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domingo, 21 de diciembre de 2014

¿Cuáles son mis derechos si pierden mi maleta en el aeropuerto?


En esta época del año es en la que más viajamos, por lo que me ha parecido interesante acercar el tema de la pérdida de maletas en aeropuertos, ¿cuáles son nuestros derechos? y ¿cuáles son los pasos a seguir?.
Lo primero que debemos saber es que el responsable de la pérdida o deterioro de nuestro equipaje es el transportista, ya que tiene lugar a bordo de su avión y dentro del tiempo en el que nuestro equipaje está bajo su custodia. Y así lo establece el Convenio de Montreal, normativa de aplicación en el transporte internacional, y que rige para los países de la Unión Europea y aquellos otros firmantes del mismo. 
 
Una vez que conocemos este extremo, cuando nos damos cuenta de que nuestra maleta no esta en la cinta transportadora, debemos acudir al mostrador de la compañía con la que hemos viajado y solicitar un formulario de reclamación. En ese momento nos harán entrega de un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), para que podamos dejar constancia de la incidencia, ya que si no se tramita podría entenderse que el pasajero ha recibido su equipaje correctamente.
 
Sin embargo, la presentación del PIR no es una reclamación en sí misma, por lo que debemos presentar una "reclamación formal y por escrito" en el Departamento de Atención al Cliente, a la que es aconsejable acompañar copia del Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) previamente presentado.

Esta reclamación deberá realizarse dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se recepcionó el equipaje, si se trata de daños en el mismo, o de 21 días desde la fecha en que debimos recibirlo, si se trata de un retraso. Lo más recomendable es rellenar el PIR y luego realizar a continuación la reclamación, para evitar la pérdida de derechos por el transcurso del tiempo. Cuando transcurren 21 días desde que se realizó la reclamación, y nuestro equipaje no aparece, la compañía aérea da la maleta por desaparecida definitivamente.
 
En ese momento, todo pasajero tiene derecho a una indemnización o compensación, tanto si su maleta ha sufrido un deterioro como si se ha extraviado. Este derecho se cuantifica en lo que se ha denominado "Derechos Especiales de Giro" (DEG), una unidad especial de valor que varía en cada momento, creada por el Fondo Monetario Intenacional, y cuyo limite se encuentra en 1.131 DEG (unos 1.300 euros).
En caso de que tal extravío conlleve un perjuicio grave para el usuario, o bien la compañía no se avenga a indemnizar, o la indemnización propuesta nos parezca insuficiente, el consumidor puede acudir a la vía judicial en los dos años siguientes cuando se trate de vuelos internacionales y de seis meses para los nacionales.
¿Qué ocurre si en mi maleta llevaba un objeto de mucho valor?. Es evidente que una vez extraviada la maleta, el pasajero no puede acreditar que en la misma existían artículos de valor, por lo que siempre es recomendable cuando se transporten éstos, declararlos antes de facturar, de forma que se verrificará el valor de los mismos, y el pasajero deberá de pagar un suplemento por asegurar ese contenido.
Si el pasajero considera que la compañía no ha cumplido con la legalidad, puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y poner en su conocimiento lo ocurrido, presentando toda la documentación, de esta forma AESA podrá sancionar a la compañía, aunque no tiene competencia para imponer la obligación de indemnizar al consumidor.
 
 

miércoles, 17 de diciembre de 2014

¿Puede una Comunidad de Propietarios prohibir que entre un perro a la propiedad de su dueño?

 
La mayor parte de las personas que tienen una mascota, consideran a ésta como un miembro más de su familia. En muchas ocasiones, el uso que estos animales hacen de las zonas comunes en una Comunidad de Propietarios genera discusiones entre los vecinos.
 
La Ley de Propiedad Horizontal permite que sean los propios vecinos los que establezcan mediante votación, las normas en las que basar su convivencia. Sin embargo, la prohibición de animales de compañía en el edificio obligaría al propietario a tomar la drástica y dolorosa decisión de desprenderse del animal. Además, para introducir esta norma en los estatutos de la comunidad, es necesaria la votación y aprobación por unanimidad de los vecinos, lo que evidentemente, no resulta nada fácil.
 
Todo lo relacionado con las mascotas y las Comunidades de propietarios genera muchos conflictos entre los vecinos, llegando incluso a ser necesario acudir a los Juzgados, aunque en este sentido, la Jurisprudencia es bastante clara, ya que normalmente prima la libertad de toda persona a poder actuar dentro de su propiedad, por lo que carecen de sentido aquellas restricciones que supongan una anulación o intromisión injustificada en las facultades de uso y aprovechamiento que integran el derecho de propiedad singular sobre los espacios privados.
 
Al margen de lo anterior, la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe con carácter general, como es lógico, el desarrollo de cualquier actividad molestas, insalubre, nociva, peligrosa o ilícita en el domicilio de cualquier vecino, que de alguna forma altera la vida del resto de los vecinos (por ejemplo ladridos constantes, olores, deterioros de zonas comunes, etc). Ante cualquiera de estas circunstancias, los vecinos tienen derecho a denunciar estos hechos, siempre y cuando puedan acreditar que la conducta de ese vecino afecta a la convivencia pacífica de la Comunidad, siendo las autoridades competentes quienes puedan sancionar al causante.
 
Me parece interesante diferenciar cuando el propietario del animal no es el dueño de la vivienda, sino el arrendatario del inmueble, ya que en este caso es posible la prohibición de la tenencia de animales en el domicilio, bastando su inclusión expresa en el contrato de arrendamiento, pudiendo formar parte de las causas de resolución de así se hace constar.
 
En ocasiones, la Comunidad de Propietarios no acuerda la prohibición de animales, sino que fija unas normas básicas de convivencia, como por ejemplo no llevar al animal suelto en zonas comunes. El problema surge cuando un vecino incumple esta norma a conciencia, ya que la Comunidad de Propietarios no tiene potestad para sancionar al infractor de la misma, y ¿qué puede hacer?. La Comunidad de Propietarios, a través de su presidente, deberá requerir al propietario que incumple la norma de forma fehaciente, para que cese en su actitud, pudiendo en caso de que persista, acudir a los Juzgados para conseguir una sentencia condenatoria, para que de continuar con la misma actitud, pueda ser denunciado por la comisión de un delito de desobediencia.
 
 

miércoles, 10 de diciembre de 2014

"El papel del tráfico rodado en la contaminación del aire"


Hoy os dejo mi colaboración en la revista cultural SEDE, que en esta ocasión esta dedicada al AIRE:
Si nos preguntasen cuál es la principal causa de contaminación de nuestro aire, muy probablemente nuestras primeras respuestas serían la industria, las fábricas, sus emisiones, etc. Sin embargo, la realidad presenta una importante causa igual de peligrosa para el ser humano, y de la que éste es directamente responsable: “EL TRÁFICO RODADO”.
Es innegable que la utilización de vehículos a motor está plenamente integrada en nuestro día a día. Las sociedades modernas han dado prioridad al uso del vehículo privado, considerándole el medio de transporte más cómodo, o el que nos aporta mayor independencia y nos ayuda a economizar más nuestro tiempo, a pesar de que ese uso creciente supone un impacto ambiental probablemente irreversible. 
Actualmente, el aire que respiramos está muy por encima de los índices de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud como seguros, siendo el intenso y continuo tráfico de las ciudades el principal responsable. Los datos indican que en España, el 80% de la contaminación atmosférica está causada por el tráfico motorizado, mientras que el porcentaje en Europa alcanza el 40%. Sin embargo, a pesar de lo alarmante de los datos, en los últimos años todo el empeño se ha puesto en favorecer este medio de transporte, intentando mostrarle al consumidor los grandes avances que se han realizado en el mismo. 
La proximidad del tráfico rodado a la población, convierte a este tipo de contaminación en una de las formas más peligrosas, ya que generalmente las emisiones industriales están alejadas de los puntos de población, y a pesar de que en tonelaje son mucho mayores, la exposición humana a los contaminantes del tráfico es más alta, convirtiéndola así en más nociva.
Dentro de la contaminación que provoca la circulación de vehículos a motor, los tres contaminantes que generan más problemas para la salud son las denominadas “partículas en suspensión”, el “dióxido de nitrógeno” y el “ozono troposférico”. Numerosos estudios confirman que las personas que residen cerca de zonas con una mayor intensidad de tráfico presentan mayores problemas respiratorios y un mayor número de infartos, entre los niños existen mayores casos de bronquitis, y las mujeres embarazadas tienen a sus bebés con un peso inferior al habitual. 
En el año 2.005, un Informe del Parlamento Europeo cuantificó en 310.000 las muertes prematuras al año por contaminación atmosférica en Europa, fijándose en España entre 14.000 y 16.000 muertes. Hoy en día, la Agencia Europea de Medio Ambiente habla de 400.000 muertes prematuras al año en Europa, estimándose que la cuota para España ha alcanzado las 30.000 personas. Los datos y las estadísticas son cada vez más preocupantes, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que en el año 2.012, más de 7 millones de personas murieron a consecuencia de la contaminación del aire, es decir, uno de cada ocho personas. 
Estos datos han llevado a algunos países a adoptar medidas urgentes para evitar que año tras año se superen los límites de contaminación marcados como seguros, aunque este tipo de contaminación continúa sin recibir la atención que debiera. Está claro que para afrontar este problema de salud pública, las Administraciones no pueden limitarse a meras recomendaciones a los ciudadanos para que utilicen el trasporte público. Tal y como ha quedado demostrado en la última década, cuando en ciudades como Madrid y Barcelona se han disparado los niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión muy por encima de lo marcado por Europa, y se ha pedido insistentemente a los ciudadanos que utilizasen el transporte público, a pesar de la gravedad de la situación, la mayoría de los conductores han hecho caso omiso a la petición. 
Por lo tanto, si las Administraciones Públicas de verdad quieren solucionar uno de los principales problemas de salud medioambiental mundial y probablemente uno de los retos a los que ha de encarar el ser humano en el siglo XXI, deben poner en marcha medidas y planes que modifiquen el modelo de movilidad actual. Las medidas a corto plazo son importantes, pero sin duda las decisivas son aquellas que se adopten para obtener resultados a largo plazo, y que supongan una mejora de la calidad del aire de forma permanente en el tiempo.
En ciudades como Londres o Estocolmo, ya se han establecido sistemas de peajes urbanos que han conseguido desde el año 2.003 reducir la circulación en el centro de la ciudad en un 18%. En Atenas, adoptaron medidas mucho más drásticas, llegando incluso a limitar la circulación entre los meses de septiembre y julio en función de la matrícula del vehículo, permitiendo en los días pares circular a los vehículos con matrículas pares, y en los días impares circular a vehículos con matriculas impares. 
Restringir el tráfico motorizado en las ciudades, hacer cumplir las medidas de reducción de velocidad a 80 km/h en el acceso a las mismas, o la tan poco popular del pago por el aparcamiento quizás son las medidas más comunes, por lo que a España le bastaría con observar las medidas adoptadas en los países vecinos y comprobar cuales han sido los resultados obtenidos para tomar una decisión. Junto a éstas hay otras muchas inversiones que podrían dar solución al problema: crear más carriles bici en las ciudades y fomentar los desplazamientos en bicicleta, crear bonos mensuales de transporte tarifa plana, bonificar fiscalmente a los usuarios de transporte público, facilitar el acceso a los ciudadanos a los datos de contaminación de todas las ciudades, implantar paneles de movilidad para empresas públicas y privadas de más de 200 trabajadores, habilitar carriles bus VAO en los principales accesos a las ciudades, subvencionar la compra de vehículos ecológicos, etc.que sin duda ayudarían a transformar el modelo de movilidad tradicional hacia un modelo sostenible. ¿Qué medidas se han adoptado en nuestro país en la última década para cambiar el modelo de movilidad?, ¿será que no interesa?.
En muchas ocasiones las Administraciones Locales han apostado por poner en marcha medidas que suponían un gran coste para las arcas públicas pero a las que no se les han dado ninguna continuidad, no se han unido a campañas de concienciación o se ha incentivado de algún modo a los ciudadanos. También es conocida la creación de Planes de Mejora de la Calidad del Aire y Planes de Acción para reducir la contaminación, pero la realidad es que se ha tardado tanto tiempo en decidir ponerlos en marcha, que para cuando ha llegado ese momento, ya estaban totalmente obsoletos y había que volver a empezar. 
Concienciar y mejorar la movilidad urbana apostando por otras formas de transporte que ayuden a reducir las emisiones es la única opción, pero mientras nuestros dirigentes políticos no adopten medidas realistas, eficaces y valientes, que garanticen el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional, y de alguna manera apuesten por una movilidad sostenible, los ciudadanos seguiremos pagando el precio.
En cualquier caso, y al margen de la capacidad o voluntad de nuestros dirigentes, la solución a este problema está en manos de los ciudadanos, quienes tenemos a diario la libertad para elegir nuestro medio de transporte, decisiones que sin duda van a condicionar el futuro de nuestro medio ambiente y nuestra salud. ¡Ha llegado el momento de adquirir compromisos!

lunes, 8 de diciembre de 2014

Después de casi cuatro años de la Ley Antitabaco, ¿se cumple?


Hace algún tiempo me llegaba una consulta respecto a la Ley antitabaco, concretamente sobre las condiciones que han de darse para poder fumar en un establecimiento, así como si era posible fumar en un local a puerta cerrada al público. Y es que en ocasiones, propietarios de locales de hostelería bajan la persiana después de la hora de cierre, permitiendo que algunos clientes de confianza permanezcan dentro, aprovechando estos para seguir realizando consumiciones y fumar. ¿A que multas se enfrentan los fumadores? ¿Y los propietarios que lo permiten?

La Ley 42/2010, de 30 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, comúnmente conocida como Ley Antitabaco entró en vigor el pasado día 2 de Enero de 2.011. Desde entonces, está prohibido fumar en sitios públicos cerrados que vayan a ser compartidos, así como en todo tipo de centros de trabajo, pero también en sitios abiertos como los recintos educativos y sanitarios y los parques infantiles.

La reforma estaba pensada para avanzar en la protección de la salud de los ciudadanos, ampliando los lugares en los que se prohíbe fumar, medida encaminada a potenciar la deshabituación del tabaco y a erradicar a meio y largo plazo el hábito de fumar, siguiendo así la linea de prevención y ocntrol del tabaquismo marcada por la Unión Europea. 

Casi cuatro años después, los estudios afirman que la concentración de nicotina se ha reducido en un 90% entre 2.004 y 2.012, asimismo se han visto reducidos de manera significativa los nacimientos prematuros y los ingresos hospitalarios de adultos por infarto y de menores por asma. Datos de este tipo podrían llevarnos a pensar que la población tiene asimilada la normativa, pero ¿realmente se cumple?. 

A principios de año leía en un periódico que en la Comunidad de Madrid las multas por incumplir esta ley aumentaron un 253% en dos años, y ello a pesar de que las denuncias se habían reducido un 25%. Por su parte, en Murcia se realizaron en el año 2.013 más de 10.000 inspecciones, dando lugar al inicio de 304 expedientes sancionadores, de los que el 60% venían motivados por el consumo de tabaco en establecimientos hosteleros, y un 10% por fumar en otros lugares no autorizados. 

La mayor parte de los expedientes sancionadores que se inician recaen sobre hosteleros que permiten fumar a sus clientes, que no cuentan con los preceptivos carteles de “prohibido fumar”, o de prohibir la venta de tabaco a menores de edad, con las correspondientes advertencias sanitarias, o que permiten la utilización de la máquina de tabaco a menores de edad. 

En este sentido, la ley considera como infracción leve el hecho de fumar en los lugares en que existe una prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto, conducta que lleva aparejada únicamente una multa de 30 Euros, siempre que se trate de una conducta aislada, ya que en caso de no serlo y acumular tres infracciones supondría la comisión de una infracción grave (entre 601 Euros y 10.000 Euros). 

Sin embargo, establece como infracción grave la conducta del que permite fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo, es decir, el propietario de un establecimiento que permite a sus clientes fumar comete una infracción grave y en consecuencia, una sanción mucho mayor, ya que la sanción podría estar entre 601 euros y 10.000 Euros.

En cualquier caso, para fijar la cuantía de estas u otras sanciones de la misma ley, se atenderá al riesgo generado para la salud, la capacidad económica del infractor, la repercusión social de la infracción, etc.

Además, la conducta del propietario del establecimiento que cierra la persiana pero permite que sus clientes permanezcan en el local como si éste estuviera abierto incurre en otra infracción perfectamente sancionable, al incumplir los horarios de apertura y cierre, y es que se consideraría abierto al público a pesar de tener la persiana cerrada.



domingo, 7 de diciembre de 2014

"El peligro de recortar los plazos de la instrucción de las causas"



Ayer hacía referencia a una de las principales novedades que pretende introducir el Gobierno con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "En peligro la asistencia letrada al detenido en la toma de muestras de ADN", sin embargo, no es la única, ya que también se pretende establecer un plazo máximo para la instrucción de los procedimientos, concretamente de 6 meses.
Debemos recordar que la fase de instrucción de todo procedimiento es aquella en la que el Juez realiza todas aquellas actuaciones y practica aquellas diligencias de investigación que considera oportunas para el esclarecimiento de los hechos, y la averiguación de las circunstancias en que han tenido lugar, así como de los sujetos que han intervenido.
Estamos hablando de una fase vital y determinante del procedimiento, que tiene como finalidad la preparación del juicio oral, ya que recabadas todas las pruebas, el juez de instrucción determina si existen indicios racionales de la existencia de un delito, o por el contrario procede el archivo de la causa.
Pues bien, lo que pretende el Gobierno precisamente es fijar un plazo de 6 meses a los jueces para desarrollar esta fase, pudiendo ampliarse hasta 18 meses de forma excepcional y previa resolución motivada y recurrible para los sumarios más complejos. Con esta propuesta, según ha explicado el Ministro de Justicia, se pretende evitar "que los ciudadanos tengamos sensación de impunidad, dando agilidad a nuestra justicia penal".

Sin embargo, no han tardado ni 24 horas en salir al paso jueces y fiscales, afirmando que los medios con los que cuenta actualmente la justicia española hacen absolutamente inviable finalizar en 6 meses una investigación, por poco compleja que sea, y es que actualmente hay determinadas diligencias que tardan en llegar al Juzgado de instrucción más de 6 meses. Incluso hay quienes afirman con rotundidad que esta medida en sí misma no aporta nada positivo, y es que basta con acudir a los grandes casos de corrupción de los últimos tiempos, caso Bárcenas, Bankia, Gürtel, etc, para comprobar que se trata de plazos absolutamente insuficientes dada la complejidad de la instrucción. Y es que, de haberse encontrado esta norma ya en vigor, estos casos se hubiesen sobreseído por falta de pruebas, o se dirigirían contra muchos menos imputados, al no haber podido esclarecer suficientemente los hechos.
Los ciudadanos queremos que aquellos que cometan un delito sean castigados por ello, pero siempre guardando todas las garantías, y no queremos procedimientos rápidos, o la fijación de plazos innecesarios de investigación que den lugar a errores. Sin duda, se trata de una medida que va a beneficiar al investigado, ya que a través del mecanismo del recurso, va a poder dilatar a su antojo el tiempo de la investigación judicial.

Lo sorprendente es que esta reforrma se incluya entre las medidas contra la corrupción, y que con ella se pretende dar agilidad a nuestra justicia, cuando lo que necesita nuestra justicia son mayores medios materiales y humanos, algo que hasta la fecha no es objeto de reforma o estudio...

sábado, 6 de diciembre de 2014

"En peligro la asistencia letrada al detenido en la toma de muestras de ADN"

 
El pasado septiembre de este año, conocíamos el criterio del Tribunal Supremo sobre la recogida de ADN en sede policial, quien unificaba doctrina acordando la necesidad de asistencia letrada en la toma de muestras biológicas del detenido, siempre que existiera consentimiento de éste, o que existiera autorización judicial.
En ese momento, se determinan como válidas las muestras obtenidas en la causa, permitiéndose contrastar con la base de datos policial, formada por muestras recogidas en otras causas, aunque sobre las mismas no conste que hubo asistencia letrada en el momento de su recogida.
Sin embargo, la unificación de doctrina que realizó, hace apenas tres meses, el Tribunal Supremo no ha sido del gusto del Gobierno, por lo que aprovechando el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluye que “la asistencia letrada no será precisa para la recogida de muestras de sustancias biológicas del detenido con los fines previstos en la legislación sobre bases de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir de ADN”.
Es de sentido común, y así lo afirma el Tribunal Supremo que, la asistencia de un abogado que asesore al detenido sobre el alcance de sus derechos, y sobre la transcendencia y alcance de la recogida de muestras biológicas en particular, forma parte de los derechos fundamentales a la intimidad y defensa de toda persona, por lo que su privación vulnera claramente los artículos 17.3 y 24 de la Constitución Española.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya ha puesto de manifiesto en alguna sentencia la injerencia que la prueba genética comporta para los derechos fundamentales y los riesgos que supone su conservación, pero además estableció al referirse a la necesidad de asistencia letrada que, de conformidad con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal injerencia ha de estar suficientemente precisada y regulada en las legislaciones de los estados, para permitir que el detenido decida sobre su conducta, asistido por un “consejero” que le informe del alcance de la misma.
El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su inmediata oposición al proyecto del Gobierno, ya que al igual que entiende el Alto Tribunal, el almacenamiento de muestras biológicas “constituye una suerte de preconstitución de prueba a perpetua memoria de particular relevancia”, ya que el detenido accede a una “genérica y abierta condición de sospechoso para hechos delictivos pasados y futuros”, pudiendo la policía cotejar su ADN sin límite. No podemos olvidar que la toma de muestras en esta fase únicamente crea un registro de sospechosos, pero no de condenados.
Como ha ocurrido con otras reformas, ya hay voces que apuntan que de mantenerse así la redacción del proyecto, deberá ser el Tribunal Constitucional el que determine la vulneración o no de derechos fundamentales, e incluso, podría ser como en otras ocasiones el propio Tribunal Europeo quien invalidase nuestra legislación por ser contraria al Derecho Comunitario.

domingo, 16 de noviembre de 2014

"Importante acuerdo sobre el céntimo sanitario"


El "céntimo sanitario" vuelve a estar de plena actualidad, después de que el pasado mes de Febrero conociéramos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se declaraba ilegal el Impuesto que gravaba la venta minorista de determinados hidrocarburos.
 
Finalmente, ante la inminente huelga convocada por el sector del transporte, el pasado jueves se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre la devolución de los importes recaudados por este concepto. La situación ha avanzado mucho desde el post "El Negocio del Céntimo Sanitario". ¿Cuáles son los principales compromisos que se han alcanzado en ese acuerdo?.
 
 
Fundamentalmente son dos, por un lado, la Administración se compromete a devolver la totalidad de las cantidades que fueron cobradas indebidamente por el céntimo sanitario, comprometiéndose igualmente a realizar el pago entre el mes de diciembre de 2.014 y el próximo mes de febrero de 2.015. Y por otro lado, se ha conseguido que el momento en el que se ha de tributar por la devolución del céntimo sanitario sea el año fiscal en el que se obtenga efectivamente la devolución, para evitar así recargos e intereses de demora.
 
Aun quedan muchos datos que conocer de este acuerdo, pero las Asociaciones de Transportistas prevén que los transportistas podrían recuperar entre 1.000 y 2.000 euros por cada ejercicio y camión.
 
 

miércoles, 12 de noviembre de 2014

¿En qué momento se puede pedir una pensión compensatoria?

 
La pensión compensatoria es un derecho que tiene el cónyuge que, ante una ruptura matrimonial, se encuentra en una situación de empobrecimiento y desequilibrio económico. Su finalidad es equiparar o equilibrar la economía de ambos cónyuges, y que su situación se asemeje a la que existía antes de la crisis matrimonial. Por lo tanto, el cónyuge que sufre el desequilibrio podrá pedir una pensión al otro cónyuge, debiendo de examinarse caso por caso la situación familiar, personal, laboral y social de ambos cónyuges, y determinar si realmente existe tal desequilibrio.
Esta claro que el derecho a la pensión nace en el momento en que tiene lugar la ruptura, y por consiguiente el desequilibrio respecto a la situación anterior, sin que la concurrencia de circunstancias sobrevenidas después del cese de la convivencia conyugal pueda dar lugar al reconocimiento del derecho. En este sentido se han pronunciado la mayor parte de las Audiencias Provinciales, lo que pone de manifiesto la necesidad de que la solicitud de este derecho se ejerza en el momento en que tiene lugar el establecimiento de las medidas que van a regir la relación entre ambos cónyuges. A falta de solicitud expresa, el cónyuge pierde la oportunidad de solicitarlo en un proceso posterior.
Es frecuente que las partes dejen transcurrir un periodo de tiempo antes de iniciar los trámites de divorcio en el Juzgado: ¿qué ocurre cuando el procedimiento judicial tiene lugar años después de que se haya producido la ruptura?. La jurisprudencia ha entendido que si se deja transcurrir un periodo de tiempo prolongado, se crea una apariencia de inexistencia de desequilibrio económico, ya que al no haber existido una reclamación expresa se presume que no era de entidad suficiente.
Las razones por las que un cónyuge puede no iniciar un procedimiento de separación o divorcio pueden ser muy variadas, a pesar de existir ese desequilibrio económico, sin embargo, esa apariencia de independencia económica que se mantiene durante varios años, desde que se produce la ruptura hasta que se inicia el procedimiento impide ser apreciada, considerando incluso que existe una renuncia tácita de la pensión compensatoria.
Frente a esta posición mayoritaria, algunas Audiencias Provinciales han considerado que la solicitud de pensión compensatoria ha de ser estimada a pesar de que transcurran varios años desde que se produjo la ruptura, siempre y cuando las circunstancias existentes en el momento del cese y en el momento de la solicitud sean idénticas.


martes, 4 de noviembre de 2014

"La cláusula de permanencia en los contratos de telefonía móvil"



La mayor parte de las compañías de telefonía incluyen en sus contratos un compromiso de permanencia de sus clientes, a cambio de que éstos se beneficien de una tarifa más ventajosa, o reciban un terminal a menor coste o incluso coste “0”. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el consumidor acepta y firma el contrato sin ser del todo consciente de lo que citada cláusula implica.

En primer lugar, para que la cláusula de permanencia sea válida, ha de recogerse expresamente en el contrato, junto al modo de extinción y las consecuencias en caso de incumplimiento. Normalmente, si el consumidor ha obtenido una serie de ventajas por comprometerse a permanecer un determinado tiempo, normalmente 18 o 24 meses, y decide finalizarlo de forma anticipada, sin que exista una razón justificada (por ejemplo un servicio defectuoso), se le impondrá una penalización económica, siempre a razón del beneficio o la ventaja obtenida al comienzo de la relación contractual.

Es en este punto donde surge la eterna pregunta: ¿tengo la misma penalización si me voy el primer mes de contrato que si me voy el décimo?

Aunque el criterio mayoritario entendía que la penalización tenía que ser proporcional a los meses que quedasen por cumplir, lo cierto es que desde el pasado 13 de Junio, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, de la que ya hablamos en el post: "Los 5 puntos que todo consumidor tiene que conocer tras la reforma", se pone fin de forma definitiva al cobro de penalizaciones íntegras.

El artículo 74.4 establece expresamente que “en caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja, o cese prematuro de la relación contractual, será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado”. Igualmente, con esta reforma se suprime la denominada “penalización inversa” que consistía en que el consumidor paradójicamente sufría una mayor penalización contra más tiempo hubiese durado el contrato, incrementándose progresivamente.

Otra de las cuestiones que surgen en torno a las penalizaciones radica en si ¿el operador puede aplicar a la penalización el IVA? En el año 2.011, la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo hizo público que “las cantidades que una compañía de telefonía móvil recibe en concepto de indemnización por incumplimiento del contrato al darse de baja el consumidor antes de la finalización de su compromiso de permanencia no son consideradas prestación de servicios o entrega de bienes, y por lo tanto no están sujetos al impuesto”.

Y si a pesar de todo, ¿me quieren cobrar toda la penalización, o me quieren cobrar el IVA?. Cuando un consumidor se encuentra en esa situación, ha de presentar una reclamación en consumo, poniendo así en conocimiento de la Administración Pública la posible comisión de una infracción. De este modo, se inicia un procedimiento que determinará si se ha incumplido la normativa existente y de ser así, la compañía de telefonía recibirá una sanción.

¿Cuándo puedo finalizar anticipadamente el contrato sin tener que abonar penalización?. Todo consumidor tiene derecho a poner fin a su contrato de telefonía, sin penalización alguna, cuando tiene lugar un incumplimiento previo y grave de la compañía, o en los supuestos en los que el contrato sufre una modificación sustancial de las condiciones que inicialmente fueron pactadas, por ejemplo una subida de tarifas.

 ¿Qué ocurre con la cláusula de permanencia si el consumidor fallece?. En estos casos, los familiares tienen que poner en conocimiento de la compañía telefónica el fallecimiento del titular de la línea, no estando obligados a continuar con la misma. Si que los herederos tendrán que hacerse cargo de las posibles deudas que el fallecido tenía contraídas con la operadora hasta el día de su fallecimiento. Sin embargo, la ley no regula que ocurre con la penalización en estos supuestos, a mí entender, de fuerza mayor, donde existe una imposibilidad objetiva de cumplirle. Sin embargo, cada vez es más frecuente que las compañías intenten cobrar la penalización por romper la permanencia, viéndose obligados los familiares a devolver el móvil al que está vinculado para evitar el pago. 



martes, 14 de octubre de 2014

"La constante amenaza de los ficheros de morosos" (parte I)


En los últimos años, todos hemos podido comprobar, directa o indirectamente que la amenaza de formar parte de un fichero de morosos se ha convertido en habitual. No es ni siquiera necesario tener una gran deuda, sino que actualmente basta con dejar atrás un recibo de luz o teléfono, e incluso con retrasarnos en el pago para que esta recurrente coletilla aparezca en la reclamación. En este post responderé a las preguntas más habituales, dejando para una segunda parte ¿qué hacer cuando te incluyen en un fichero de morosos de forma indebida?. 

¿Qué son los ficheros de morosos?

Son registros de almacenamiento de información que tienen como finalidad ofrecer datos sobre el riesgo comercial que conlleva contratar con una determinada persona. Probablemente los más conocidos son ASNEF y RAI, pero junto a estos hay decenas, mucho menos conocidos.

¿Qué tipo de deuda puede inscribirse? ¿Cómo se entera el deudor?

Cualquier acreedor podrá inscribir en un fichero de morosos el crédito que tiene contra su deudor, siempre que se trate de una deuda cierta y exigible, vigente e impagada. Es necesario que exista un requerimiento previo de pago y que el deudor de la callada por respuesta. Además, no ha de haber transcurrido más de seis años desde que la cantidad debió de ser abonada.

Esta inscripción ha de ser notificada de forma fehaciente al consumidor en el plazo de treinta días, a fin de que éste pueda ejercitar los derechos que legalmente le corresponden, debiendo de recibir siempre una comunicación por parte del fichero por cada deuda que reúna los requisitos anteriormente mencionados, independientemente de que sean varios acreedores o no. En este caso, el consumidor tiene derecho a conocer cuáles son los datos que se han facilitado al fichero, a fin de que pueda subsanar errores, pero también quien ha sido el acreedor que le ha incluido, así como aquellas entidades que han realizado consultas y se les ha facilitado información.

¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo hacer para salir de un fichero de morosos?

Desde el momento en que una persona aparece en uno de los más de 100 ficheros de morosos que existen en nuestro país, se le van a cerrar las puertas de cualquier entidad financiera a la hora de solicitar un crédito o una hipoteca, pero también la posibilidad de contratación de un servicio básico, por ejemplo, la contratación de una línea telefónica. Cada vez son más las compañías que consultan este tipo de ficheros para poder valorar los antecedentes del cliente, y los incumplimientos recientes en sus obligaciones dinerarias.

Para poder desaparecer de un fichero de morosos, el deudor a de cumplir con su acreedor y abonar la totalidad de la deuda. Cuando esto ocurre, el acreedor tiene obligación de comunicar al fichero de morosos la cancelación de la deuda, sin embargo si transcurrida una semana esta actuación no ha tenido lugar, deberá ser el propio consumidor el que presente la documentación que acredite que no existe deuda alguna, debiendo el fichero dar curso a su solicitud en diez días.

¿Qué puedo hacer si una vez pagada la deuda no cancelan la inscripción?

El órgano al que debemos dirigirnos es la Agencia Española de Protección de Datos, presentando toda la documentación y solicitando la baja en el fichero que corresponda. Se trata de un ente público que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos, y controlar su aplicación, teniendo potestad incluso para imponer sanciones.

Además cuando esto ocurre, y este hecho causa al consumidor graves perjuicios, éste podrá acudir a la vía judicial y reclamar una indemnización por los daños ocasionados, o bien a quien le metió en el fichero y posteriormente no solicitó la cancelación una vez saldada la deuda, o bien al propio fichero por incumplir sus obligaciones (notificación de inclusión en el fichero, obligación de borrar sus datos, etc).

No hay duda de que a la mayor parte de las personas que pasan a formar parte de un fichero de este tipo y no consiguen salir cuando ya no adeudan cantidad alguna, se les causa un grave perjuicio (reputación, denegación de créditos, etc), sin embargo, no basta con ese hecho para obtener una indemnización, sino que es necesario probar y cuantificar el daño sufrido para obtener un resultado positivo ante los Tribunales. 




miércoles, 8 de octubre de 2014

“La importancia del cuestionario de salud al contratar un Seguro de Vida”


Cuando una persona suscribe un seguro de vida, bien a través de una entidad bancaria (muy habitual al contratar una hipoteca), o a través de un agente de seguros, previamente a la firma de la póliza, el tomador realiza un cuestionario sobre el estado de su salud. Éste consta de una serie de preguntas que la compañía necesita conocer con carácter previo, a los efectos de valorar si estima la solicitud y para calcular la prima en función del riesgo. Sin embargo, la mayoría de las veces, quien responde el cuestionario no se toma el tiempo suficiente, al no ser consciente de la trascendencia que sus respuestas pueden tener en el futuro.

Es la propia Ley de Contrato de Seguro, en su artículo 10, la que faculta a las compañías a realizar este cuestionario de salud, obligando al asegurado a declarar todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo, repercutiendo contra él las consecuencias que se deriven de la falta de veracidad en esa declaración.

Por lo tanto, el tomador del seguro ha de responder con sinceridad a ese cuestionario, haciendo constar cualquier enfermedad que padezca o tenga reconocida. Cuando el tomador presenta un informe médico sobre su salud y éste se acompaña al cuestionario, no existe ninguna duda de la veracidad de sus manifestaciones. Pero en aquellos casos en los que no existe informe médico, lo declarado en el cuestionario es fundamental y se examina al pie de la letra una vez producido el fallecimiento.

La ley no obliga a la Compañía de seguros a realizar un chequeo médico al asegurado, ya que la contratación de un seguro de vida no deja de ser un contrato bilateral regido por el principio general de la buena fe de las partes. Es en todo caso el tomador quien asume las consecuencias de la omisión de un dato fundamental, ya que este hecho pone de manifiesto su mala fe y exime a la compañía aseguradora de proceder a la indemnización a los beneficiarios una vez tenga lugar el fallecimiento.

Lo más habitual cuando existen dudas por parte de la compañía aseguradora es que requiera a los beneficiarios del seguro un informe médico donde se acredite la fecha en la que la enfermedad o dolencia que ha causado el fallecimiento comenzó, comprobando así si es anterior o posterior a la fecha en que se realizó el cuestionario y se firmó la póliza de seguro.

Si bien es cierto, como señalaba anteriormente, que la entidad aseguradora no tiene obligación de realizar un chequeo médico al asegurado, si tiene obligación, y sobre esto se ha pronunciado en multitud de ocasiones el Tribunal Supremo, de confeccionar un cuestionario de salud con la máxima diligencia. Las preguntas que se formulen al asegurado han de ser claras, concisas y contundentes, y limitarse únicamente a aquellas cuestiones que la compañía ha de conocer para poder valorar el riesgo.
 
¿Qué ocurre cuando el cuestionario es rellenado por el agente de seguros y no por el asegurado/tomador?

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado en numerosas ocasiones el Alto Tribunal, existiendo una pacífica jurisprudencia al respecto. El Tribunal Supremo ha manifestado que es irrelevante que materialmente lo rellene un tercero y no el asegurado de su puño y letra, siendo lo determinante que aquel lo hiciera siguiendo las instrucciones del asegurado. Para ello,  al margen de la declaración del agente de seguros, o de otros testigos presenciales, habrá de comprobarse si en las respuestas existen datos y detalles que es imposible que el corredor de seguros conociera (datos personales, intervenciones quirúrgicas anteriores, características físicas, etc) sin la colaboración del fallecido.


sábado, 4 de octubre de 2014

"¿Se ha de suprimir la atenuante de confesión en determinados delitos?


El Consejo General de Poder Judicial cree que sí, o al menos que es necesario reconsiderar la aplicación de esta atenuante en los delitos relacionados con la violencia de género y la violencia doméstica. Pero, ¿qué es la atenuante de confesión y cuándo cabe su apreciación?.

La atenuante de confesión aparece recogida en el artículo 21.4º del Código Penal, y concurre cuando el autor de la infracción confiesa el ilícito ante las autoridades antes de conocer que existe un procedimiento judicial contra él. Es suficiente con que la confesión sea veraz, es decir, que en su declaración no se oculten datos relevantes o se añadan otros que no tuvieron lugar. Para que esta atenuante se pueda apreciar, es necesario que el acusado de una versión real, sin que se intente manipular o justificar lo ocurrido con la finalidad de eludir su responsabilidad en los hechos, quedando comprobado una vez se practique la prueba correspondiente. Además, el Tribunal Supremo ha exigido que la confesión se realice ante las autoridades competentes, y que se cumpla con el elemento temporal, es decir, que tenga lugar antes de conocer que se ha incoado el procedimiento contra él.

La finalidad de esta atenuante no es otra que la de incentivar o promover la colaboración del sujeto que comete un hecho delictivo, con la justicia, facilitando así el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto, la investigación. Sin embargo, nuestro código actual hizo desaparecer los elementos subjetivos, de forma que nada tiene que ver la confesión con el arrepentimiento del sujeto y las motivaciones que le mueven a confesar.

Cuando no tiene lugar el elemento temporal, y el sujeto es conocedor de que existe un procedimiento contra él, es posible apreciar la atenuante analógica prevista en el artículo 21.6º de nuestro Código Penal. Esta atenuante esta pensada para aquellos supuestos en los que concurren circunstancias que no se recogen expresamente como atenuantes en el texto legal, pero que merezcan la misma significación o tener el mismo valor. El Tribunal Supremo ha admitido su aplicación cuando el sujeto ya es conocedor del procedimiento pero colabora con la justicia de forma relevante, por ejemplo, en la identificación de otros posibles participes de los hechos.

Pues bien, lo que el Informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial afirma, una vez analizadas 50 sentencias de violencia de género y violencia doméstica, y comprobando que en aquellas en las que se aplica una atenuante, la más recurrente es la de confesión, es que la finalidad de esta atenuante siempre ha sido la de otorgar un tratamiento más favorable al sujeto que facilite la investigación reconociendo su culpabilidad, pero que no ha de aplicarse cuando no exista dificultad en la atribución del crimen a una persona. Por lo tanto, el CGPJ concluye que ha de reconsiderarse la aplicación de esta circunstancia en los delitos con resultado de muerte por violencia de género o violencia doméstica.

¿Estáis de acuerdo con el CGPJ? ¿Esto significa introducir en esta atenuante un elemento subjetivo?




martes, 30 de septiembre de 2014

“365 días de la Mirada de una Letrada”


Hoy hace un año que este blog vio la luz, y sin ninguna duda fue una decisión muy acertada. Mis principales temores supongo que eran y siguen siendo los de todos los que ponen en marcha un blog, sea de la materia que sea: no ser capaz de darle continuidad, no encontrar temas de los que hablar, o aun encontrándolos, que no sean de interés para los seguidores, en definitiva, no gustar o fracasar en el intento.

Si es verdad que tampoco me planteé grandes objetivos, ni un número de seguidores, de visitas o de post, quería probar y experimentar…por la experiencia de otros compañeros, tenía claro que para hacer un trabajo más o menos digno, había que dedicarle muchas horas y mucho estudio. La finalidad siempre ha sido la de acercar el mundo jurídico, ese mundo que tanto me apasiona, al ciudadano de a pie, no solo dar respuestas a problemas cotidianos, sino también profundizar en temas de plena actualidad que al final nos afectan a todos, crear un espacio de debate, y de alguna manera, dar rienda suelta a mi afición a escribir.

Durante todo este tiempo, creo que he atravesado todos los estados posibles, mucho nerviosismo, incertidumbre e inseguridad al comienzo, sorpresa, entusiasmo, optimismo e incluso euforia en algunos momentos, pero también en muchas ocasiones pereza y frustración, llegando incluso a ser incapaz de escribir dos líneas seguidas.

Después de estos 365 días, y de todo lo que este Blog me ha aportado, no solo a nivel personal sino también profesional, puedo decir que ha cumplido con creces todas mis expectativas, me ha obligado a estar más al día que nunca, me ha permitido escribir en otros foros, compartir opiniones con compañeros, etc.

No quiero finalizar sin tener palabras de agradecimiento a mi entorno más cercano y a aquellos que tengo más lejos. A los que están cerca por entender y respetar que dedicarle tiempo al blog suponía restar tiempo a otras aficiones e incluso a ellos mismos, y también por sus comentarios, felicitaciones y consultas que a lo largo de este año he recibido, que sin duda me han ayudado a generar contenidos y han servido para empujar en momentos de ofuscación. Y a los de lejos, pero a la vez cercanos, ya que gracias a ellos todo ha resultado mucho más sencillo.

Twitter me ha dado la oportunidad de estar en contacto diario con compañeros con mucha más experiencia y de los que aprendo a diario, y que han contribuido de un modo u otro con sus RTs y sus palabras a que este proyecto creciese. Nombrarles a todos es imposible, la lista cada día se hace más numerosa, y estoy segura de que me dejaría a alguien en el tintero, pero gracias por el apoyo, por sacarme una sonrisa en muchas ocasiones, y por creer incluso más que yo! 

Por todo ello, afronto el próximo año con un montón de ideas y proyectos, por lo que queda aun mucha Mirada de Una Letrada, al menos por 365 días más!

jueves, 11 de septiembre de 2014

"¿Qué puede hacer un trabajador ante una sanción disciplinaria?


Entre los derechos de todo empresario, y dentro de su poder de dirección y organización de su empresa, se encuentra el “poder disciplinario” que tiene frente a un posible incumplimiento de las obligaciones de sus trabajadores. Como es lógico, el empresario única y exclusivamente puede sancionar conductas en el ámbito de las relaciones laborales, y nunca comportamientos privados del trabajador.

El estatuto de los trabajadores no recoge nada sobre esta materia, por lo que tenemos que acudir a los “convenios colectivos” para encontrar regulación expresa sobre los posibles incumplimientos o faltas en las que puede incurrir un trabajador y las consecuencias o sanciones previstas para ellas.

Por lo tanto, todo empresario ha de regirse por lo que expresamente contenga el convenio colectivo que resulte de aplicación, siendo únicamente sancionables aquellas conductas tipificadas expresamente. Igualmente ocurre con las posibles sanciones, y es que el empresario no puede ir más allá de lo recogido en la norma.

El hecho de que sean los convenios colectivos la norma reguladora de esta materia puede dar lugar a que una misma conducta sea calificada en un sector como falta grave y en otro como leve, diferencia que en muchos casos queda justificada en la importancia o trascendencia del hecho en función del trabajo del que se trate.

Este “poder disciplinario” se ve regido también por dos principios que están muy presentes en nuestro derecho penal español: (a) principio non bis in idem: una misma conducta no puede ser objeto de dos sanciones; (b) principio de proporcionalidad: las posibles conductas sancionables así como las correspondientes sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Normalmente, las faltas leves como por ejemplo la impuntualidad, pueden llevar aparejada una mera amonestación verbal, las faltas graves, como la ofensa no grave o la disminución del rendimiento en un momento concreto, si que puede ser ya castigada con suspensión de empleo y sueldo, y finalmente las faltas muy graves, conllevan probablemente la sanción más grave que existe, el despido.

El trabajador que considere que ha sido injustamente sancionado no tiene otra opción que acudir a los tribunales de lo social para hacer valer sus derechos. Se trata de un procedimiento específico, que como es habitual en el orden social, ha de comenzar con una conciliación o reclamación previa a la vía jurisdiccional. El plazo para iniciar el proceso es de 20 días hábiles desde que se le comunica la sanción al trabajador, con independencia de cuando se cumpla la sanción. El plazo de caducidad se ve suspendido por la interposición de la papeleta de conciliación, y se reanuda el día siguiente de celebrado el acto sin avenencia.

Cuando el trabajador decide acudir al Juzgado, no siempre obtiene una anulación o una confirmación de la falta y por lo tanto de la sanción, sino que en ocasiones la resolución judicial también determina si los hechos son constitutivos de una falta o conlleva una sanción de menor entidad, y es en estos supuestos en los que el empresario tiene un plazo de 10 días para reubicar la calificación y la sanción de la conducta, sin que este hecho le haga perder al trabajador su derecho a impugnar la nueva sanción en ejecución de Sentencia.  

La prescripción. El empresario, una vez que es conocedor de la conducta del trabajador, tiene un plazo legal para sancionarle, si lo considera oportuno, ya que el trabajador no tiene que soportar de forma perpetua las posibles consecuencias o la amenaza de las mismas, es lo que legalmente se conoce como “plazo de prescripción”.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 60, establece un plazo de 10 días para la prescripción de las faltas leves, un plazo de 20 días, para las faltas graves, y de 60 días para las muy graves. En cualquier caso, si el empresario no tiene conocimiento de los hechos, el plazo prescribe igualmente transcurridos seis meses desde que éstos tuvieron lugar.




martes, 9 de septiembre de 2014

"¿En qué consiste la capitalización del paro o el pago único?"


Como consecuencia de la situación de crisis que atraviesa nuestro país, muchos desempleados se han visto obligados a valorar seriamente el “autoempleo” como la opción con más perspectiva de futuro. Precisamente, con la intención de apoyar estas iniciativas surgió la posibilidad de “capitalizar del paro”, intentando que a través de esta medida se minimizase la falta de financiación con la que se encontraban y se continúan encontrando a día de hoy, aquellas personas que quieren poner en marcha un negocio.

Así, a través del pago único, el trabajador desempleado puede solicitar que se le adelante todo lo que le quede por cobrar de su prestación por desempleo, y utilizar esa cantidad para financiar y poner en marcha un nuevo negocio. Sin embargo, la puesta en marcha de cualquier tipo de proyecto no da derecho a solicitar la capitalización del paro, para que la misma sea estimada ha de consistir en: (1) el inicio de una actividad como trabajador autónomo; o (2) la incorporación a una cooperativa; o (3) la constitución de una sociedad laboral o la incorporación a una ya existente.

¿Quién y para qué se puede solicitar el pago único de la prestación?

Este derecho le tiene reconocido aquella persona que tiene reconocida una prestación por desempleo del nivel contributivo (se excluyen los subsidios), y que tiene pendiente de percibir al menos tres meses de prestación. Además, no podrán beneficiarse aquellas personas que ya tuvieron reconocido este derecho en los cuatro años anteriores, o que se encuentran en un procedimiento judicial por haber impugnado el cese de la relación laboral, hasta que éste se vea resuelto. Para que finalmente pueda estimarse la solicitud, el trabajador no podrá iniciar la actividad antes de la presentación de la misma, consistiendo éste hecho en el error más habitual

El destino que se le tiene que dar a esa cuantía queda perfectamente establecido, de forma que el solicitante está obligado a destinarlo a: (1) financiar la inversión de su proyecto de autoempleo (con un límite del 60% del total, salvo los menores de 30 años, o 35 en el caso de las mujeres que podrán destinar el 100%); o (2) a subvencionar las cuotas mensuales pagadas a la Seguridad Social; o (3) al pago de la inversión y a pagos de las cuotas de la Seguridad Social;

Una vez solicitada y concedida la capitalización del paro, el trabajador tiene que presentar la documentación que acredite que se ha realizado una inversión, se ha iniciado la actividad (para lo que tiene un mes desde que percibe el importe del pago único), se ha producido la incorporación a una cooperativa, o ha tenido lugar una aportación de capital. Es importante que el solicitante no olvide que tiene la obligación de permanecer en la actividad con carácter estable, ya que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos, estará obligado a devolver la cuantía recibida. 

Por otro lado, y para aquellos que se estén planteando la solicitud del pago único, es importante saber que la cantidad percibida esta exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre y cuando la actividad se mantenga durante un plazo de 5 años.