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sábado, 14 de junio de 2014

"Los 5 puntos que todo consumidor tiene que conocer tras la reforma"


Ayer entró en vigor la nueva Ley de Consumidores y Usuarios, adaptando así nuestra legislación a la Directiva Europea sobre Derechos de Consumidores aprobada en 2.011, que pretendía fortalecer los derechos de los consumidores, con independencia de donde se encuentren y donde compren.

Los puntos más relevantes, que todo consumidor tiene que conocer tras esta modificación, podrían concretarse en cinco:

1.- Se limita el “spam” telefónico:
La norma prohíbe las llamadas comerciales entre las 21 horas de la tarde a las 9 horas de la mañana los días laborables, y a cualquier hora los fines de semana y festivos.
Incluso, el consumidor puede al recibir la primera llamada de una oferta comercial, rechazar recibir más llamadas en el futuro.

2.- Se amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales frente a los 7 días:
A partir de este momento, el consumidor contará con 14 días para poder renunciar o desistir del contrato y devolver el producto por “cualquier motivo”, si una vez recibido cambia de opinión. Además, si el vendedor incumple su obligación de comunicar al consumidor este derecho de desistimiento, el plazo se ampliará hasta 12 meses.
Se incorpora un formulario de desistimiento común a toda Europa, que facilitará el ejercicio de este derecho y que será enviado por el vendedor junto con el resto de documentación previa al contrato.

3.- Mayor protección en la contratación telefónica de bienes o servicios:
Se establece un nuevo sistema en cuanto a la contratación telefóncia, y es que el consumidor no quedará vinculado hasta que no haya firmado la oferta, por lo que el vendedor deberá enviarla por escrito en papel, fax, correo electrónico o SMS, garantizando así que el consumidor al contratar sea siempre consciente de lo que está aceptando. Por lo tanto, finaliza así la contratación única y exclusivamente por conversación telefónica.


4.- Se acaba la “letra pequeña”:
La accesibilidad y legibilidad se convierten en requisitos indispensables de la contratación, de forma que el consumidor tenga todos los conocimientos de lo que va a contratar, quedándose fuera de estos requisitos la conocida como “letra pequeña”, ya que el tamaño de la misma nunca podrá ser inferior a milímetro y medio, o que por su colocación y utilización de colores pudiera ser dificultosa su lectura.

5.- El consumidor ha de conocer el precio final antes de finalizar su transacción, evitando así costes encubiertos:
El consumidor ha de conocer y prestar su consentimiento expreso ante cualquier pago adicional al coste del bien o servicio que esta comprando. Además, la ley obliga al vendedor a informar claramente sobre los costes que conllevan las diferentes modalidades de pago.





jueves, 12 de junio de 2014

"El Usufructo - Derechos y Obligaciones"


El derecho de usufructo constituye el derecho de uso y disfrute de una cosa ajena más importante de nuestro sistema, definido por algunos autores como “el derecho real a disfrutar completamente una cosa ajena, sin alterar su modo de ser, su esencia”. Este aprovechamiento sobre una cosa ajena puede ser directo o indirecto, es decir, lo puede poseer y disfrutar el propio usufructuario, o puede permitir que un tercer lo haga.

El propietario de la cosa conserva su “derecho de propiedad” sobre ella, aunque éste queda reducido básicamente a poder disponer de la misma y recuperar el resto de facultades una vez se haya extinguido el usufructo, convirtiéndose hasta que ello se produzca en “nudo propietario”.

Entre los derechos que tiene el usufructuario destacan:

      Derecho de disponer de su derecho de usufructo. Tiene la posibilidad de arrendar su derecho e incluso venderle, extinguiéndose cualquier de estos negocios cuando se extinga el usufructo.

Esta es una de las cuestiones que más dudas produce entre los clientes, y es que les cuesta entender que alguien le deje a otra persona el uso y disfrute de una vivienda, por ejemplo, y luego ésta última pueda arrendar la vivienda a un tercero, pero en realidad nuestro sistema concede al usufructuario la facultad para disponer de su derecho de usufructo, en ningún caso podrá disponer de la cosa puesto que no es propietario, es decir, nunca podría venderla o hipotecarla.

    Derecho a percibir los frutos de los bienes usufructuados. Tiene la facultad de aprovecharse de la cosa usufructuada (por ejemplo la renta en un supuesto de arrendamiento de la cosa)

     Derecho a realizar las mejoras necesarias en la cosa.


Frente a los derechos, el usufructuario también tiene importantes obligaciones:

            Deber de conservar la forma y sustancia, en ningún caso puede alterar el modo de ser de la cosa ajena usufructuada, lo que se traduce en la imposibilidad que tiene de perjudicar la cosa, destruirla o consumirla.

           Deber de realizar las reparaciones ordinarias que necesite la cosa. Se obliga a realizar los gastos necesarios que exijan los deterioros de la cosa, los desperfectos que procedan del uso normal de la misma.

Deber de responder de los daños que sufra la cosa usufructuada en caso de que se haya arrendado ese derecho. Si el usufructuario arrienda la cosa en usufructo, y ese tercero que le sustituye en el uso y disfrute deteriora o daña la misma, de tales daños por su responsabilidad que tiene frente al nudo propietario.

Deber de comunicar al nudo propietario la necesidad de reparaciones extraordinarias en la cosa. Aquellas reparaciones que van más allá del arreglo de desperfectos procedentes del uso natural de la cosa.

El derecho de usufructo finaliza principalmente: (a) por la muerte del usufructuario; (b) por finalización del plazo establecido o cumplimiento de condición resolutoria; (c) por la reunión en la misma persona de usufructo y propiedad; (d) por renuncia del usufructuario; (e) por la pérdida de la cosa;

domingo, 1 de junio de 2014

¿Cómo rectifico un error en la declaración de la Renta?


Hacienda entiende que cualquier error que se produce en la declaración de la renta de un contribuyente es culpa de éste, y ello a pesar de que el ciudadano se haya limitado a confirmar su borrador, ya que según la Administración, es el propio contribuyente quien debe de revisar la información fiscal y personal que finalmente se envía y asegurarse de que es conforme a la legalidad y a la realidad. La confirmación del borrador sin ese análisis, puede dar lugar a errores que no se detectan hasta después de su presentación. ¿Qué podemos hacer si esto ocurre?.

Ante un error, la Administración tributaria diferencia entre aquellos supuestos en los que el error o la omisión de datos causen un perjuicio a la Hacienda Pública de aquellos otros que perjudican al contribuyente. En el primero de casos, cuando la perjudicada es la Administración, el contribuyente puede regularizar y subsanar su error con la presentación de una declaración complementaria, para lo que puede utilizarse el programa PADRE.

Sin embargo, cuando el error perjudica al contribuyente (se olvido practicar alguna reducción o deducción a la que tenía derecho, declaró indebidamente alguna renta exenta, computó importes en cuantía superior a la debida) podrá antes de que transcurran cuatro años, solicitar a la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria que corresponda a su domicilio habitual, la rectificación de su autoliquidación, para lo que es necesario hacer constar el error u omisión padecido, y acompañar la documentación que justifique el mismo.

El plazo de cuatro años para solicitar esta rectificación comienza a contarse desde el día siguiente a que finalizara el plazo para presentar las declaraciones, si la declaración se presento dentro del plazo legalmente establecido, o bien desde el día siguiente a la presentación de la declaración, si ésta se presentó fuera de plazo.

¿Qué ocurre si es la Agencia Tributaria quien se da cuenta del error?

La Agencia Tributaria también cuenta con un plazo de cuatro años para revisar nuestra declaración de la renta y comprobar si es correcta, pudiendo solicitar al contribuyente cualquier dato fiscal, los justificantes y las informaciones que considere oportuno, y que permita acreditar el contenido de nuestra renta

El hecho de no haber ingresado la cuantía que correspondía a nuestra declaración de la renta constituye una infracción tributaria, que podrá ser considerada “leve” cuando la base de la sanción, esto es, la cantidad que se debía de haber ingresado es inferior o igual a 3.000 Euros, o es mayor pero no se puede apreciar en el contribuyente una intención de ocultar. Por su parte, podrá ser considerada “grave” o “muy grave” cuando se hayan utilizado documentos falsos o exista ocultación.

En cuanto a las cuantías de la sanciones, la leve consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 50%, y en el caso de la grave, será de entre el 50% y el 100%, y en el caso de la muy grave, será de entre 100% y 150%.

Además, la ley prevé la posibilidad de que el contribuyente pueda beneficiarse de la reducción de un 30% si muestra su conformidad con la regularización realizada por la Administración, e incluso puede sumarse una reducción del 25% si se realiza el pago total de la sanción en el periodo voluntario o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento que la Administración hubiera concedido, o cuando el contribuyente no interponga recurso o reclamación alguna.