacia un animal es considerado delito en nuestro sistema, pero hay quien desconoce que basta un "mal cuidado" para que también lo sea. ¿Qué conductas pueden ser constitutivas de delito?

Nuestro Código Penal recoge en su artículo 337 el maltrato a animales domésticos, cuando se les causa la muerte o lesiones, llevando aparejada una pena de prisión de 3 meses a 1 año, e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. 

Sin embargo, en este precepto no solo tiene cabida el maltrato con "ensañamiento", sino que también se incluye otro maltrato mucho más sutil y más común, y que también es considerado delito, que consiste en no cubrir las necesidades básicas que la especie requiere,  y que abarca desde mantener al animal en condiciones higiénicas deficientes, en instalaciones inadecuadas, permanentemente atado, con una alimentación inexistente o inadecuada, hasta no darle la atención veterinaria apropiada cuando el animal la precise.  

No podemos olvidar que el precepto expresamente hace referencia al maltrato de "animales domésticos", por lo que única y exclusivamente se está protegiendo a los animales de compañía que lo son por sus propias características, y no por el simple hecho de encontrarse bajo el dominio de su dueño, quedando fuera determinadas especies que a pesar de no ser animales domésticos, el ser humano ha decidido utilizarlos como tal, aunque eso suponga sacarlos de su hábitat. 

Actualmente se está tramitando el proyecto de reforma del Código Penal, y parece que tiene previsto modificar este precepto, ampliando así la lista de animales protegidos a aquellos que estén bajo el control humano, donde entrarían entonces hurones, serpientes, iguanas, etc. Además, esta reforma recoge como tipo agravado la utilización de armas, instrumentos o métodos concretamente peligrosas para la vida del animal, la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal del animal, y que tal actuación se realice en presencia de un menor. 

Según nuestro Código Penal, el abandono de un animal es calificado como una simple falta (art 631.2 CP) y no como un delito, a pesar de tratarse de una conducta gravísima, por lo que solo lleva aparejada una pena de multa de 15 días a 2 meses. La insistencia de las asociaciones en defensa de los animales ha conseguido que este aspecto también sea objeto de reforma, elevándolo a delito, aunque la pena que se baraja es de multa de uno a seis meses, una consecuencia que en mi opinión continúa siendo insuficiente. 

Cuando uno analiza detenidamente nuestra regulación actual, comprueba que es todavía insuficiente, y es que se continúa echando de menos en el precepto la prohibición expresa de tenencia de animales a todos aquellos que son condenados por un delito de maltrato animal. Sin embargo, como ya ha ocurrido en otras materias, ante la falta de una legislación actualizada y acorde a las necesidades de la sociedad, han vuelto a ser los jueces los que han salido al paso y han comenzado en sus sentencias a cubrir este vacío legal, prohibiendo a los condenados volver a tener animales. Incluso, a finales del pasado año un Juzgado de Murcia acordó, como medida cautelar totalmente pionera en nuestro país, que los presuntos culpables de varios delitos de maltrato animal, y que contaban con antecedentes penales por hechos similares, no pudieran tener animales durante el tiempo que durase el proceso judicial, lo que es perfectamente razonable y absolutamente necesario si tenemos en cuenta que un procedimiento de este tipo puede durar más de 2 años. Todo parece indicar que este tipo de penas y medidas serán incluidas en la próxima reforma del Código Penal, aunque habrá que esperar si se establecerán en los mismos términos en los que actualmente están siendo aplicadas por los jueces. 
 

Las redes sociales se han convertido en un aliado en la persecución de este tipo de hechos, ya que muchos maltratadores alardean y se jactan de sus actos subiendo fotografías a internet, buscando así darse publicidad, llamar la atención o simplemente provocar, pruebas irrefutables que sirven para ayudar a las autoridades a identificar a las personas que en ellas aparecen. El Cuerpo Nacional de Policía Nacional recomienda no enviar mensajes de rechazo o divulgar más información, sino ponerlo en conocimiento de las autoridades.
 
Para acabar, quiero haceros partícipes de los pasos a dar para poder denunciar este tipo de actos en el caso de encontrar un vídeo o una foto de maltrato animal en Internet: a) no divulgar los vídeos ni hacer comentarios para que el autor no consiga su objetivo, b) intentar hacer fotografías de la web, links, perfiles de redes sociales (Facebook, Twitter, etc), c) enviar la información a las autoridades, o a asociaciones en defensa de los derechos de los animales para que valoren la gravedad y puedan iniciar acciones contra los responsables.


martes, 13 de enero de 2015

¿Cuándo tiene lugar el delito de omisión del deber de socorro?


¿Si presenciases un accidente de tráfico, pararías a auxiliar a los heridos? ¿Y si el causante del accidente fueras tú?. Ambas pueden parecer preguntas estúpidas, pero son escasos los segundos que tenemos para decidir en ese momento detener nuestro vehículo o no, y a veces el temor a sufrir un daño, el miedo, la responsabilidad en lo ocurrido, etc, hace que no siempre impere el principio de solidaridad o de responsabilidad. Hace unas semanas todos los telediarios abrían con unas impactantes imágenes de un accidente en Madrid, en el que resultaba herido un Guardia Civil de Tráfico, al que arrolló un vehículo que circulaba a gran velocidad, lanzándole por encima de la mediana hacia el carril contrario, cuando se encontraba señalizando un accidente. Esta persona permaneció varios minutos tendido en plena autopista, sin que ningún coche se detuviera y le auxiliara.

Desde un punto de vista legal, la falta de auxilio, en determinadas situaciones, puede traernos graves consecuencias, ya que nuestra conducta puede ser constitutiva de un delito de omisión del deber de socorro. De esta forma, nuestro sistema sanciona la pasividad frente a situaciones de peligro para terceros, castigando al que “no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave” siempre que “pudiera hacerlo sin un riesgo para sí mismo o para terceros”, pero también al que no pudiendo socorrer a la persona “no solicite ayuda con urgencia”. Es precisamente esa falta de solidaridad social, humana e interpersonal que denotan este tipo de actuaciones, en las que hay una persona desamparada y un peligro inminente y grave para ella, las que se castigan con la pena de multa de entre tres y doce meses.

Es evidente que para que pueda existir la obligación de socorrer a otro, ha de concurrir la capacidad de prestar auxilio, no solo porque la persona cuente con una capacidad física para realizar la acción de auxilio, sino también porque tenga las habilidades y conocimientos necesarios para ello, y con ello no me refiero a conocimientos técnicos. Además, el peligro al que alude el precepto, ha de ser entendido como la probabilidad de producción de un mal, siempre teniendo en cuenta las circunstancias en que se produce, y los conocimientos que en ese momento tiene el sujeto acerca de la realidad.

Cuando nos referimos al delito de omisión del deber de socorro no solo nos referimos a accidentes de circulación, sino a cualquier situación en la que tenga lugar esa situación de desamparo o de peligro grave e inminente para otra persona, con independencia de su procedencia, salvo en aquellos supuestos en los que surge por la actuación de otro que está llevando a cabo un delito, (robo, violación), ya que en estos supuestos, se le castigaría por la omisión del deber de impedir determinados delitos (artículo 450 C.P).  

Nuestro Código Penal castiga de forma más dura a aquellas personas que niegan el auxilio, cuando son precisamente quienes han causado el accidente, ya que al ser ellas quienes generan la situación de peligro, son a su vez quienes tienen una posición de garante. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre estas situaciones, y afirma que quien ocasiona un accidente tiene el deber personalísimo de atender a la víctima que quede lesionada como consecuencia del mismo, deber que no puede excusarse por la existencia de otras personas, al ser el suyo un deber más intenso, por haber originado el peligro o daño. Este deber decae solamente cuando la víctima está recibiendo asistencia médica de forma efectiva. La pena de prisión prevista para este tipo agravado es de 6 meses a 18 meses, siendo de 6 meses a 4 años si el accidente es causado por imprudencia. Y finalmente, se impone un mayor reproche y por tanto, una mayor pena, a los profesionales que niegan a la asistencia sanitaria o abandona el servicio, cuando se ocasione un grave riesgo para la salud de las personas.  

A pesar de esto, cuando el accidente tiene lugar en una zona especialmente concurrida, por ejemplo una fiesta popular, una concentración de motos, una manifestación, etc, se exime al causante del mismo de ese deber personalísimo de auxilio, siempre que tenga la certeza de que no va a faltar el rápido aviso a los servicios sanitarios, y además pueda intuir de forma razonable que los reproches de los presentes no le permitirían prestar citado auxilio, pudiendo incluso peligrar su integridad, y así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, en Septiembre de 2.012, en el que absolvió del delito de omisión del deber de socorro al causante de un accidente en una concentración de motos en Jerez de la Frontera. 

¿Se puede imputar el resultado lesivo a la persona que omitió su deber de socorro?. Sí, equiparando la conducta del que no auxilia a la causación activa. Pensemos en una accidente en el que el conductor abandona el vehículo, y deja a su acompañante gravemente herido, al que no auxilia y para el que tampoco solicita ayuda, y finalmente éste muere. El conductor sería acusado no solamente de un delito de omisión del deber de socorro, sino también de un delito de homicidio imprudente.

Como decía al comienzo, son segundos los que tenemos para decidir si implicarnos o huir, pero son segundos que acaban marcando el resto de una vida.