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domingo, 16 de noviembre de 2014

"Importante acuerdo sobre el céntimo sanitario"


El "céntimo sanitario" vuelve a estar de plena actualidad, después de que el pasado mes de Febrero conociéramos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se declaraba ilegal el Impuesto que gravaba la venta minorista de determinados hidrocarburos.
 
Finalmente, ante la inminente huelga convocada por el sector del transporte, el pasado jueves se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la devolución de los importes recaudados por este concepto. La situación ha avanzado mucho desde el post "El Negocio del Céntimo Sanitario". ¿Cuáles son los principales compromisos que se han alcanzado en ese acuerdo?.
 
 
Fundamentalmente son dos, por un lado, la Administración se compromete a devolver la totalidad de las cantidades que fueron cobradas indebidamente por el céntimo sanitario, comprometiéndose igualmente a realizar el pago entre el mes de diciembre de 2.014 y el próximo mes de febrero de 2.015. Y por otro lado, se ha conseguido que el momento en el que se ha de tributar por la devolución del céntimo sanitario sea el año fiscal en el que se obtenga efectivamente la devolución, para evitar así recargos e intereses de demora.
 
Aun quedan muchos datos que conocer de este acuerdo, pero las Asociaciones de Transportistas prevén que los transportistas podrían recuperar entre 1.000 y 2.000 euros por cada ejercicio y camión.
 
 

miércoles, 12 de noviembre de 2014

¿En qué momento se puede pedir una pensión compensatoria?

 
La pensión compensatoria es un derecho que tiene el cónyuge que, ante una ruptura matrimonial, se encuentra en una situación de empobrecimiento y desequilibrio económico. Su finalidad es equiparar o equilibrar la economía de ambos cónyuges, y que su situación se asemeje a la que existía antes de la crisis matrimonial. Por lo tanto, el cónyuge que sufre el desequilibrio podrá pedir una pensión al otro cónyuge, debiendo de examinarse caso por caso la situación familiar, personal, laboral y social de ambos cónyuges, y determinar si realmente existe tal desequilibrio.
Esta claro que el derecho a la pensión nace en el momento en que tiene lugar la ruptura, y por consiguiente el desequilibrio respecto a la situación anterior, sin que la concurrencia de circunstancias sobrevenidas después del cese de la convivencia conyugal pueda dar lugar al reconocimiento del derecho. En este sentido se han pronunciado la mayor parte de las Audiencias Provinciales, lo que pone de manifiesto la necesidad de que la solicitud de este derecho se ejerza en el momento en que tiene lugar el establecimiento de las medidas que van a regir la relación entre ambos cónyuges. A falta de solicitud expresa, el cónyuge pierde la oportunidad de solicitarlo en un proceso posterior.
Es frecuente que las partes dejen transcurrir un periodo de tiempo antes de iniciar los trámites de divorcio en el Juzgado: ¿qué ocurre cuando el procedimiento judicial tiene lugar años después de que se haya producido la ruptura?. La jurisprudencia ha entendido que si se deja transcurrir un periodo de tiempo prolongado, se crea una apariencia de inexistencia de desequilibrio económico, ya que al no haber existido una reclamación expresa se presume que no era de entidad suficiente.
Las razones por las que un cónyuge puede no iniciar un procedimiento de separación o divorcio pueden ser muy variadas, a pesar de existir ese desequilibrio económico, sin embargo, esa apariencia de independencia económica que se mantiene durante varios años, desde que se produce la ruptura hasta que se inicia el procedimiento impide ser apreciada, considerando incluso que existe una renuncia tácita de la pensión compensatoria.
Frente a esta posición mayoritaria, algunas Audiencias Provinciales han considerado que la solicitud de pensión compensatoria ha de ser estimada a pesar de que transcurran varios años desde que se produjo la ruptura, siempre y cuando las circunstancias existentes en el momento del cese y en el momento de la solicitud sean idénticas.


martes, 4 de noviembre de 2014

"La cláusula de permanencia en los contratos de telefonía móvil"



La mayor parte de las compañías de telefonía incluyen en sus contratos un compromiso de permanencia de sus clientes, a cambio de que éstos se beneficien de una tarifa más ventajosa, o reciban un terminal a menor coste o incluso coste “0”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el consumidor acepta y firma el contrato sin ser del todo consciente de lo que citada cláusula implica.

En primer lugar, para que la cláusula de permanencia sea válida, ha de recogerse expresamente en el contrato, junto al modo de extinción y las consecuencias en caso de incumplimiento. Normalmente, si el consumidor ha obtenido una serie de ventajas por comprometerse a permanecer un determinado tiempo, normalmente 18 o 24 meses, y decide finalizarlo de forma anticipada, sin que exista una razón justificada (por ejemplo un servicio defectuoso), se le impondrá una penalización económica, siempre a razón del beneficio o la ventaja obtenida al comienzo de la relación contractual.

Es en este punto donde surge la eterna pregunta: ¿tengo la misma penalización si me voy el primer mes de contrato que si me voy el décimo?

Aunque el criterio mayoritario entendía que la penalización tenía que ser proporcional a los meses que quedasen por cumplir, lo cierto es que desde el pasado 13 de Junio, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, de la que ya hablamos en el post: "Los 5 puntos que todo consumidor tiene que conocer tras la reforma", se pone fin de forma definitiva al cobro de penalizaciones íntegras.

El artículo 74.4 establece expresamente que “en caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja, o cese prematuro de la relación contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado”. Igualmente, con esta reforma se suprime la denominada “penalización inversa” que consistía en que el consumidor paradójicamente sufría una mayor penalización contra más tiempo hubiese durado el contrato, incrementándose progresivamente.

Otra de las cuestiones que surgen en torno a las penalizaciones radica en si ¿el operador puede aplicar a la penalización el IVA? En el año 2.011, la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo hizo público que “las cantidades que una compañía de telefonía móvil recibe en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato al darse de baja el consumidor antes de la finalización de su compromiso de permanencia no son consideradas prestación de servicios o entrega de bienes, y por lo tanto no están sujetos al impuesto”.

Y si a pesar de todo, ¿me quieren cobrar toda la penalización, o me quieren cobrar el IVA?. Cuando un consumidor se encuentra en esa situación, ha de presentar una reclamación en consumo, poniendo así en conocimiento de la Administración Pública la posible comisión de una infracción. De este modo, se inicia un procedimiento que determinará si se ha incumplido la normativa existente y de ser así, la compañía de telefonía recibirá una sanción.

¿Cuándo puedo finalizar anticipadamente el contrato sin tener que abonar penalización?. Todo consumidor tiene derecho a poner fin a su contrato de telefonía, sin penalización alguna, cuando tiene lugar un incumplimiento previo y grave de la compañía, o en los supuestos en los que el contrato sufre una modificación sustancial de las condiciones que inicialmente fueron pactadas, por ejemplo una subida de tarifas.

 ¿Qué ocurre con la cláusula de permanencia si el consumidor fallece?. En estos casos, los familiares tienen que poner en conocimiento de la compañía telefónica el fallecimiento del titular de la línea, no estando obligados a continuar con la misma. Si que los herederos tendrán que hacerse cargo de las posibles deudas que el fallecido tenía contraídas con la operadora hasta el día de su fallecimiento. Sin embargo, la ley no regula que ocurre con la penalización en estos supuestos, a mí entender, de fuerza mayor, donde existe una imposibilidad objetiva de cumplirle. Sin embargo, cada vez es más frecuente que las compañías intenten cobrar la penalización por romper la permanencia, viéndose obligados los familiares a devolver el móvil al que está vinculado para evitar el pago.