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martes, 29 de julio de 2014

¿Existe una edad máxima para no entrar en prisión?


En los últimos días no se habla de otra cosa, la confesión del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien a sus 84 años de edad ha reconocido tener dinero en el extranjero sin regularizar, a pesar de haberlo negado en los últimos años, no ha dejado indiferente a nadie. Pero, ¿por qué ahora?, hay quien apunta a que asumir toda la responsabilidad con su avanzada edad le libraría de entrar en prisión, pero también hay quien afirma que se ha visto obligado, ya que pronto la Agencia Tributaria iba a poner el asunto en manos de la Audiencia Nacional. 

Si bien es cierto que nuestro Código Penal no exime a nadie de ir a prisión, el hecho de tener más de 70 años se convierte en un dato objetivo ha tener en cuenta de cara a la obtención de la libertad condicional en caso de condena.

En condiciones normales, para que un preso pueda obtener la libertad condicional, es necesario que tenga cumplida tres cuartas partes de su condena, y además obtenga informes favorables que determinen que dadas sus circunstancias concretas, es poco probable que pueda volver a delinquir en el futuro y además se le considere de escasa peligrosidad. 

Sin embargo, la avanzada edad del condenado o incluso el padecimiento de una enfermedad grave incurable favorece el que pueda acceder a la libertad condicional de forma anticipada. De este modo, nuestro sistema flexibiliza los requisitos ordinarios, atendiendo a motivos de humanidad y entendiendo que la peligrosidad criminal del penado en estas circunstancias es menor.

A pesar de lo anterior, es importante aclarar que el simple hecho de tener más de setenta años no es suficiente para obtener la libertad condicional, ya que ésto sería tanto como afirmar que cualquier persona de avanzada edad quedaría impune si comete un delito, lo que en modo alguno es posible. La realidad confirma que esto no es así y es que las estadisticas nos dicen que a finales del año 2.012, había en prisión más de 2.000 presos que superaban los sesenta años, alcanzando más de 300 los setenta años.

Además de la edad, para la obtención de la libertad condiciona es también examinado el tipo de delito cometido, y la gravedad del mismo. Algunos jueces han manifestado que no conceden la libertad condicional anticipada basándose en la edad del recluso si el delito se cometió pensando en que por su edad no iba a ser condenado (pensando en delitos de estafas o trafico de drogas).

¿Es utilizada la edad por aquellos que ocuparon un cargo público para evitar la cárcel?... ¿Asumen la responsabilidad de las conductas delictivas para evitar así que familiares sean también condenados?...




miércoles, 23 de julio de 2014

¿En qué consiste la "Autotutela"?


Algunos clientes, ante el temor de padecer una enfermedad degenerativa, expresan a su entorno más cercano su deseo de poder elegir a la persona que vele o decida por ellos si dejan de regirse por sí mismos, pensando en ellos como su tutor. Sin embargo, en muchas ocasiones la sola expresión de esta voluntad desgraciadamente no es respetada por su entorno cuando llega la situación de incapacidad. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Cualquier persona con capacidad de obrar puede designar a un tutor para sí mismo, para el supuesto de que sea declarado incapaz en el futuro, es lo que se denomina AUTOTUTELA. Esta figura tiene su fundamento en la plena libertad de toda persona y en la facultad que tenemos todos de "autorregulación" para cuando no se tiene capacidad para ello.

¿A quién se puede designar como tutor?. El Código Civil establece que podrán ser nombrados tutores todas las personas que se encuentren en plenas facultades y no incurran en algunas de las causas que expresamente se recogen, y entre las que destacan: (a) los que por resolución judicial estén privados del ejercicio de la patria potestad; (b) los que fueron removidos de una tutela anterior; (c) los condenados a una pena privativa de libertad durante el tiempo de cumplimiento de la condena; (d) los condenados por un delito que haga suponer que no desempeñarán bien la tutela; (e) los que tuvieran enemistad manifiesta con el incapaz; (f) los que tuvieran conflicto de intereses con el incapaz, etc.

¿Qué forma ha de tener la Autotutela?. Para que la designación realizada tenga validez y plena eficacia, es necesario que se formalice ante Notario en documento público. En cuanto al contenido, éste puede responder únicamente a la designación de la persona que queremos que sea nuestro tutor, pudiendo realizar una enumeración de forma que si llegado el momento el nombrado en primer lugar hubiera fallecido o renunciase a ejercer el cargo, pueda ser sustituido por el siguiente, pero también puede contener donde queremos ser asistidos o residir, e incluso como se deben administrar nuestros bienes.

Los clientes en muchas ocasiones tienen muy claro quienes quieren que sean sus tutores, pero también tienen muy claro quienes no quieren que sean bajo ningún concepto, por lo que es perfectamente posible incluir en el contenido de la Autotutela una designación negativa, es decir, es posible excluir a determinadas personas para que bajo ningún concepto puedan llegar a ser tutores.

¿Puede cambiar de idea y realizar una nueva designación?. Al igual que ocurre con los testamentos, el tiempo a veces acerca a las personas y en otras ocasiones las distancia, por lo que es perfectamente posible que una vez realizada la autotutela, se cambie de opinión pudiendo modificar el otorgamiento ante Notario por un documento nuevo.

¿Cuál es el procedimiento que da validez a la autotutela?. Una vez realizada la escritura pública, el Notario ha de comunicar al Registro Civil donde esté inscrito el nacimiento de la persona que lo ha otorgado, la existencia de ese documento a fin de que se proceda a realizar un asiento registral al margen del nacimiento. De este modo, si llega el momento de iniciar un procedimiento de incapacidad, el Juzgado recabará un certificado de nacimiento precisamente a fin de comprobar si la persona ha realizado este tipo de disposiciones.

Los efectos de la Autotutela tienen lugar cuando el Juez declara incapaz a la persona por Sentencia, ya que en ese momento ha de nombrar un tutor, teniendo siempre en cuenta la voluntad de la persona incapaz, que fue recogida ante notario. Esa voluntad será siempre respetada por el Juez, salvo que las circunstancias se hayan visto modificadas, es decir, que el juez tenga conocimiento de algún hecho que desconocía el incapaz al realizar la autotutela, y que de haber conocido es muy probable que no le hubiera designado como tutor, lo que tendrá que motivar a través de una resolución en la que fundamente su decisión en contra de la voluntad del incapacitado, pero siempre en busca de su beneficio.

martes, 15 de julio de 2014

"¿Tengo que pagar la pensión de alimentos de mis hijos si están conmigo en vacaciones?"


Con la llegada de los meses de verano, muchos padres divorciados disfrutan de un mes completo de vacaciones en compañía de sus hijos, y en muchos casos surge esta cuestión. Podría parecer, erróneamente, que si los hijos van a pasar un mes entero con el progenitor no custodio, éste no tendría que abonar una pensión de alimentos al progenitor custodio, puesto que no les va a tener que dar de comer durante ese tiempo.

Sin embargo, cuando se fija la pensión de alimentos no solo se está pensando en el sustento o alimentos propiamente dichos, sino que dentro de ese concepto se integran también el vestido, habitación, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista, es decir, las necesidades que el menor pueda tener conforme a su edad.

Además de las necesidades del alimentista, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, para la fijación de la pensión de alimentos se tienen en cuenta las posibilidades del alimentante, así como el status social y económico en el que se ha venido desenvolviendo la unidad familiar antes de la ruptura.

Una vez dicho esto, parece claro que la respuesta a la pregunta con la que comenzábamos este post es clara, y no solo porque se incluyen dentro de la pensión conceptos que van más allá de los alimentos, sino también porque la fijación de la cuantía se realiza haciendo un cómputo anual, entendiendo la misma como una suma anual destinada a sufragar las necesidades de los hijos, quedando la misma prorrateada en doce mensualidades ante la dificultad de cuantificar de forma precisa cuales son los gastos que van a existir a diario. De esta forma se pretende establecer una cuantía fija al mes, y compensar los meses en los que se producen más gastos con los que apenas van más allá de la alimentación.  

Es por todo ello que el progenitor que esta obligado al pago de la pensión de alimentos, ha de satisfacerla igualmente en los meses en los que los niños se encuentren disfrutando de su compañía, y así lo han puesto de manifiesto la mayoría de los Tribunales, salvo que expresamente se recoja lo contrario en el Convenio Regulador o en la Sentencia.





sábado, 12 de julio de 2014

"Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio"


Hoy se celebra en toda España el DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y DEL TURNO DE OFICIO, y es que desde ayer y hasta el próximo día 14 de julio tendrán lugar actos cuya principal finalidad es divulgar la labor realizada por más de 42.500 abogados de oficio durante los 365 días del año.

Un año más, la profesión sale a la calle para defender y reivindicar esta labor, pero este año lo hace con más motivo, mostrando nuestra más absoluta disconformidad con el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que actualmente se esta tramitando.

Cuando el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  y los 83 COLEGIOS DE ABOGADOS de nuestro país se oponen a la reforma de esta ley..¿a nadie le da que pensar?..¿toda la profesión está en un error?

Entiendo que nuestra obligación es acercar a los ciudadanos que la aprobación de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no solo supone un retroceso en cuanto a la legislación vigente que afecta a abogados y colegios de abogados, sino que también con ella se merman los derechos de los ciudadanos. Sin ninguna duda, este proyecto supone un menoscabo de los derechos de defensa de los ciudadanos, introduciendo mecanismos y medidas que complican la solicitud y concesión de un abogado, impidiendo en muchos casos el ejercicio del derecho de asistencia jurídica gratuita.

A pesar de que esta realidad ya la puse de manifiesto a través del post "El Engaño del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita", me siento nuevamente en la obligación de señalar las principales reivindicaciones que realizamos en defensa de la JUSTICIA GRATUITA:

    1.- Territorialidad: el proyecto de Ley prevé que cualquier abogado podrá apuntare al Turno de Oficio de cualquier Colegio de Abogados de España, con independencia del lugar en el que tenga su despacho profesional, lo que no garantiza en modo alguno la cercanía al ciudadano. Parece incomprensible que una persona de Murcia que pide abogado de oficio para divorciarse, le designen un abogado con domicilio profesional en Cantabria, o viceversa.

     2.- Garantía de cobro del abogado, en todo caso, con retribuciones DIGNAS, PUNTUALES y de actualización automática.

  3.- Incluir en el contenido material del derecho el Servicio de Orientación Penitenciario, la asistencia a Victimas de Violencia de género y la Vía Administrativa previa.

   4.- Garantía y protección de los derechos de los ciudadanos a todos los niveles, sin condicionar el ejercicio a trámites de ratificación personal, suspendiendo automáticamente el procedimiento hasta que no exista letrado designado.

   5.- Intervención exclusiva de los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica.

No quiero finalizar sin hacer hincapié nuevamente en la influencia negativa que la implantación de las TASAS JUDICIALES ha tenido en nuestro sistema, contribuyendo directamente a “recortar derechos”, y es que entre otros muchos ejemplos, cualquier ciudadano que apenas supere los 1000 euros al mes tiene impedida su acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, con independencia de las cargas o circunstancias que en ese momento pueda tener.

IGUALES EN DERECHOS, IGUALES EN JUSTICIA



martes, 1 de julio de 2014

"Comunidad de Propietarios y vecinos morosos: ¿Cómo reclamar?"


Hace unos días leía que “cuatro de cada diez propietarios no pueden pagar las cuotas de la comunidad de vecinos” y que “entre el 25% y el 50% de las Comunidades tienen morosos importantes”. Y es que el impago de las cuotas es uno de los problemas más habituales con el que se encuentran actualmente las Comunidades de propietarios, sobre todo las más pequeñas, donde los gastos son afrontados por muy pocos vecinos. En los últimos tiempos, la pregunta más recurrente es: ¿Qué podemos hacer?.

El punto de partida en este tipo de asuntos es siempre determinar contra quien se va a dirigir nuestra acción, es decir, quien es el sujeto que está obligado al pago de los gastos de comunidad, tanto ordinarios como extraordinarios. El obligado frente a la Comunidad es siempre el propietario del inmueble, con independencia de los pactos que éste haya realizado con su arrendatario en el contrato de arrendamiento.

La primera recomendación que se le hace a la comunidad es siempre iniciar una reclamación amistosa de la deuda, a través de su notificación de forma fehaciente, y solo si ésta vía no es fructífera, entonces no queda más remedio que iniciar una reclamación judicial de las cantidades adeudadas.

Si bien es cierto que no existe un único procedimiento para reclamar estas cantidades, el más utilizado y del que yo soy partidaria es de iniciar un procedimiento monitorio frente al moroso, pero también hay compañeros que prefieren utilizar el procedimiento común para cualquier clase de reclamación económica.

Se utilice uno u otro procedimiento, lo cierto es que siempre se ha de partir de un acuerdo de la Junta, en el que además de recoger expresamente en el mismo la cantidad exacta de la deuda, ha de constar el acuerdo de los vecinos de proceder a la reclamación frente al vecino moroso. De este acuerdo, necesariamente se ha de dar traslado al vecino que adeuda la cantidad, así como del importe exacto, dándole nuevamente un periodo para que proceda al pago voluntario de la cantidad.

Ante la ausencia de respuesta, no queda más remedio que acudir a la vía judicial e interponer la correspondiente demanda de proceso monitorio, de la que el Juzgado dará traslado al demandado por plazo de 20 días.

Tres posibles soluciones: pasividad, oposición o pago de la cantidad.

Si el deudor hace caso omiso a la reclamación judicial, transcurrido el plazo se dictará un Decreto dando por concluido el procedimiento monitorio, dejando abierta la vía para que la Comunidad interese la ejecución del mismo.

Llegado este momento, el demandante puede solicitar al Juzgado que realice una investigación patrimonial de los bienes del moroso, a través de lo que se denomina “Punto Neutro Judicial”, de donde se obtiene información de las distintas administraciones (DGT, AEAT, Seguridad Social, etc), a fin de poder embargar cantidades suficientes para cubrir la deuda.

En el caso de que el demandado se oponga a la reclamación realizada por la Comunidad de Propietarios, el procedimiento concluirá finalmente a una vista en donde se practicará la prueba oportuna y se diluirá si las cuestiones por las que se opone son veraces o no.

 
Y finalmente, si en esos veinte días, procede al pago voluntario, no habrá imposición de costas, archivándose el procedimiento.


¿Si el vecino moroso ya no vive en la Comunidad de Propietarios?

Esta problemática es más habitual de lo que parece, y es que cuando el vecino ya no reside en el inmueble, la notificación se puede convertir en una dificultad añadida. En cuanto a la obligación de la Comunidad de notificar la deuda al moroso, esta quedará cumplida con la exposición del acuerdo en el tablón de anuncios de la comunidad.

Otro obstáculo más para las Comunidades de Propietarios. LAS TASAS JUDICIALES

Acudir al Juzgado siempre implica gastos, pero además de los relativos a honorarios de Abogado y Procurador, siempre que la cuantía exceda de 2.000 euros, no hay que olvidar que las comunidades de propietarios también han de hacer frente a las famosas “tasas judiciales”, debiendo de tener en cuenta que la tasa se compone de una parte fija y otra variable.