Pagina Principal

lunes, 30 de noviembre de 2015

¿Cómo y cuándo se pueden cancelar los antecedentes penales?


Cada vez es más frecuente que las empresas soliciten, a sus candidatos a un puesto de trabajo, un certificado de antecedentes penales, a fin de conocer si el futuro empleado ha sido condenado en alguna ocasión, además de los supuestos comúnmente conocidos en los que se requiere un certificado de penales (permiso de armas, colegiación profesional, cargos públicos, etc), por lo que me parecía interesante explicar este asunto.

Los “antecedentes penales” surgen como consecuencia de una sentencia condenatoria firme, y son inscritos en el Registro Central de Penados y Rebeldes, donde se hace constar además de la identidad del penado, el delito por el que se condena y la pena impuesta, así como la fecha en que se ha declarado la firmeza de la Sentencia.

Estos antecedentes penales son tenidos en cuenta para hechos futuros, de cara a poder aplicar o no la agravante de “reincidencia”, siempre que se trata de hechos delictivos de la misma naturaleza, así como para proceder o no a la suspensión de las penas impuestas, ya que determinan si estamos ante un delincuente “habitual o no”.

El artículo 136 de nuestro Código Penal establece el derecho de todo condenado que haya extinguido su responsabilidad penal a obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, a la par que fija una serie de plazos en los que el delincuente tiene que no haber vuelto a delinquir, y así será: a) de 6 meses para penas leves; b) de 2 años para penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes; c) de 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años; d) de 5 años para las restantes penas menos graves, iguales o superiores a 3 años ; e) de 10 años para las penas graves, (en las penas de prisión las superiores a los 5 años). Estos plazos se han visto ampliados recientemente, como consecuencia de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2.015, que afectó a este precepto.

Estos plazos comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que quedase extinguida la pena, y en caso de suspensión de la pena, se tendrá en cuenta como si no se hubiera aplicado este beneficio. Y además de que el condenado no haya vuelto a delinquir, es necesario en todos los casos que haya cumplido con la responsabilidad civil derivada del delito, salvo en los supuestos de insolvencia declarada por el Juzgado.

Es evidente que un certificado de antecedentes penales no puede ser un documento al acceso de todo el mundo, al contener datos de carácter personalísimo, por lo que únicamente puede obtenerse por el interesado.

En cuanto a su cancelación, la solicitud puede realizarse de oficio por la administración de justicia, o bien por el interesado, y habitualmente el procedimiento finaliza en el plazo de tres meses.

lunes, 9 de noviembre de 2015

"Estar en "paradero desconocido" no impide fijar una pension de alimentos a favor de los hijos según el Tribunal Supremo"




En algún otro artículo ya hacíamos mención a los criterios usados para el establecimiento de una pensión de alimentos en favor de un hijo. Así, por un lado, encontramos las necesidades del hijo (en función de su edad y sus circunstancias concretas), y por otro lado, la capacidad económica del progenitor obligado al pago. Pero, ¿qué ocurre cuando el alimentista está en paradero desconocido y no es posible conocer cuál es su nivel de ingresos?

Recientemente, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia, de fecha 22 de Julio de 2.015, en la que se abordaba este asunto. El demandado se encontraba en rebeldía procesal, es decir, que no había comparecido ni en fecha ni en forma en el procedimiento, no habiendo podido ser notificado personalmente, y por lo tanto, desconociendo su capacidad económica en ese momento.

En un primer momento, la Audiencia Provincial determinó que no podía establecerse una obligación de prestar alimentos, dadas las circunstancias, ya que resultaba imposible poder notificar personalmente su obligación al demandado, y por lo tanto, era tanto como abocarle a una responsabilidad penal por incumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido, el artículo 227 de nuestro Código Penal establece que “el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”, por lo que la Audiencia Provincial entendía que el establecimiento de una pensión sin que el progenitor lo supera, era tanto como imponerle indirectamente una responsabilidad penal.

En este escenario, el Tribunal Supremo establece que la falta de localización del padre no puede exonerarle de su obligación de prestar alimentos a sus hijos, y que por lo tanto considera que ha de “fijarse un mínimo vital de alimentos y ello aun cuando no se conozca el paradero del demandado”.

¿Qué ha de entenderse por “mínimo vital”?

El Tribunal Supremo también ha determinado que se considera mínimo vital en su Sentencia de 2 de marzo de 2.015: “un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir solo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación”.

Sin duda se trata de llegar a un equilibrio entre la protección de los intereses del “rebelde procesal” y los derechos del menor de edad, siempre partiendo de “la obligación que el padre tiene, constitucionalmente establecida, de prestar asistencia a sus hijos” (art 39 Constitución Española).

Finalmente, y después de dejar clara su postura, y aunque no se concrete el importe de la pensión que ha de establecerse, el Tribunal Supremo fija como pensión de alimentos el 10% de los ingresos que se acrediten como percibidos por el padre. En el momento en el que el demandado vuelva a estar localizable y pueda acreditar sus ingresos, tanto el progenitor custodio como aquel podrán interesar una modificación de medidas y ajustar la pensión a los nuevos datos económicos.

miércoles, 4 de noviembre de 2015

"El Tribunal Supremo abre la puerta a la revocación de una donación por maltrato de obra o psicológico"


En agosto de 2.014 conocíamos la decisión del Tribunal Supremo de considerar por primera vez el maltrato psicológico como causa para la desheredación de un hijo, considerando que este tipo de maltrato es una acción que causa una lesión en la salud mental de la víctima, y que se encuentra dentro del maltrato de obra. De este modo, el Alto Tribunal daba un paso más y añadía esta causa a las legalmente establecidas en nuestro Código Civil.

Recientemente conocíamos una Sentencia, de fecha 20 de Julio de 2.015, por la que el Tribunal Supremo considera como causa de revocación de una donación a un hijo, la existencia de una conducta del donatario socialmente reprochable, que revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulta ofensiva para el donante.

En este sentido, el artículo 648 de nuestro Código Civil recoge expresamente como causas de ingratitud por las que el donante puede revocar la donación realizada: 1.- si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante, 2.- si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiera cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad, 3.- si le niega indebidamente los alimentos.

Pues bien, lo que hace el Tribunal Supremo es dar un paso más, e interpretar el precepto de forma flexible y no desde su mera literalidad, entendiendo que basta "la realización por el donatario de comportamientos, socialmente reprobables o condenables, por los que el donante resulte ofendido y revelen ingratitud". En el supuesto examinado por el Tribunal, quedaba acreditado que en los últimos años el comportamiento de la donataria/hija no es el que debe tener un hijo con relación a sus padres, no solo insultandolos o injuriándolos sino llegando a abofetearles.

La propia sentencia establece que "aunque las causas de revocación de la donación sean únicamente las que expresamente contempla la norma (artículo 648 del Código Civil), y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de aplicación analógica, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que los elementos conceptuales contemplados por la norma, deban ser, asimismo, objeto de interpretación rígida o sumamente restrictiva". Por ello, y a pesar de no existir un procedimiento penal iniciado, o una sentencia penal condenatoria, la sola conducta reprochable, con caracteres delictivos, que resulte ofensiva para el donante, y así lo es maltrato de obra o psicológico realizado por el donatario, debe quedar reflejado como un hecho integrado en la causa de ingratitud del artículo 648.1 del Código Civil. 

Desde luego, tanto la posibilidad de desheredación como la revocación de una donación son consecuencias lógicas a conductas reprochables de un hijo hacia un padre, en las que a pesar de no existir una sentencia condenatoria, y siempre que puedan ser acreditadas de un modo válido en derecho, revelan ingratitud hacia los progenitores, y por lo tanto, de forma acertada el Tribunal Supremo haciendo una interpretación mas flexible de los preceptos del Código Civil, abre la puerta a que los afectados de alguna forma castiguen a sus hijos por tales actuaciones. 





martes, 27 de octubre de 2015

¿Los "pantallazos" sirven como prueba en un juicio?. El Tribunal Supremo responde."


La mensajería instantánea y las redes sociales se han convertido en una de las formas más habituales de comunicarnos, por lo que no es infrecuente que nuestros clientes acudan al despacho provistos de "pantallazos" donde aparecen conversaciones mantenidas a través de este tipo de medios, con las que pretenden acreditar su versión de los hechos o la intención que tenían las partes, basándose precisamente en esa conversación mantenida entre dos o mas interlocutores. Somos en este caso los abogados quienes debemos valorar si presentar tal documentación como prueba o no, y cuál será la valoración por parte del tribunal de ese "pantallazo".
 
En mayo de este año, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la validez de las capturas de pantalla de conversaciones. En el caso examinado por el tribunal, tal documento se había obtenido a partir del teléfono móvil de una víctima de abuso sexual. En este sentido, el Alto Tribunal afirma que "la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordado con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas, forma  parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autoriza tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí, que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores, y en fin, la integridad de su contenido".

En este sentido, el Tribunal Supremo exige cautela ante este medio de prueba, dándole validez siempre que queden acreditados esos tres requisitos (origen de la comunicación, identidad de los interlocutores, y su contenido). Sin embargo, en el supuesto concreto al que se refiere esa sentencia, a pesar de que no se practicó pericial alguna, el alto tribunal entendió que no existe duda de la autenticidad de la conversación ya que la propia víctima facilitó al Juez de instrucción la contraseña de la red social, por si se entendía necesario que fuera revisado por un perito, y además la persona con la que mantenía esa conversación aportada fue llamada como testigo, y por lo tanto, preguntada por acusación y defensa por el contexto de las distintas frases.

Por lo tanto, habrá que atender a cada supuesto concreto, y quizás no siempre sea necesaria la práctica de una pericial, pudiendo usar otros métodos o medios de prueba que muestren la autenticidad de los pantallazos aportados, ya sea a través de la contraseña de la cuenta de uno de los interlocutores/parte en el proceso,  a través de la compañía de mensajería, o a través de varios interlocutores que confirmen su veracidad.

En mi opinión, serán necesarias otras sentencias y pronunciamientos del Tribunal Supremo para ir matizando la validez de este tipo de pruebas, ya que se siguen planteando multitud de cuestiones alrededor de ellas que no quedan resueltas en esta sentencia. 




lunes, 19 de octubre de 2015

"La impunidad de los incendios forestales"


Os dejo mi colaboración en la revista Sede, que en esta ocasión está dedicada al "Fuego":

Año tras año, el fuego asola nuestro patrimonio natural, causando importantes daños a nuestro medio ambiente, y en muchas de esas ocasiones, causando importantes daños patrimoniales y personales.
 
En 2012 se produjeron cerca de 15.902 incendios, quemándose 214.489,50 hectáreas, de los que 38 fueron calificados como “grandes incendios forestales” ya que superaban las 500 ha y en el 60% de los casos afectaron a espacios naturales protegidos. En 2013, se produjeron 11.518 incendios que arrasaron 70.252,53 hectáreas, y de los que 17 fueron considerados como “grandes incendios forestales”. Y en 2014, se registraron más de 9.600 incendios, de los que gracias a las condiciones meteorológicas de ese año, solo 7 llegaron a alcanzar las 500 hectáreas, viéndose afectadas 46.158,98 hectáreas, por lo que es considerado el mejor año de la última década.
 
España es el país de Europa que más se ve afectado por los incendios. Aunque quizás lo más preocupante sea que, según organizaciones como WWF y Greenpeace, la mano del ser humano está detrás del 96% de los incendios, y entre 2001 y 2010, el 55% de los incendios fueron intencionados, llegando a identificar a sus responsables solo en el 1,5% de los casos.
 
¿Cuál es la respuesta de nuestro sistema ante este problema?
 
Nuestro Código Penal recoge de manera genérica el delito de incendio, y así castiga al que provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o la integridad de las personas, con la pena de prisión de 10 a 20 años (art. 351). A continuación, entra a regular los delitos de incendios forestales, y así los que incendien montes o masas forestales serán castigados con la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 12 a 18 meses, aunque cuando exista riesgo para la vida de las personas, se aplicará la pena privativa de libertad prevista en el delito de incendio genérico al que hacíamos referencia anteriormente y además la pena de multa. Cuando no hay propagación del incendio, a pesar de la voluntad del autor, el art. 354 prevé que la persona sea castigada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año, y multa de entre 6 y 12 meses.
 
La reciente y polémica entrada en vigor de la reforma del Código Penal el pasado 1 de julio introduce en esta materia una importante novedad, y es que cuando los incendios forestales sean de especial gravedad, la pena de prisión se impondrá entre los 3 y los 6 años y de multa de entre 18 a 24 meses, recogiendo a su vez a las circunstancias que han de concurrir para su aplicación: a) que afecte a una superficie de considerable importancia; b) que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos; c) que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a algún espacio natural protegido; d) que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados; e) que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo; f) o cuando se ocasione un grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.
 
Pero además, la reforma elimina la posibilidad de que este tipo de asuntos sean juzgados por Tribunales de Jurado, lo que era considerado por la mayoría de profesionales como totalmente inapropiado, ya que este tipo de asuntos tienen una compleja instrucción, y una amplia prueba testifical y pericial, lo que hacía para quienes son legos en derecho una ardua tarea que acababa en ocasiones en decisiones y valoraciones erróneas.
 
“¿Cuál es la motivación del autor de un incendio?” – Siempre que conocemos que un incendio es provocado, nos asalta esta pregunta. Según las estadísticas los motivos que llevan a una persona a provocar un incendio son muy variados, ya que hay autores que tienen algún tipo de trastorno que les hace disfrutar con el fuego o el despliegue que ello provoca, hay quien busca la venganza con un vecino, la regeneración de los pastos, la limpieza de las fincas, espantar animales, hasta quienes los causan por imprudencias graves como lanzar pirotecnia sin tener conocimientos para ello, tirar colillas mal apagadas, realizar hogueras fuera de los lugares destinados al efecto, etc. Aunque en la mayoría de los supuestos, todas estas motivaciones tienen un mismo motor, que no es otro que el “económico”.
 
A pesar de la regulación que hace nuestro sistema, la sensación que uno tiene cuando profundiza en las sentencias sobre estos hechos y compara las condenas con las estadísticas de los incendios, es la de que impera la “impunidad”. Se viene a reconocer que solamente 4 de cada 1.000 autores de incendios son finalmente condenados por estos delitos. Solamente, 571 personas fueron condenadas por provocar incendios forestales entre 1995 y 2006, y es que hay muchos supuestos donde las causas del incendio no están claras, o si lo están, no se puede determinar al culpable, por lo que los atestados acaban siendo archivados. Si bien es cierto que hacía falta un endurecimiento de las penas previstas para estos delitos, y que hay que seguir trabajando por mejorar la eficiencia de las investigaciones, por sí solo no es suficiente, ya que ni siquiera esta regulación cumple con la función “disuasoria” para la que se confeccionó.
 
En mi opinión, y así vienen reivindicando los distintos grupos ecologistas, la solución pasa por trabajar en la “prevención”, siendo considerada la herramienta más efectiva en la que se ha de impulsar desde las Administraciones Públicas. Esta actuación gira en torno a tres pilares fundamentales: el mantenimiento y conservación del monte limpio, limitando el exceso de vegetación seca, ya que contribuye a la propagación del fuego, haciéndose necesario el desarrollo de modelos selvícolas; una vigilancia que permita una actuación inmediata; y sobre todo la “sensibilización”, de modo que todo el mundo entienda cuáles son aquellas conductas negligentes o no que pueden causar un incendio, y cuáles son las consecuencias para todos. Probablemente esta prevención y sensibilización deba de realizarse en mayor medida en el ámbito rural, ya que tradicionalmente se ha usado el fuego como medio para la regeneración de pastos, por lo que se hace imprescindible impulsar un cambio en el hábito del uso del fuego en este medio.
 
No quiero finalizar sin referirme a la nueva normativa de Montes, y es que ante este escenario, no deja de sorprenderme como mientras se anuncia a bombo y platillo el endurecimiento de las penas de este tipo de delitos, asistimos perplejos a la aprobación de la nueva Ley de Montes, con la que se abre la puerta a la especulación de terrenos quemados por incendios. Mientras que con la anterior legislación del año 2006, estos terrenos no podían ser recalificados hasta transcurridos 30 años desde que tenía lugar el incendio, con la nueva regulación serán las propias Comunidades Autónomas las que decidan la recalificación de estos terrenos calcinados, de forma inmediata y sin plazo mínimo, siempre que “existan razones imperiosas de interés público de primer orden”.
 
Sin duda, una reforma inquietante e innecesaria, que siembra el temor de que comience el caos en nuestros montes, y que en mi opinión desprotege nuestro medio ambiente, en lugar de protegerlo, abriendo la puerta a que se pueda realizar cualquier tipo de proyecto urbanístico en nuestro suelo forestal, sin necesidad de que estuviese previsto con anterioridad a que se produzca el incendio.
 
Todos debemos colaborar en prevenir, alertar y sensibilizar contra los incendios, ya que los daños causados al medio ambiente son irreparables, siendo necesarias décadas hasta que las zonas devastadas vuelven a regenerarse. Y ahora además, no debemos perder de vista cómo afectará a nuestro medio ambiente la nueva Ley de Montes.

sábado, 10 de octubre de 2015

"Las principales novedades que desde hoy afectan a los autónomos"


Hoy, día 10 de Octubre, entran en vigor importantes medidas en el Estatuto del Autónomo, que aparecen recogidas en la Ley 31/2015, de 9 de Septiembre, por la que se modifica la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, y que sin duda afectarán a millones de  personas en nuestro país en los próximos años.

¿Cuales son las principales modificaciones que entran en vigor hoy?

LA TARIFA PLANA: Los nuevos autónomos contarán con la posibilidad de acogerse a una cuota fija y estable de 50 euros, durante al menos los seis primeros meses, pudiendo posteriormente beneficiarse de un sistema progresivo de bonificaciones. 

CAPITALIZACIÓN DEL PARO: Antes de esta reforma, únicamente podían solicitar el 100% de la prestación por desempleo a la que tuvieran derecho en un pago único, aquellos desempleados con menos de 30 años. A partir de hoy, se elimina el límite de edad y por lo tanto, cualquiera podrá solicitarlo con la intención de financiar la puesta en marcha de su negocio.

ALTA EN AUTÓNOMOS + PARO: Se trata de una importante novedad, y es que se ofrece la posibilidad de darse de alta como autónomo y seguir cobrando el paro al que se tenía derecho, con un límite de 9 meses.

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD SE AMPLÍA: Aquellos autónomos que al darse de alta estuvieran cobrando paro, pero que deciden arriesgar e iniciar un proyecto, tendrán derecho a solicitar que ese paro se guarde y se reactive hasta 5 años después, para el caso de que ese negocio no funcione, subiendo de los dos años establecidos hasta ahora. 

Con todas estas medidas se pretende fomentar el trabajo autónomo, dando la posibilidad a este colectivo de conocer su gasto fijo con la Seguridad Social, de financiar el inicio de su negocio capitalizando el paro con independencia de su edad, o guardarle con la tranquilidad de que si su proyecto no funciona, podrá volver a disfrutar de su desempleo varios años después, o incluso compatibilizar ambas situaciones. 

Por supuesto, todas las medidas tienen matices que habrá que ir desglosando, pero sin duda, se ha dado un paso importante para fomentar el emprendimiento. 

lunes, 5 de octubre de 2015

"¿En qué consiste la pena de "localización permanente"? - Consecuencias de su incumplimiento"


La  pena de “localización permanente”, antes conocida como arresto domiciliario, forma parte de las penas privativas de libertad, y fundamentalmente consiste en la obligación que tiene el penado de permanecer en su domicilio, o en el lugar determinado que el Juez haya establecido en la resolución judicial, normalmente elegida por el interesado, durante el tiempo que dure la pena, y que tal y como establece el propio artículo 38 de nuestro Código Penal, no podrá exceder de los 6 meses.

¿Es posible cumplir la pena de localización permanente en sábados y domingos?
Si bien es cierto que no es lo habitual, el propio precepto prevé esta posibilidad cuando existe una reincidencia en la infracción, pudiendo cumplir la pena en el centro penitenciario más cerca del domicilio del penado, o si tras ser oído por el Juez, y previo pronunciamiento del Ministerio Fiscal, así lo estimase adecuado o aconsejable atendiendo a las circunstancias concretas del penado. Incluso el precepto prevé la posibilidad de no cumplir la localización permanente de forma continuada, lo que sin duda ofrece una mayor facilidad al condenado.

 ¿Qué mecanismos se utilizan para comprobar el cumplimiento efectivo de esta pena?
A pesar de que pueden ser usados medios mecánicos o electrónicos que permiten conocer con exactitud la situación en la que se encuentra el penado, lo cierto es que los recursos con los que se cuenta son escasos, y por ello son los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los que acuden diariamente y a diferente hora al domicilio del penado a fin de comprobar si permanece en el mismo.

¿Qué ocurre si el penado incumple la “localización permanente”?
Si llegado el momento de la comprobación policial, el penado no se encuentra en su domicilio, o no responde a la llamada, y no puede acreditar que efectivamente se encontraba en el lugar establecido, este estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en nuestro articulo 468 del Código Penal. Esta conducta lleva aparejada una pena de prisión de 6 meses a 1 año, si estuvieran privados de libertad, y multa de 12 a 24 meses en los demás casos.

Por lo tanto, no hay que tomarse a la ligera este tipo de penas, que parecen a priori menos duras, ya que el mínimo incumplimiento puede tener graves consecuencias, y lo que en principio podía ser una condena de 10 días de localización permanente se puede convertir en meses de prisión.



jueves, 1 de octubre de 2015

"¿Puedo deducirme los gastos de mi vivienda si desarrollo mi actividad profesional en ella? Ahora Si"


Esta era la duda de numerosos autónomos que no entendían que por el solo hecho de desarrollar su actividad en su propio domicilio, no podían deducirse los gastos correspondientes a los suministros del mismo. Hasta el momento, solo era posible deducirse en el IRPF, la parte proporcional de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda en función de los metros que eran destinados a la actividad profesional, es decir, IBI, comunidad de propietarios, etc, pero en ningún caso consumos.

En este sentido, el Tribunal Económico Administrativo Central, en una resolución para la unificación de doctrina en el que cambia el criterio respecto de la deducción de los consumos, establecía hace solo unos días que la propia normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas permite “la afectación parcial de elementos patrimoniales indivisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto, lo que puede acontecer en el supuesto de una vivienda que, parcialmente, se utiliza para el ejercicio de una actividad económica. La determinación de la parte del inmueble que se utiliza en el desarrollo de la actividad económica se puede realizar de una manera objetiva poniendo en relación los metros cuadrados destinados a la actividad económica con los metros totales de la vivienda”.

Por lo tanto, los autónomos podrán continuar deduciendo los gastos derivados de la titularidad de la vivienda hallando la proporción de vivienda utilizada para la actividad profesional, pero ¿que ocurre con los gastos de suministros?. Hasta el momento, la Agencia Tributaria rechazaba la utilización de esta regla para ello, al no ser posible poder discernir qué parte es utilizada para fines particulares y qué parte para el desarrollo de la actividad económica. En la resolución de fecha 10 de Septiembre de 2.015, el Tribunal Económico Administrativo Central da un giro y afirma que no sirviendo la regla proporcional, sólo se admitirá la deducción de aquellos gastos que tengan una vinculación directa con la obtención de los ingresos del obligado tributario, y abre la puerta a la utilización de una regla de la proporción “combinada”, de forma que si se tienen en cuenta los metros cuadrados utilizados y los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce esa actividad en el inmueble, podrían ser deducidos los gastos de suministros.

Sin duda se trata de una importante novedad, de obligado cumplimiento para la Administración Tributaria, pero que da lugar a plantearse otras muchas cuestiones, entre las que destaca ¿como va a probar el autónomo las horas y los días que trabaja en su casa?....






martes, 29 de septiembre de 2015

"El Tribunal Supremo permite que las parejas de hecho cobren la pensión de viudedad aunque no lleven dos años inscritas"


Finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Social que exigía a las parejas de hecho que llevasen al menos dos años inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, para ser beneficiarias de la pensión de viudedad. Se trata de un pronunciamiento que afecta a cientos de personas que han visto como al fallecer su pareja de hecho, con la que llevaban años, pero con la que no habían formalizado su unión hasta hacía un año o unos meses, no tenían derecho a prestación de viudedad, ya que no cumplían con el requisito del tiempo.

El fundamento que utiliza el Alto Tribunal para declarar inconstitucional el apartado 5º del artículo 174.3 de la Ley de Seguridad Social, es que el mismo vulnera el artículo 14 de la Constitución Española, que no es otro que el derecho a la igualdad de todos. Y es que para el Tribunal Supremo, con la aplicación de este artículo se estaba dando un trato desigual a los solicitantes, entendiendo que el requisito de la inscripción mínima de los dos años no es necesario para entender constituida la pareja de hecho en sí misma.

Nuestro Tribunal Constitucional, que en alguna ocasión ya ha tenido que pronunciarse sobre este tema, ha reconocido que "el régimen público de la Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos, y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en esta materia".

Además, la Sentencia se aplicará con carácter retroactivo, por lo que todas aquellas personas a las que se le negó la pensión de viudedad y que ahora cumplen los requisitos que el Tribunal Supremo recoge en la resolución podrán volver a iniciar el procedimiento y solicitar de nuevo que les sea reconocido su derecho a ser beneficiarios de la pensión de viudedad. 

miércoles, 23 de septiembre de 2015

"La Trata de Seres Humanos. La esclavitud de nuestro tiempo"


Hoy es el Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos para la Explotación Sexual, por lo que os comparto mi colaboración en la Revista Sede el pasado mayo, dedicada a la "Tierra", y en el que trataba la "esclavitud de nuestro tiempo"- La trata de Seres Humanos:

Hay muchas formas de hablar de nuestra tierra, muchas críticas que hacer al mundo actual; en lo económico, en lo medioambiental, en lo cultural, en lo social, y es que, muchas veces, son estos criterios los que nos hacen establecer líneas y categorías. Tenemos la mala costumbre de detenernos en las posibilidades, los recursos, los medios económicos y el desarrollo, para agrupar a los distintos países, sin pararnos a pensar que detrás siempre hay personas.

Sin embargo, cuando hablamos de “violaciones de derechos”, las divisiones y fronteras se difuminan dejando en evidencia un problema mundial, que está presente en todos los puntos del planeta, y que ya ha sido denominado de forma internacional como la esclavitud del siglo XXI: “la trata de personas”.

A pesar de que este fenómeno normalmente se origina en países con grandes dificultades, y las víctimas son personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, sin apenas recursos, lo cierto es que los países denominados “desarrollados” son el destino perfecto. Es precisamente el hecho de que esté presente en todos los países, de una u otra forma, lo que hace necesario continuar creando mecanismos que frenen este grave problema, y establecer mayores colaboraciones entre los estados, si de verdad se quiere atajar este fenómeno.

Es importante comenzar diferenciando dos conceptos que habitualmente se confunden: “la trata de seres humanos” y “el tráfico de personas”. El objetivo del tráfico es facilitar la entrada ilegal de una persona en un Estado, con el fin de obtener un beneficio generalmente económico, contando la mayoría de las veces con su consentimiento. Sin embargo, cuando hablamos de trata nos referimos a utilizar, en provecho propio y de modo abusivo, las cualidades de una persona, sometiéndola a constantes amenazas, coacciones, engaños, etc.

Es innegable que la trata de personas supone uno de las vulneraciones de derechos humanos más graves, ya que se ven conculcados derechos tan imprescindibles como 1) el derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre forzado; 2) el derecho a no sufrir prácticas de tortura u otras formas de trato inhumano o degradante; 3) el derecho a la salud; 4) el derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad; 5) el derecho a no ser discriminado por razón de género; 6) el derecho a un trabajo justo y con condiciones favorables; y 7) el derecho a la vida.

En 2013, Naciones Unidas señalaba que la trata de personas constituía la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, generando cerca de 32.000 millones de dólares al año, solamente por detrás del tráfico de armas y de drogas, afectando, según han fijado organismos internacionales, a cerca de 2,5 millones de personas, de las que el 75% eran mujeres y niños. Sin embargo, lo cierto es que lamentablemente existe una carencia verdadera y real de datos sobre la dimensión de la trata de personas en nuestro país y en el mundo, y es que la ONU estima que solo se identifica a una de cada veinte víctimas de trata, lo que hace realmente preocupante la situación.

Según los datos recogidos en 2010, el 79% de las víctimas de trata de seres humanos fueron objeto de explotación sexual, localizándose en su mayoría en Europa y Asia Central. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado de manera incesante la trata con fines de trabajo forzoso (en sectores de limpieza, construcción, trabajo doméstico y producción textil), localizándose principalmente en Asia Oriental y África.  Por su parte, América presenta idénticos porcentajes de ambos tipos de trata, siendo común a todos los continentes las tratas de niños para el combate armado, la comisión de delitos menores o la mendicidad forzada.

En 2003 entró en vigor el Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas, con la intención de proporcionar una definición de “trata de personas” que sirviese de base común para la prevención de la trata, la penalización de los ofensores y las medidas de protección para las víctimas. De esta forma se estableció una definición amplia: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, sin embargo, no logró del todo la reivindicación de los derechos y las necesidades de las personas tratadas.

A pesar de que en los últimos años el proceso legislativo sobre la trata de personas es notable, y más del 90% de los países de todo el mundo tipifican como delito la trata de personas, los datos indican que más de 2.000 millones de personas carecen de la protección total que contempla el Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, es decir, todavía hay nueve países que carecen de legislación en esta materia, y dieciocho que cuentan con legislación parcial que únicamente ampara a algunas víctimas o prevé ciertas formas de explotación.

Por su parte, Europa prohibió expresamente, en su Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la trata de seres humanos, y hasta la actualidad se han desarrollado distintos programas y medidas para trabajar en su erradicación. En Abril de 2011, se adoptó la Directiva 2011/36/EU relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, considerando así este fenómeno como una de las infracciones penales más graves a escala mundial, y solicitándole a los Estados su transposición al derecho interno antes del 6 de abril de 2013, fecha que se incumplió por varios países, entre ellos España. Con esta normativa, Europa intentaba que los Estados actuasen contra este problema, adoptasen medidas de prevención y además garantizasen que las víctimas de trata pudieran recuperarse y reintegrarse a la sociedad.

En cuanto a nuestro país, España continúa teniendo importantes carencias respecto a este problema, sobre todo en lo relacionado al procedimiento de detección e identificación de las víctimas. Las distintas ONG son muy claras respecto a la desprotección que nuestro sistema da a las víctimas de trata, ya que encuentran verdaderas dificultades en la concesión de autorizaciones de residencia, existiendo una notable descoordinación entre las distintas administraciones que intervienen.
Las víctimas que llegan a España, captadas por grupos organizados en África, Latinoamérica o Europa del Este, lo hacen con la convicción de que aquí les espera una vida mejor, un trabajo y una estabilidad, sin embargo pronto se ven retenidos, y obligados a trabajar, ejercer la prostitución o mendigar, siempre sujetos a constantes amenazas y vejaciones.

A finales de 2010, nuestro Código Penal introdujo de forma específica el delito de trata de seres humanos en su artículo 177 bis, intentando recoger todas aquellas formas en que puede darse esta explotación, con independencia de que las víctimas fuesen nacionales o transnacionales, o se tratase de delincuencia organizada, estableciéndose penas privativas de libertad de entre cinco y ocho años de prisión.  
Hoy en día, las dificultades con las que se encuentran los sistemas judiciales nacionales frente a este fenómeno hacen que prevalezca cierta impunidad, existiendo escasas condenas en los distintos países. Además, se continúa echando en falta una verdadera cooperación y protección internacional, que evite que las víctimas deban de retornar a sus países de origen, cuando eso supone un riesgo real de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes. Además, son necesarios mecanismos que incluyan una evaluación integral de las necesidades de la víctima para su derivación a un sistema de protección adecuado a la vista de la situación concreta, las circunstancias de la víctima y la información obtenida. Este fenómeno únicamente  puede ser atajado si se pone en marcha una cooperación “real” de todos los estados, de origen, de tránsito y de destino.