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martes, 14 de octubre de 2014

"La constante amenaza de los ficheros de morosos" (parte I)


En los últimos años, todos hemos podido comprobar, directa o indirectamente que la amenaza de formar parte de un fichero de morosos se ha convertido en habitual. No es ni siquiera necesario tener una gran deuda, sino que actualmente basta con dejar atrás un recibo de luz o teléfono, e incluso con retrasarnos en el pago para que esta recurrente coletilla aparezca en la reclamación. En este post responderé a las preguntas más habituales, dejando para una segunda parte ¿qué hacer cuando te incluyen en un fichero de morosos de forma indebida?. 

¿Qué son los ficheros de morosos?

Son registros de almacenamiento de información que tienen como finalidad ofrecer datos sobre el riesgo comercial que conlleva contratar con una determinada persona. Probablemente los más conocidos son ASNEF y RAI, pero junto a estos hay decenas, mucho menos conocidos.

¿Qué tipo de deuda puede inscribirse? ¿Cómo se entera el deudor?

Cualquier acreedor podrá inscribir en un fichero de morosos el crédito que tiene contra su deudor, siempre que se trate de una deuda cierta y exigible, vigente e impagada. Es necesario que exista un requerimiento previo de pago y que el deudor de la callada por respuesta. Además, no ha de haber transcurrido más de seis años desde que la cantidad debió de ser abonada.

Esta inscripción ha de ser notificada de forma fehaciente al consumidor en el plazo de treinta días, a fin de que éste pueda ejercitar los derechos que legalmente le corresponden, debiendo de recibir siempre una comunicación por parte del fichero por cada deuda que reúna los requisitos anteriormente mencionados, independientemente de que sean varios acreedores o no. En este caso, el consumidor tiene derecho a conocer cuáles son los datos que se han facilitado al fichero, a fin de que pueda subsanar errores, pero también quien ha sido el acreedor que le ha incluido, así como aquellas entidades que han realizado consultas y se les ha facilitado información.

¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo hacer para salir de un fichero de morosos?

Desde el momento en que una persona aparece en uno de los más de 100 ficheros de morosos que existen en nuestro país, se le van a cerrar las puertas de cualquier entidad financiera a la hora de solicitar un crédito o una hipoteca, pero también la posibilidad de contratación de un servicio básico, por ejemplo, la contratación de una línea telefónica. Cada vez son más las compañías que consultan este tipo de ficheros para poder valorar los antecedentes del cliente, y los incumplimientos recientes en sus obligaciones dinerarias.

Para poder desaparecer de un fichero de morosos, el deudor a de cumplir con su acreedor y abonar la totalidad de la deuda. Cuando esto ocurre, el acreedor tiene obligación de comunicar al fichero de morosos la cancelación de la deuda, sin embargo si transcurrida una semana esta actuación no ha tenido lugar, deberá ser el propio consumidor el que presente la documentación que acredite que no existe deuda alguna, debiendo el fichero dar curso a su solicitud en diez días.

¿Qué puedo hacer si una vez pagada la deuda no cancelan la inscripción?

El órgano al que debemos dirigirnos es la Agencia Española de Protección de Datos, presentando toda la documentación y solicitando la baja en el fichero que corresponda. Se trata de un ente público que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, y controlar su aplicación, teniendo potestad incluso para imponer sanciones.

Además cuando esto ocurre, y este hecho causa al consumidor graves perjuicios, éste podrá acudir a la vía judicial y reclamar una indemnización por los daños ocasionados, o bien a quien le metió en el fichero y posteriormente no solicitó la cancelación una vez saldada la deuda, o bien al propio fichero por incumplir sus obligaciones (notificación de inclusión en el fichero, obligación de borrar sus datos, etc).

No hay duda de que a la mayor parte de las personas que pasan a formar parte de un fichero de este tipo y no consiguen salir cuando ya no adeudan cantidad alguna, se les causa un grave perjuicio (reputación, denegación de créditos, etc), sin embargo, no basta con ese hecho para obtener una indemnización, sino que es necesario probar y cuantificar el daño sufrido para obtener un resultado positivo ante los Tribunales. 




miércoles, 8 de octubre de 2014

“La importancia del cuestionario de salud al contratar un Seguro de Vida”


Cuando una persona suscribe un seguro de vida, bien a través de una entidad bancaria (muy habitual al contratar una hipoteca), o a través de un agente de seguros, previamente a la firma de la póliza, el tomador realiza un cuestionario sobre el estado de su salud. Éste consta de una serie de preguntas que la compañía necesita conocer con carácter previo, a los efectos de valorar si estima la solicitud y para calcular la prima en función del riesgo. Sin embargo, la mayoría de las veces, quien responde el cuestionario no se toma el tiempo suficiente, al no ser consciente de la trascendencia que sus respuestas pueden tener en el futuro.

Es la propia Ley de Contrato de Seguro, en su artículo 10, la que faculta a las compañías a realizar este cuestionario de salud, obligando al asegurado a declarar todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, repercutiendo contra él las consecuencias que se deriven de la falta de veracidad en esa declaración.

Por lo tanto, el tomador del seguro ha de responder con sinceridad a ese cuestionario, haciendo constar cualquier enfermedad que padezca o tenga reconocida. Cuando el tomador presenta un informe médico sobre su salud y éste se acompaña al cuestionario, no existe ninguna duda de la veracidad de sus manifestaciones. Pero en aquellos casos en los que no existe informe médico, lo declarado en el cuestionario es fundamental y se examina al pie de la letra una vez producido el fallecimiento.

La ley no obliga a la Compañía de seguros a realizar un chequeo médico al asegurado, ya que la contratación de un seguro de vida no deja de ser un contrato bilateral regido por el principio general de la buena fe de las partes. Es en todo caso el tomador quien asume las consecuencias de la omisión de un dato fundamental, ya que este hecho pone de manifiesto su mala fe y exime a la compañía aseguradora de proceder a la indemnización a los beneficiarios una vez tenga lugar el fallecimiento.

Lo más habitual cuando existen dudas por parte de la compañía aseguradora es que requiera a los beneficiarios del seguro un informe médico donde se acredite la fecha en la que la enfermedad o dolencia que ha causado el fallecimiento comenzó, comprobando así si es anterior o posterior a la fecha en que se realizó el cuestionario y se firmó la póliza de seguro.

Si bien es cierto, como señalaba anteriormente, que la entidad aseguradora no tiene obligación de realizar un chequeo médico al asegurado, si tiene obligación, y sobre esto se ha pronunciado en multitud de ocasiones el Tribunal Supremo, de confeccionar un cuestionario de salud con la máxima diligencia. Las preguntas que se formulen al asegurado han de ser claras, concisas y contundentes, y limitarse únicamente a aquellas cuestiones que la compañía ha de conocer para poder valorar el riesgo.
 
¿Qué ocurre cuando el cuestionario es rellenado por el agente de seguros y no por el asegurado/tomador?

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado en numerosas ocasiones el Alto Tribunal, existiendo una pacífica jurisprudencia al respecto. El Tribunal Supremo ha manifestado que es irrelevante que materialmente lo rellene un tercero y no el asegurado de su puño y letra, siendo lo determinante que aquel lo hiciera siguiendo las instrucciones del asegurado. Para ello,  al margen de la declaración del agente de seguros, o de otros testigos presenciales, habrá de comprobarse si en las respuestas existen datos y detalles que es imposible que el corredor de seguros conociera (datos personales, intervenciones quirúrgicas anteriores, características físicas, etc) sin la colaboración del fallecido.


sábado, 4 de octubre de 2014

"¿Se ha de suprimir la atenuante de confesión en determinados delitos?


El Consejo General de Poder Judicial cree que sí, o al menos que es necesario reconsiderar la aplicación de esta atenuante en los delitos relacionados con la violencia de género y la violencia doméstica. Pero, ¿qué es la atenuante de confesión y cuándo cabe su apreciación?.

La atenuante de confesión aparece recogida en el artículo 21.4º del Código Penal, y concurre cuando el autor de la infracción confiesa el ilícito ante las autoridades antes de conocer que existe un procedimiento judicial contra él. Es suficiente con que la confesión sea veraz, es decir, que en su declaración no se oculten datos relevantes o se añadan otros que no tuvieron lugar. Para que esta atenuante se pueda apreciar, es necesario que el acusado de una versión real, sin que se intente manipular o justificar lo ocurrido con la finalidad de eludir su responsabilidad en los hechos, quedando comprobado una vez se practique la prueba correspondiente. Además, el Tribunal Supremo ha exigido que la confesión se realice ante las autoridades competentes, y que se cumpla con el elemento temporal, es decir, que tenga lugar antes de conocer que se ha incoado el procedimiento contra él.

La finalidad de esta atenuante no es otra que la de incentivar o promover la colaboración del sujeto que comete un hecho delictivo, con la justicia, facilitando así el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto, la investigación. Sin embargo, nuestro código actual hizo desaparecer los elementos subjetivos, de forma que nada tiene que ver la confesión con el arrepentimiento del sujeto y las motivaciones que le mueven a confesar.

Cuando no tiene lugar el elemento temporal, y el sujeto es conocedor de que existe un procedimiento contra él, es posible apreciar la atenuante analógica prevista en el artículo 21.6º de nuestro Código Penal. Esta atenuante esta pensada para aquellos supuestos en los que concurren circunstancias que no se recogen expresamente como atenuantes en el texto legal, pero que merezcan la misma significación o tener el mismo valor. El Tribunal Supremo ha admitido su aplicación cuando el sujeto ya es conocedor del procedimiento pero colabora con la justicia de forma relevante, por ejemplo, en la identificación de otros posibles participes de los hechos.

Pues bien, lo que el Informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial afirma, una vez analizadas 50 sentencias de violencia de género y violencia doméstica, y comprobando que en aquellas en las que se aplica una atenuante, la más recurrente es la de confesión, es que la finalidad de esta atenuante siempre ha sido la de otorgar un tratamiento más favorable al sujeto que facilite la investigación reconociendo su culpabilidad, pero que no ha de aplicarse cuando no exista dificultad en la atribución del crimen a una persona. Por lo tanto, el CGPJ concluye que ha de reconsiderarse la aplicación de esta circunstancia en los delitos con resultado de muerte por violencia de género o violencia doméstica.

¿Estáis de acuerdo con el CGPJ? ¿Esto significa introducir en esta atenuante un elemento subjetivo?