Pagina Principal

lunes, 27 de enero de 2014

"La Publicidad Engañosa"


En los últimos meses, importantes marcas, nacionales e internacionales, han sido acusadas por sus competidoras e incluso, por los propios consumidores de "publicidad engañosa". Cuando este tipo de publicidad tiene que ver con productos milagrosos y resultados en dos días, es claramente un insulto a la inteligencia humana, pero en otros muchos casos la sutileza del anuncio hace que el consumidor se vea finalmente engatusado.

En 2010 se dio a conocer un Informe de la Comisión Europea en el que se afirmaba que el 69% de los consumidores españoles se habían encontrado con algún tipo de publicidad u oferta engañosa durante el año anterior, frente al 54% de media del resto de países de la Unión Europea.

Pero, ¿qué es publicidad engañosa?

Se considera publicidad engañosa la que puede inducir a error a sus destinatarios y causar un perjuicio a estos o a un competidor. Las prácticas engañosas más habituales tiene que ver con lo que se dice: la falta de información o información deficiente, productos con ciertos requisitos que no cumplen, precios que no son los finales, falsas liquidaciones, etc, y por como se presenta: con imágenes que confunden, letra ilegible, etc.

Según algunos autores, encontramos distintos tipos:  la publicidad engañosa: la que altera los hechos e induce a error (no incluye la exageración publicitaria); la publicidad falaz: que es aquella que induce a error, aunque las afirmaciones contenidas en ella sean verdaderas; la publicidad encubierta: donde el público no es consciente de que lo que presencia es una actividad publicitaria; la publicidad alusiva: no será licita la publicidad de accesorios cuando sea necesaria la alusión a la marca; la publicidad engañosa por omisión: en la que se silencian datos fundamentales de lo publicitario de forma que induzcan a error; la publicidad confusionista y desleal: que utiliza signos idénticos a otros induciendo a error; la publicidad denigratoria: intentando provocar el descrédito, denigración y menosprecio directo o indirecto de un producto; la publicidad adhesiva: intenta establecer equivalencias y comparaciones con marcas conocidas y aprovecharse de su reputación.

Los anuncios de productos con expresiones ambiguas o con pluralidad de significados, la utilización de letra minúscula con la intención de que el destinatario no la perciba, productos sin IVA para hacerlos más atractivos, son algunos ejemplos claros de publicidad engañosa, aunque posiblemente la exageración acerca de los beneficios de un producto en cuanto a la pérdida de peso sin necesidad de dieta o ejercicio se han convertido en el ejemplo estrella. Detrás de estos productos encontramos grandes empresas con un volumen de venta que da auténtico vértigo, que muy de vez en cuando, son acusadas de publicidad engañosa e incluso en algunos supuestos, finalmente sancionados.

Uno podría pensar que si el engaño en un anuncio emitido en la televisión podría tener efectos en millones de personas a la par que altos beneficios en ventas de ese producto,  (pensemos en productos anunciados como light pero que en realidad la reducción del contenido de calorías no alcanza el 30% exigido por la normativa europea, en comparación con un producto similar) la sanción debería ser proporcional a estos efectos. Sin embargo, la proporcionalidad no es tal, lo que deja patente el hecho de que tales sanciones no disuaden a las empresas de seguir utilizando y sacando beneficio de esas malas prácticas.

Los ejemplos que han llenado los titulares de los periódicos en los últimos años y que más me han llamado la atención son: APPLE: el pasado año, la Comunidad de Madrid sancionó a la empresa con 47.000 euros por inducir al consumidor a pensar que su Iphone 4 tenía solamente garantía de un año y no de dos como establece la ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios; ONO: la Comunidad de Madrid ha sancionado este año con 80.000 euros a la empresa de telecomunicaciones Cableuropa por publicidad engañosa, al ofertar un paquete de internet, teléfono y televisión a una cuota que no reflejaba el coste real del producto al no incluir el IVA, ni la cuota de línea; POWER BALANCE ESPAÑA: la Junta de Andalucía multó a esta empresa con 15.000 euros por la comercialización de las denominadas “pulseras milagro” a las que se atribuía importantes beneficios para la salud (equilibrio, coordinación, ritmo, fuerza) que no estaba confirmado por ninguna autoridad sanitaria; LAY´S: un juzgado de Barcelona condenó a la entidad a retirar del mercado las patatas fritas Lay´s Mediterráneas por hacer creer a sus consumidores que el aceite de oliva era un componente esencial del producto, cuando en realidad representaba solo el 2% de su composición; DANNONE: ha tenido problemas en los últimos años en Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos respecto a sus productos de Actimel y Activa, ya que al parecer en su publicidad se aseguraba que los resultados estaban científicamente probados.

¿Qué hacer ante la publicidad engañosa?. Una vez que el consumidor es consciente del engaño y comprueba que la publicidad no se ajusta a la realidad debe de reclamar. En primer lugar puede denunciar un incumplimiento del contrato ante el Sistema Arbitral de Consumo. El arbitraje es una de las vías más ventajosas, por ser rápida y económica, puesto que en un plazo de seis meses se dictaría un laudo de obligado cumplimiento, sin embargo su mayor inconveniente tiene que ver con la voluntariedad del sometimiento a la Junta Arbitral por parte de la empresa.

Por otro lado está la vía administrativa, que consiste en la presentación de una Hoja de Reclamaciones en la Oficina de Consumo de nuestro municipio, para que examine el asunto y pueda en caso de que aprecie publicidad engañosa, sancionar a la empresa.

Si los daños causados son de entidad, siempre se puede acudir a los Tribunales de Justicia Ordinarios, teniendo en cuenta los costes de Abogado y Procurador, si su intervención fuera preceptiva, así como el abono de las correspondientes tasas judiciales. 


martes, 21 de enero de 2014

"Las Dilaciones Indebidas y sus consecuencias"


Esta semana leía en el periódico que el Tribunal Supremo rebajaba la condena a un pequeño narcotraficante por las "dilaciones indebidas" en las que incurrió el juez que instruyó su caso, quien alegó que al tiempo se encontraba investigando dos asuntos de gran complejidad,  a lo que el Alto Tribunal ha contestado que los "retrasos que perjudican al reo no pueden justificarse en una sobrecarga de trabajo" o en que "el volumen de trabajo de la Administración de Justicia esta alejado de lo que podrían considerarse los estándares deseables".

La Constitución Española recoge en su artículo 24.2 que "toda persona tiene derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías", que bien se podría definir como el derecho a un juicio en un plazo razonable. Por lo tanto, este derecho se ve vulnerado cuando las actuaciones o el proceso tienen una duración que excede de lo prudencial, que va más allá de los plazos procesales sin ningún tipo de justificación, y siempre que no existan razones que lo expliquen o tales retrasos se deban a la conducta del acusado y a su actuación procesal (rebeldía, suspensiones por incomparecencias, etc)

La jurisprudencia ha calificado la dilación indebida como un concepto abierto y claramente indeterminado que requiere el estudio de cada caso concreto para determinar y valorar si concurre o no, y además si tal retraso injustificado es atribuible al órgano jurisdiccional. Pero para que esta circunstancia pueda ser apreciada: (1) se ha de producir un retraso de carácter extraordinario; (2) además no proporcional a la complejidad del asunto; (3) y no atribuible a la conducta del imputado;

El Tribunal Supremo entendió en su Sentencia de fecha 17 de Marzo de 2.011 que "la dilación es indebida cuando resulta desproporcionada para la complejidad de la causa. Y ésta puede derivar de la multiplicidad de sujetos intervinientes que obliga a la multiplicación de los trámites. O de la dificultad para establecer la estrategia investigadora adecuada."

Nuestro Ordenamiento Jurídico reacciona a la vulneración del derecho constitucional recogido en el artículo 24, por lo que cuando tiene lugar un retraso injustificable, irracional e intolerable del proceso, resulta de aplicación la atenuante prevista en el artículo 21.6º  de nuestro Código Penal, como forma de compensar al reo aplicando una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Con esta atenuante se ve modificado el reproche o la intensidad de lo injusto, afectando directamente a la pena aplicable al hecho conforme al artículo 66 del Código Penal.  

Lo cierto es que no existe unos parámetros establecidos de duración media de los procesos, por lo que la apreciación de esta circunstancia es absolutamente discrecional y difícilmente controlable cuando el Tribunal debe de resolver sobre su aplicación o no, sin que en ningún caso, tal y como ha recordado recientemente el Alto Tribunal, los retrasos derivados de deficits estructurales y orgánicos de la justicia permitan apreciar la atenuante, no resultando la saturación de la agenda de los Juzgados y Tribunales causa suficiente que justifique tener al reo con la incertidumbre del resultado del proceso mas allá de lo necesario. Es precisamente esa incertidumbre, la inquietud y angustia que padece el reo durante ese tiempo lo que justifica la aplicación de una rebaja en su pena.  

El Tribunal Supremo entiende que "la carencia de medios no es incompatible con una dedicación que impida paralizaciones injustificadas del procedimiento" y que la paralización del proceso durante un año sin realizar ni siquiera actuaciones de trámite tendentes a agilizar el procedimiento sin duda vulnera el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas. 



lunes, 20 de enero de 2014

"El Tribunal Supremo interpreta la exención de declarar entre parientes"


La Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa en su artículo 416.1º de la obligación de declarar al cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial contra un procesado.

Este derecho que no solo tiene el cónyuge, sino también los parientes más cercanos, (padres, hijos, hermanos, etc) ha de ser debidamente informado de manera expresa, en sede policial, ante el Juzgado instructor y en el momento del juicio, sin que pueda entenderse que la persona esta informada con la mera pregunta de si desea declarar. De no ser así, las declaraciones realizadas pueden verse anuladas con las consecuencias que ello puede llevar en la decisión final del asunto. Una vez puesto en conocimiento del pariente, éste elegirá acogerse a este beneficio o por el contrario, declarar contra el acusado, sin que el hecho de declarar en una de esas fases suponga una nueva renuncia tácita al derecho de no hacerlo en las fases posteriores. 

Tal y como ha manifestado el propio Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 22 de Febrero de 2.007, "esta exención o dispensa de declarar al pariente del procesado o al cónyuge que establece este artículo, tiene por finalidad resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado".

Este derecho adquiere especial relevancia en los procedimientos judiciales de violencia de género, al tratarse de delitos que tienen lugar en la más estricta intimidad del hogar donde solo están la victima y el agresor, donde el testimonio de la perjudicada es vital para poder condenar al maltratador. Es común entre las víctimas que consiguieron armarse de valor para denunciar tras sufrir un episodio de violencia, que en el momento del juicio, bien por haber recibido amenazas, por presiones de familiares o por el estado en que se encuentrar, se arrepientan y no quieran ratificar su acusación en sede judicial. Según un estudio elaborado por un grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 15% de las sentencias absolutorias en materia de violencia de genero está motivada porque la víctima de la agresión decidió no declarar en el juicio contra su pareja.

El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en Acuerdo de 24 de abril de 2.013, ha establecido los criterios para la interpretación de esta exención, ya que hasta ahora era una dispensa que quedaba al criterio del Juez, por lo que tenían lugar supuestos idénticos en los que la mujer maltratada se veía obligada a declarar y otros en los que no tenía que hacerlo. 

En este sentido, el Alto Tribunal entiende que: "La exención de la obligación de declarar prevista en el artículo 416.1 LECRIM alcanza a las personas que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto, se exceptúan: a.-) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de efecto; b.-) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso. 


El Tribunal Supremo ha intentado resolver los distintos problemas que pueden surgir cuando la relación entre el procesado y al testigo no es la misma en el momento en que tiene lugar el hecho y el momento del juicio y es que cuando ya no existe relación desaparece el posible conflicto para el testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo de solidaridad, por lo que se habrá de tener en cuenta la situación existente en el momento de prestar la declaración. La segunda de las excepciones parece que tiene una rápida solución, y es que bastará con retirarse de la acusación para que el testigo pueda estar exento de su obligación de declarar. 


martes, 14 de enero de 2014

¿Qué derechos tiene un detenido?


La detención es una medida cautelar de carácter personal, consistente en la privación de libertad de forma determinada, ya sea por la comisión de un delito o por haber sido ordenada su detención por la autoridad judicial (por un quebrantamiento de condena, por haberse fugado estando detenido, por ser la única manera de que tenga lugar su comparecencia en el Juzgado, etc). 

Independientemente de cual sea la razón de la detención, ésta siempre ha de practicarse de la forma menos perjudicial para la persona, reputación y patrimonio. Lo más habitual es que toda detención sea practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo la ley permite que en determinados supuestos sea el ciudadano el que realice la detención, (si existe una persona intentando cometer un delito, le estuviera cometiendo ya o estuviera fugada).

La Constitución Española establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520.2 establece que "toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad", y además, enumera cuales son los derechos que asisten a todo detenido y que por lo tanto, la inobservancia de los mismos supondría una "detención ilegal":

a.-) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, (no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen), o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b.-) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

c.-) Derecho a designar letrado, o que le designen uno de oficio. 

d.-) Derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, la detención y dónde se encuentra en cada momento. La comunicación no será realizada por el detenido sino que se llevará a cabo por la autoridad correspondiente.

e.-) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando la persona no comprenda el castellano. La no observancia de este derecho cuando el extranjero no comprende el idioma, daría lugar a la nulidad del procedimiento.

f.-) Derecho a ser reconocido por un médico forense. En ocasiones el ejercicio de este derecho puede resultar imprescindible, ya que del informe que realice el facultativo se puede desprender la existencia de lesiones, la inimputabilidad del detenido, estados de drogadicción o síndrome de abstinencia, etc.

Según la Ley, el papel del Abogado en la asistencia al detenido (artículo 520.6) se limita a solicitar que se le informe de sus derechos, que sea reconocido por el médico, que se amplíen o aclaren algunos extremos de la declaración una vez finalizada y a entrevistarse con el detenido al término de la diligencia en la que se encuentra presente. Sin embargo, nuestra obligación en esa fase inicial va mucho más allá, y no basta con comprobar de forma pasiva que el procedimiento legalmente establecido se está respetando, sino que es imprescindible que el detenido llegue a comprender el alcance de los derechos que tiene para que pueda ejercer su derecho de defensa, y eso solo puede ocurrir si tiene lugar un asesoramiento técnico.

Los abogados y el propio Consejo General de la Abogacía Española lleva años solicitando una modificación de la ley que permita a los letrados tener un papel absolutamente activo en esos momentos. Una de las principales modificaciones que se solicitan es la relativa a la "entrevista previa del detenido con su abogado", que constituye la plasmación viva del derecho de defensa, ya que permitiría al detenido consultar con su letrado como debe de comportarse en el interrogatorio, si ha de declarar o no, etc. 

La falta de una modificación de la ley ha hecho necesaria la elaboración de protocolos de actuación de esa primera fase procesal por los distintos colectivos de la abogacía, con el fin de que se entienda nuestra necesidad de actuar como un asesor técnico del detenido y no como un mero espectador.

Según el propio Tribunal Constitucional, la finalidad de la asistencia al detenido consiste en "asegurar, con su presencia personal, que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma.» (SSTC 21/1997, 196/1987 y 252/1994)."

Finalmente, el Tribunal Supremo al hablar de la asistencia letrada al detenido en sede policial, en su Sentencia de fecha 19 de Septiembre de 1.994, establece que "la función del Letrado en este ámbito es la de ser “garante de la integridad física del detenido, y de evitar la autoinculpación por ignorancia de los derechos que le asiste”. Añadiendo en su Sentencia de 4 de Octubre de 2.000 que “(…) no se deduce de la ley la existencia de un derecho del Letrado a entrevistarse con sus clientes antes de la toma de declaración en Comisaría, sino después, al término de la práctica de la diligencia en que hubiese intervenido”.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad, en su Instrucción 12/2007, Sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia judicial, ratificar que esa entrevista con el detenido en sede policial se hará tras la diligencia en la que se haya intervenido por parte del letrado y no antes, salvo las excepciones previstas en materia de menores y terrorismo.

Parece claro que estas opiniones son contrarias a la de los abogados, quienes continuamos viendo en la entrevista previa con el detenido la mejor forma de que éste pueda ejercer su derecho de defensa.

jueves, 9 de enero de 2014

"El Tribunal Supremo permite demandar a la sociedad mercantil y sus administradores en una sola acción"


Cuando las sociedades mercantiles no alcanzan a responder de las deudas que contraen, bien porque su capital no es suficiente, bien porque no existen bienes a su nombre con los que responder, etc, es frecuente que las miradas se dirijan a sus administradores. La Ley permite que en determinados supuestos, los acreedores puedan dirigir sus acciones y créditos contra el patrimonio personal de los administradores, cuando su actuación pone de manifiesto una conducta maliciosa o negligente, que genera daños en el patrimonio social, en el de accionistas o en el de terceros. 

Hasta el año pasado, era frecuente que al iniciar una acción contra una sociedad mercantil, se dirigiera una hacia sus administradores, con la intención de extender la responsabilidad de lo que se reclamaba no solo al patrimonio de la mercantil sino también al patrimonio personal de aquel. En realidad se trata de dos acciones completamente distintas, por un lado la de reclamación de una deuda frente a la sociedad mercantil de la que conocería la jurisdicción civil, y por otra la posible responsabilidad de los administradores, de la que conocería la jurisdicción mercantil. 

¿Cabe su acumulación?, en caso afirmativo, ¿qué orden jurisdiccional debería conocer del asunto?. Las Audiencias Provinciales tenían interpretaciones muy dispares, y así mientras la Audiencia Provincial de Alicante seguía un criterio estricto, y defendía que cada jurisdicción debía conocer de las cuestiones sobre las que es competente, las Audiencias Provinciales de Barcelona y Burgos se basaban en el principio de economía procesal, por lo que defendía la acumulación de acciones en el Juzgado de lo Mercantil.

Se trataba de una cuestión muy controvertida, que generaba una gran inseguridad jurídica, y que obligaba a los acreedores a duplicar el gasto de reclamación, ya que tenían que reclamar las deudas impagadas a la sociedad, y una vez fuera declarada insolvente, dirigir su acción contra los administradores, produciéndose una mayor incertidumbre y un retraso en la obtención de su tutela. 


Finalmente, la cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su Sentencia 315/2.013, de 23 de Mayo, por la que se da solución a la "laguna legal" denunciada en multitud de ocasiones por la doctrina. El Alto Tribunal permite la reclamación simultánea contra administrador y sociedad en el mismo proceso, al entender que lo contrario supondría una carga injustificada y desproporcionada para el acreedor, obligado a un doble proceso y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del mismo.

La Sala fundamenta su decisión en la estrecha conexión que existe entre ambas, entendiendo que además existe una relación de prejudicialidad, ya que el éxito de la acción frente a la sociedad es presupuesto para que proceda la acción de responsabilidad de los administradores. 

En cuanto a cuales son los Juzgados competentes para conocer del procedimiento, el Tribunal Supremo es claro: "los juzgados de lo mercantil", ya que la acción más específica, la dirigida sobre la responsabilidad de los administradores, tiene carácter principal frente a la acción por incumplimiento de la sociedad. Se trata de un paso importante, que pone fin a las distintas interpretaciones de los Tribunales, y por lo tanto a la enorme inseguridad jurídica de los acreedores.


lunes, 6 de enero de 2014

"¿Cómo anular una Multa de Tráfico de un Radar?"


La Dirección General de Tráfico pone más de 10.000 multas al día, muchas de ellas se realizan a través de los RADARES, por lo que cada vez son más las modalidades que utiliza la Administración para controlar la velocidad de los conductores, y es que a los tradicionales radares fijos de pórtico o de cabina que podemos encontrar en las autovías y autopistas, o al borde de la calzada o en la mediana, hay que añadir los radares móviles que se colocan en vehículos, y el instalado en el popular "helicóptero PEGASUS", que desde abril del pasado año sobrevuela nuestras carreteras y que en su primera semana quintuplicó en multas a los radares fijos. 

Sin embargo, no siempre este tipo de multas cumplen con los requisitos legalmente establecidos, por lo que es importante conocer cuales son los posibles defectos en los que incurre la Administración y que pueden hacer prosperar nuestro recurso.


La fotografía tomada por el radar es fundamental. En ella debe de aparecer únicamente el vehículo multado y ser perfectamente legible su matrícula. Además, la fotografía debe contener el día y la hora en la que fue tomada, así como la velocidad a la que se circulaba y el modelo de radar. Por lo tanto, una foto borrosa, la aparición de dos vehículos, alguno de los números de la matrícula distorsionado serían elementos suficientes para que la resolución sancionadora fuera declarada nula. 

Que el aparato se encuentre en regla quizás sea uno de los motivos más difíciles de alegar, ya que la propia Administración incluye un certificado de conformidad con los modelos utilizados. Cuestión distinta y más controvertida es la relativa al "margen de error". Actualmente estos se encuentran entre los 5 y 7 kilómetros hora según se trate de radar fijo o móvil en mediciones de hasta 100 km/h, o del 5% o 7% si se trata de velocidades superiores.

A finales del 2.013, la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denunció que la DGT estaba utilizando una norma técnica "derogada" en 2006 para calcular los excesos y la sanción aplicable (UNE 26444), en lugar de la vigente que resulta más beneficiosa para los conductores, solicitando la anulación de miles de sanciones. 

Una vez descartados los defectos mencionados, al conductor sancionado solo le queda cruzar los dedos para que la Administración incumpla alguna de las previsiones establecidas legalmente en cuanto a la notificación y los plazos en que ha de producirse.

El domicilio en el que se ha de notificar la sanción es aquel que conste como domicilio del infractor. Uno de los supuestos más frecuentes le encontramos en la falta de notificación de la sanción al conductor, pero posteriormente si se produce la notificación de la reclamación de la deuda en vía ejecutiva por parte de la Agencia Tributaria. Cada vez son más los supuestos en los que se consigue anular el expediente al no haber notificado al infractor, lo que generalmente suele ocurrir cuando se intenta notificar en el domicilio que tiene la DGT del vehículo, y ésta no coincide con la del infractor. 

En cuanto a los plazos en los que la sación debe de ser notificada, la Administración cuenta con tres meses en el caso de infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves, ya que si transcurren esos límites, la multa habrá prescrito. De igual modo, si transcurre un año desde que se inicia el procedimiento sancionador sin que se hubiera producido una resolución sancionadora, se producirá la caducidad del procedimiento, (lo que quiere decir que la administración deberá proceder al archivo de las actuaciones).

En mi opinión, es fundamental examinar caso por caso, ya que en muchas ocasiones se aconseja a los clientes que se beneficien de la rebaja del 50% del importe de la sanción, al carecer de sentido la presentación de alegaciones, sin embargo, hay otros supuestos en los que merece la pena pelear la resolución sancionadora al haber incurrido la Administración en algún defecto en su actuación, siempre sin olvidar el importante desequilibrio que entraña pelear contra una administración pública y el coste que ello implica.



miércoles, 1 de enero de 2014

"¿Cuáles son los derechos de los consumidores en época de rebajas?


Las tiendas aprovechan esta época para comenzar a poner algunos de sus artículos en oferta. En unos días llegarán las rebajas, y con ellas volverán a surgir multitud de dudas sobre los derechos que tenemos como consumidores, por lo que intentaré resolver las más comunes. 

En primer lugar, debemos distinguir entre "venta de productos rebajados", "venta de productos en promoción u oferta" que son aquellos que tienen un precio inferior al habitual, con el fin de potenciar su venta, "venta de saldos" que es la venta de productos deteriorados o defectuosos, y "venta de productos en liquidación", que tiene como finalidad acabar con las existencias, bien por el cese total o parcial de la actividad comercial, la reforma del negocio o el cambio del local. Cada una de estas ventas se rige por sus propias normas.  

LA VENTA DE PRODUCTOS REBAJADOS

Tradicionalmente los periodos de rebajas eran dos, el primero tenía lugar a principios de año y el segundo en torno al periodo de vacaciones de verano, siendo las Comunidades Autónomas las que establecían las fechas concretas llegado el momento. Como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, el pasado 13 de Julio de 2.012, las rebajas se liberalizaron completamente, permitiendo a cada comerciante elegir en los periodos estacionales de mayor interés, según su criterio, cuando comenzar el periodo de rebajas y la duración del mismo. 

Cuando un establecimiento decide colgar un cartel de "rebajas", debe de indicar de forma clara y visible las fechas de duración y el horario. Se entenderá que un artículo se encuentra rebajado cuando se venda habitualmente en el establecimiento y siempre que tenga un precio inferior al establecido antes de dicha venta. Por lo que queda prohibida la venta de productos rebajados que hayan sido fabricados expresamente para esas ventas, así como aquellos de temporadas anteriores y productos defectuosos o deteriorados. Los artículos objeto de venta en rebajas deberán haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas.

En ocasiones tenemos la sensación de que en algunos productos no se aprecia apenas la rebaja, sin embargo debemos de saber que la ley obliga al vendedor a que siempre que haya artículos con reducción de precio, figure en el artículo con claridad el precio anterior junto con el precio reducido, entendiéndose por precio anterior aquel aplicado en los treinta días anteriores. Evidentemente se excluye de esta obligación las reducciones porcentuales de un conjunto de artículos, en donde bastará con el anuncio genérico sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo ofertado. 

La ley guarda silencio sobre cual es la cantidad que debe de ser rebajada, dejando total libertad al comerciante para establecerlo, obligandole únicamente a que los productos no se vendan por debajo de su coste, pues de lo contrario se estaría produciendo competencia desleal.

En relación a la garantía de los productos de naturaleza duradera, no se produce ningún cambio con respecto a los mismos bienes vendidos en condiciones normales. Es decir, dichos productos también se ven beneficiados de una garantía legal de dos años. Es importante guardar el tiquete/factura de compra de dichos productos, para que de surgir algún tipo de problema se pueda hacer uso de la garantía, en caso de que ésta no haya sido sellada.

De cara a la posible devolución de los productos rebajados, la ley sólo obliga a que exista tal posibilidad cuando el producto sea defectuoso. Por tanto, cuando el producto rebajado no esté deteriorado, el comerciante no tiene la obligación de aceptar la devolución del producto adquirido en periodo de rebajas, pese a que muchos comercios sí admiten tales devoluciones. Por este motivo, es importante que, antes de realizar la compra, el consumidor averigüe si va a poder o no devolver el producto, y en caso negativo debe asegurarse, antes de pagar, que el mismo está en buenas condiciones y se adecua a sus necesidades.

Si adquirimos un producto antes de que empiecen las rebajas, pero queremos devolverlo una vez éstas hayan comenzado, ¿qué precio es el que rige, el de la compra o el del momento de la devolución?. En este sentido, la ley es bastante clara, y establece que si el vendedor reconoce el derecho a devolver un producto debe de reembolsar el precio que el artículo tenía en el momento de la compra y no un precio inferior. Por lo tanto, si intentamos devolver un producto en plenas rebajas que fue adquirido antes de que comenzaran, nos han de reembolsar el dinero que se pagó. 

Otro de los supuestos más comunes que da lugar a disputas radica en el mal etiquetado de los artículos, cuando aparece un precio pero al ir a pagar el precio resulta ser otro. En estos casos hay que saber que el importe que se ha de abonar es siempre aquel que aparece en el etiquetado del producto, al ser esta la información recibida por el consumidor. 

En cuanto a los medios de pago, algunos establecimientos no admiten tarjetas de crédito en las compras, sin embargo el consumidor ha de saber que si en condiciones normales hubiera podido pagar con tarjeta de crédito, también puede hacerlo en periodo de rebajas, sin que pueda sufrir ningún tipo de recargo sobre el precio rebajado por hacer uso de ella.

Si  el comerciante se negase a sellar la garantía pese a haberlo solicitado el consumidor, si no admitiera la devolución de un producto  defectuoso, si no admitiera la devolución de un producto en buen estado pese a haber publicitado que sí “se admiten cambios”, o si se niegan a aceptar el pago mediante tarjeta de crédito pese a admitirlo en periodos normales de venta, el consumidor debe pedir y tramitar una hoja de reclamaciones en el mismo establecimiento donde se adquirió el producto. Ésta ha de ser oficial, y no una hoja interna del establecimiento, práctica habitual en grandes almacenes con las que evitan que el hecho reclamado llegue a la Dirección General de Consumo o a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

Después de toda esta información, no nos dejemos engatusar por precios rebajados, ya que cada vez son más comunes las noticias de engaños en estas fechas, comprobemos que realmente el artículo rebajado cumple nuestras expectativas antes de adquirirlo, y ejerzamos nuestros derechos como consumidores si es necesario.