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domingo, 29 de diciembre de 2013

"Hacienda no permitirá más aplazamientos y fraccionamientos de pago"


La situación económica actual ha llevado a muchas empresas a la necesidad de aplazar o fraccionar las retenciones e ingresos a cuenta. Durante los últimos años, esto ha servido a los empresarios de válvula de oxigeno, sin embargo, la Instrucción 6/2013 del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) pone fin a esta posibilidad.

Según la Directora General de Recaudación, Soledad García López, la mayoría de los aplazamientos solicitados y tramitados corresponden a solicitudes referentes a deudas de retenciones, y la práctica en estos años revela que "se está dando una cierta utilización de forma fraudulenta a la figura del aplazamiento de las deudas tributarias". Considera que la utilización sistemática de estos aplazamientos hacen que se vean sustituidos los periodos de ingreso voluntario señalados por la normativa tributaria, por los plazos de ingreso propuestos por los obligados tributarios.


Estas consideraciones son las que han llevado a la AEAT a emitir esta instrucción, con el fin de evitar esta práctica, se recuerda a los funcionarios de Recaudación que "La Hacienda Pública no solo tiene derecho a percibir las correspondientes cuotas tributarias, sino también a percibirlas en tiempo y forma".

Por tanto, desde el próximo 1 de enero de 2.014, todas las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de retenciones e ingresos a cuenta van a ser inadmitidos como regla general. Será el solicitante el que tenga que acreditar de forma suficiente que afecta sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o producir un grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública. 



jueves, 26 de diciembre de 2013

"Según el Tribunal Supremo, el Gobierno no señaló razones de equidad en el indulto del conductor kamikaze"


Tres días necesitó el Tribunal Supremo el pasado noviembre para decidir sobre si procedía o no la anulación del indulto del conductor kamikaze, del que hablabamos en el post "¿Como se alcanza un indulto?", y que fue condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años. Sin embargo, hasta esta semana no se han conocido las razones que llevaron a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a anular el indulto. 

El Alto Tribunal estimó el recurso presentado por la familia de la víctima, declarando nula la medida de gracia acordada por el Gobierno, al consider que éste no señaló en el real decreto las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" exigidas por la ley. 

El Tribunal Supremo entiende que a pesar de tratarse de un acto discreccional, su  contenido aludía solamente a los informes desfavorables emitidos por el Tribunal Sentenciador y el Ministerio Fiscal, que se oponían ante la gravedad de los hechos, la oposición de los perjudicados y la falta de concurrencia de razones de justicia o equidad a tal indulto. Por todo ello, la Sala califica la argumentación dada por el Gobierno fuera de toda lógica jurídica. 

Una vez notificada la decisión, se ha concedido al Gobierno un plazo de tres meses para subsanar los errores, por lo que ahora tiene la posibilidad de poder volver a acordar el indulto, mediante una nueva resolución en los términos que han sido expresados en la Sentencia. 



lunes, 23 de diciembre de 2013

"Se amplia la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 12 años"


El pasado día 20 de Diciembre se aprobó el “Real Decreto-Ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”, por el que se amplía a cuatro años el periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción voluntaria de su jornada para el cuidado de los hijos, pasando de los 8 años a los 12 años.

Esta modificación surge con la intención de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que cualquier madre o padre con un hijo de 9 años puede empezar a disfrutar de una reducción aunque no la hubiese pedido con anterioridad.          

¿Quién puede solicitar una reducción de jornada?

Puede hacerlo cualquier trabajador con un contrato de trabajo, independientemente del tipo de contrato, de la categoría que tenga, del las funciones o el turno que le corresponda, del tipo de empresa, etc, basta con que se encuentre en uno de los supuestos concretos que establece la ley, y que da el derecho a la reducción de su jornada y a escoger su horario.

El Estatuto de los Trabajadores establece cuales son los supuestos que pueden dar lugar al derecho a la “reducción voluntaria de jornada”: (1) aquella persona que tiene la guarda legal de un menor de 12 años (hasta ahora era un menor de 8 años), aunque éste no sea su hijo; (2) aquellas personas que estén al cuidado directo de un familiar (padres, abuelos, hermanos, cónyuge) que no trabaje y que no pueda valerse por si mismo, con independencia de su edad; o (3) de un hijo menor de 18 años durante su hospitalización y tratamiento continuado de cáncer o enfermedad grave que implique una larga estancia en el hospital y un cuidado continuo y permanente.

Este derecho permite a la persona quitar entre un 12,5% y un 50% de su jornada diaria, pudiendo ella misma elegir el porcentaje así como su nuevo horario, siempre que se encuentre dentro de su jornada habitual, sin que sea posible concentrar esa quita en un día completo.

En este sentido, y ante la posibilidad de que la elección del trabajador pueda suponer un perjuicio para el resto de trabajadores o problemas organizativos de la empresa, la jurisprudencia es clara al establecer que en ningún caso estas circunstancias implicarían una limitación del derecho del solicitante.

El dato más importante quizás radique en que ante una solicitud de reducción por escrito de un trabajador, la empresa no puede negarse, ni alegar requisitos que no recoge la ley, y en ningún caso despedir al trabajador. El Tribunal Supremo ha sido muy claro en sentencias recientes en las que establece que ante un trabajador en reducción de jornada solo cabe la posibilidad de despido procedente, teniendo la carga de la prueba la propia empresa, ya que en cualquier otro caso, el despido sería declarado nulo y la empresa tendría la obligación de readmitirle y abonarle los salarios de tramitación.


martes, 17 de diciembre de 2013

"¿Me puedo negar a realizar una prueba de alcoholemia? ¿Qué ocurre si el resultado es positivo?"


Las vacaciones de navidad están a la vuelta de la esquina, y con ellas, las tradicionales cenas, comidas de empresa, encuentros con amigos, etc, son precisamente esos desplazamientos y trayectos en coche y los excesos habituales de estas fechas los que hacen que las autoridades intensifiquen los controles de alcoholemia. 

Los periódicos llevan días anunciando que la Dirección General de Tráfico (DGT) está ya poniendo en marcha distintas campañas para reducir al máximo los accidentes de tráfico. Y es que, el año pasado perdieron la vida más de 50 personas durante estas fechas, por lo que me parece interesante recordar las consecuencias de negarnos a realizar un control de alcoholemia, y que ocurre si el resultado de la prueba es positivo. 

Antes de dar respuesta a esta pregunta, hay que detenerse en el artículo 379.2 de nuestro Código Penal, en el que se establece que "el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de dogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a novena días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años". 

Por su parte, el mismo texto legal también prevé la posibilidad de que el sujeto se niegue a realizar las pruebas de detección de alcoholemia, y lo hace en su artículo 383: "el conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y [...], será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años".

Tras la lectura de ambos preceptos, parece claro que el castigo penal es mayor para el conductor que se niega a la realización de la prueba que para aquel que se somete a ella y el resultado es positivo. Pero es que además, hay que tener en cuenta que incurrir en el delito previsto en el artículo 383 del Código Penal no evita el ser condenado también por el previsto en el artículo 379.2.

Sin duda se trata de una cuestión polémica, ya que negarse a realizar la prueba implica no poder comprobar de modo fehaciente la tasa de alcoholemia que presenta el conductor, lo que supone imputar un delito basándose únicamente en indicios y percepciones de los agentes (por ej. un accidente, descoordinación en los movimientos, habla pastosa, dificultad para mantenerse en el carril, circular a velocidad anormal, etc), en definitiva, en los signos externos que evidencien que se encuentra bajo los efectos del alcohol o cualquier droga tóxica. 

Para que esto pueda ocurrir, y a pesar de que el conductor continúe con su negativa a someterse al control de alcoholemia, es necesaria la declaración de los agentes de la autoridad en sede judicial, por que solamente ellos los que investidos de su presunción de veracidad han observado el comportamiento del sujeto, su manera de hablar, su conducta, la halitosis alcohólica, los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas, el nerviosismo, las frases sin sentido, etc. 

Frente a esta postura, encontramos a parte de la doctrina que defiende que castigar por los dos delitos a un sujeto supone una vulneración del principio "non bis in idem", que impide castigar a una misma persona dos veces por los mismos hechos. Ellos consideran que cuando se da este supuesto, nos encontramos ante un "concurso de leyes", por lo que la negativa a someterse al control de alcoholemia lleva aparejada únicamente la pena más grave establecida en el artículo 383 del Código Penal, absorbiendo la conducta descrita en el artículo 379.

Cuando se examina la jurisprudencia, se pone de manifiesto la gran inseguridad jurídica a la que se enfrenta el conductor, al no existir un criterio uniforme al respecto, pudiendo citarse Juzgados en donde se ha condenado al conductor por ambos delitos, y Tribunales en los que el delito mas grave absorbe al que lo es menos. 

Sin embargo, el criterio de la Fiscalía del Estado es claro, entiende que concurre un concurso real de delitos, por lo que han de penarse ambos delitos de forma independiente, al considerar que son conductas diferentes, por un lado la desobediencia, y por otro aquella que pone en peligro la seguridad del resto de usuarios de la vía. En la práctica se traduce en que el conductor se arriesga a ser condenado al doble de pena de prisión y multa, así como a la retirada del permiso de conducir por el doble de tiempo también. 

¿En qué consiste la prueba de alcoholemia? 

La prueba de alcoholemia más habitual consiste en coger aire y soplar en un etilómetro, que debe de ser reglamentario, hasta que el aparato emita un pitido y determine cual es la tasa de alcohol en aire espirado de la persona. Cuando el resultado es superior al legalmente establecido, se repetirá la prueba pasados diez minutos

¿Cuándo se entiende que un conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia? 

Para que pueda concurrir el delito previsto en el artículo 383 del CP, los agentes de la autoridad tienen la obligación de explicar al conductor de forma clara el carácter obligatorio de la prueba y las consecuencias penales que acarrea el negarse a realizarla, ya que de no hacerlo el conductor no tendría consciencia del alcance de su negativa y por lo tanto faltaría uno de los elementos que constituyen el delito. 

¿Cuando el resultado de una prueba de alcoholemia constituye infracción administrativa y cuando infracción penal?

Estaremos ante una infracción administrativa cuando el resultado de a prueba arroje una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro con carácter general para todos los conductores y superior a 0,15 miligramos para los conductores noveles y profesionales.

Actualmente, esta infracción conlleva una multa de 500 Euros, y la pérdida de entre 4 y 6 puntos, sin embargo, el proyecto de modificación de la Ley de Tráfico, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pretende duplicar la multa, alcanzando la sanción los 1000 Euros, manteniéndose la misma pérdida de puntos.

Por su parte, cuando la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro (1,2 g/l en sangre) nos encontramos ante un delito contra la seguridad del tráfico previsto en el artículo anteriormente señalado (379.2 CP), lo que implica la inmediata detención del conductor y su puesta a disposición judicial.

¿Qué hacer si no se está conforme con el resultado de la prueba de alcoholemia?. Todos los conductores que se someten a una prueba de alcoholemia, y no estén conformes con el resultado, tienen el derecho a pedir que se les realice un análisis de sangre. Sin embargo, han de ser advertidos de que se les trasladará al centro médico mas cercano y el coste de realizar la prueba deberá ser asumido por el propio conductor.

A pesar de que cada vez son más las personas que están sensibilizadas y concienciadas con que el consumo de alcohol y/o drogas no puede ir unido a la conducción, lo cierto es que continúa siendo una de las principales causas de muertes en las carreteras, y es que según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, el 47,32 por ciento de los conductores fallecidos el año pasado había dado positivo por alcohol o drogas. Después de este dato, solo me queda pedirle a todo el mundo "responsabilidad" en estas fechas.


domingo, 15 de diciembre de 2013

"El Emprendedor de Responsabilidad Limitada"


Entre las novedades que ha introducido la Ley 14/2013 de apoyo a los Emprendedores y su Internalización encontramos una nueva figura mercantil: "el Emprendedor de Responsabilidad Limitada". Y es que hasta este momento, la persona física que decidía poner en marcha un negocio, lo hacía con el temor de que las responsabilidades y deudas que se derivasen de su actuación, fueran satisfechas con todo su patrimonio, presente y futuro. 

Con el fin de limitar esta responsabilidad, la Ley crea esta nueva figura que permite al empresario persona física limitar su responsabilidad por las deudas que contraiga en el ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional.

La limitación es muy concreta, y afecta únicamente a la vivienda habitual del empresario, siempre que su valor no supere los 300.000 Euros y que no se encuentre afecta a la actividad empresarial o profesional, protegiendo así el núcleo familiar del emprendedor, y evitando que su casa pueda quedar embargada por el fracaso de su actividad.

Para poder adquirir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada, el empresario ha de inscribirse en el Registro Mercantil que corresponda según su domicilio, debiendo indicar también el bien inmueble que pretende desvincular de sus obligaciones derivadas del tráfico empresarial. 

De igual forma, y a efectos de otorgar publicidad al procedimiento, es necesario hacer constar la no sujeción de la vivienda en el Registro de la Propiedad donde este inscrita, a través de una certificación expedida por el propio Registro Mercantil donde se inmatricule el emprendedor. 

Desde el momento en que tiene lugar la inscripción, y el empresario adquiere la condición de "Emprendedor de responsabilidad limitada" tiene obligación de hacerlo constar en toda su documentación, incorporando los datos registrales o las siglas "ERL", así como de presentar las cuentas anuales de su actividad empresarial en el Registro Mercantil, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, perdiendo tal condición si incumple con éstas obligaciones. 

Además, la limitación de la responsabilidad del emprendedor quedará sin efecto cuando (1) las deudas del empresario hayan sido contraídas con anterioridad a adquirir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada, es decir, antes de la fecha de inmatriculación en el Registro Mercantil; (2) las obligaciones no sean profesionales o empresariales; (3) los créditos sean de derecho público (deudas tributarias o con la Seguridad Social); (4) y en las deudas contraídas como consecuencia de negligencia grave o fraude en sus obligaciones con terceros, siempre que existiera una Sentencia firme que lo acreditase. 

jueves, 12 de diciembre de 2013

"Las Herencias Envenenadas"


En 2012, más de 23.228 personas renunciaron a la herencia que les habían dejado, más del doble que antes de que comenzase la crisis. Tradicionalmente las herencias eran sinónimo de buena suerte, ya que suponía un crecimiento del patrimonio del instituido heredero. Sin embargo, la actual situación ha obligado a los instituidos como herederos a tener que renunciar a la herencia, no solo por no poder pagar los impuestos correspondientes sino por no poder hacer frente a las deudas contraídas por el fallecido. 

Cuando a alguien le dejan una herencia le dejan los bienes, el denominado "activo", pero también las deudas, "el pasivo", debiendo de responder el instituido como heredero de esas deudas no solo con el patrimonio del causante sino también con el suyo propio. 

Ante esta situación, la opción más drástica y rápida es renunciar a la herencia y que la misma quede para el estado. Ésta renuncia se formaliza ante Notario en escritura pública y es definitiva e irrevocable, ha de ser total y no puede realizarse si con anterioridad se ha llevado a cabo algún acto que pueda ser entendido como una aceptación tácita de la herencia. 


Sin embargo, existe otra vía menos conocida que permite al heredero aceptar la herencia limitando su responsabilidad. Cuando el heredero conoce que lo es y desconoce cuales son realmente los bienes y deudas del fallecido, para evitar que aceptar esa herencia acabe por arruinar a su beneficiario es recomendable "aceptarla a beneficio de inventario".

Mediante esta figura jurídica, el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia única y exclusivamente hasta donde alcance el activo de la misma, viéndose así protegido su propio patrimonio. Esta aceptación ha de hacerse ante Notario o ante el Juzgado, y tal y como ocurría con la renuncia, solo sí no se han realizado actos como heredero.

La falta de asesoramiento y el desconocimiento de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario ha hecho que las renuncias a las herencias en España se incrementasen significativamente. 

martes, 10 de diciembre de 2013

"La figura del Procurador. El gran desconocido"


El Procurador es el gran desconocido de esta profesión, a pesar de ser una pieza imprescindible dentro de la Administración de Justicia. El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales define esta figura como "aquella persona que válidamente incorporada a un colegio, se encarga de la representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional" .

Y es precisamente eso lo que hacen, representan técnicamente a quienes son parte en cualquier clase de proceso, bien como parte demandante o bien como parte demandada, dotando al procedimiento de agilidad. Son licenciados en derecho y por lo tanto, tienen los mismos conocimientos que los abogados. Mientras el abogado se encarga de llevar a cabo la defensa del cliente, el procurador se ocupa de su representación en el proceso. 


En muchas ocasiones, el cliente contrata los servicios de un abogado, y únicamente ve al procurador el día en que se celebra el juicio, pero detrás de ese momento concreto, existe un trabajo previo que comienza en el mismo momento en que se interpone la demanda. Y un trabajo posterior, en mi opinión mucho más importante, y es que tras la obtención de una sentencia condenatoria, los procuradores son los encargados de realizar los trámites oportunos para hacerla efectiva en fase de "ejecución de sentencia". En definitiva, son la pieza central entre el cliente, el abogado y el Juzgado.   

Todas las funciones que se encomiendan al procurador están dirigidas a facilitar el proceso judicial, evitar que los Juzgados y Tribunales no sigan el procedimiento legalmente establecido, que se produzcan fraudes de ley o dilaciones indebidas. Entre sus principales funciones destacan: (a) seguir el proceso, estar pendiente de todos sus pasos y tener informados al cliente y a su abogado; (b) responsabilizarse de todos los trámites, recibe y firma emplazamientos, citaciones, notificaciones, etc; (c) transmite al abogado todos los documentos e instrucciones que le lleguen en relación al pleito; 

¿Para cualquier pleito se necesita un procurador? No. El ordenamiento jurídico establece cuales son los asuntos en los que es preceptivo el procurador y cuales no (aquellos de escasa cuantía).

En los últimos meses, los procuradores se han visto obligados a salir a la calle para mostrar su rechazo al "anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales" que actualmente está tramitando el Gobierno, ya que su aprobación tendría importantes consecuencias para este sector, formado por cerca de 10.300 procuradores, pero también para la sociedad en general.

Los dos principales efectos de esta reforma serían la eliminación de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, e incluso otras profesiones (graduados sociales), y la supresión del sistema de facturación arancelario por el que se vienen rigiendo en la actualidad e introducción de un sistema de libre competencia, donde se fije libremente el precio entre profesional y cliente.

Quizás sea el momento más crítico por el que esta atravesando esta profesión. Tal y como ha manifestado el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, la representación procesal por parte de los abogados provocará "disfunciones" en la recepción de las notificaciones, al resultar poco viable que el sistema utilizado por este sector pueda extenderse a los más de 140.000 abogados si pudieran éstos asumir esas funciones, lo que provocaría el colapso de la justicia. Por su parte, la libre fijación de honorarios encarecerá los costes derivados de la representación procesal, ya que el arancel establecido por el Estado actualmente cumple una función social, función que desaparecería.

Me uno a las voces que insisten en que si desaparecieran los procuradores, la Administración de Justicia se vería enormemente resentida, y con ella, todos los ciudadanos, que al final serían los grandes perjudicados.


domingo, 8 de diciembre de 2013

"La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) entra en vigor en febrero y nos afectará a todos"


La entrada del euro en enero de 2.002 nos permitió a todos realizar pagos en efectivo en cualquier país de la eurozona con mayor comodidad y sencillez. Con la intención de facilitar también aquellos pagos y cobros no efectivos nace "la ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS" conocida bajo el acrónimo SEPA (Single Euro Pyments Area).

¿Qué es la SEPA?

Es una zona en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos seguros en euros, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones, con independencia del lugar en el que se encuentren, y de que esos pagos impliquen o no operaciones transfronterizas.   

¿A quién afecta, cómo y cuándo?

La SEPA no solo afectará a los autónomos y empresas, sino también al ciudadano de a pie, ya que a partir del próximo 1 de febrero de 2.014, los instrumentos de pago nacionales utilizados hasta ahora se verán sustituidos, lo que quiere decir que para realizar cualquier pago, aunque sea nacional, ya no utilizaremos los veinte dígitos de nuestra cuenta corriente, sino que será  necesario utilizar los códigos IBAN (código internacional de cuenta bancaria) y BIC (código para identificar entidades bancarias). Ambos pueden obtenerse en nuestras aplicaciones de banca electrónica, extracto de cuenta y otras comunicaciones de banco. También es posible a través de la propia web de SEPA, donde existe una herramienta para convertir Códigos de Cuenta de Cliente en Códigos Internacionales IBAN.


La fecha límite esta a la vuelta de la esquina, por lo que todas las empresas deberían de comenzar a ajustar su sistema de pagos y transacciones, solicitando a sus clientes y proveedores, pero también a sus trabajadores el IBAN, y sustituir el Código de Cuenta Cliente por éste, para así poder actualizar los documentos contables, facturas, etc, y poder pagar las nóminas a los empleados vía transferencia bancaria.   

¿Cuál es la ventaja que aporta SEPA?

Todas las operaciones en euros realizadas entre los países que forman parte de la zona SEPA estarán sujetas a las mismas normas y condiciones, por lo que los pagos y cobros se realizarán con la misma facilidad, rapidez, seguridad y eficiencia con la que actualmente contamos en nuestras operaciones nacionales. 

¿Qué países formarán parte de la zona SEPA?

La creación de un mercado único de pagos en euros se extiende por 33 países, los 28 miembros de la UE e Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

"Tipos de Emprendedores. ¿Con cuál te identificas?"


Un "emprendedor" es aquella persona que identifica una oportunidad de negocio, y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Sin embargo, no todos los emprendedores tienen las mismas características, hoy de la mano de "emprendepyme" analizamos los perfiles más comunes:

1.- EL EMPRENDEDOR ESPECIALISTA: Posee conocimientos técnicos sobre una materia muy concreta, por lo que se centra en un sector especializándose en él. A menudo son individualistas y tienen dificultades para coordinar.

2.- EL EMPRENDEDOR VISIONARIO: Es el que se adelanta a su tiempo y siempre está buscando estar dos o tres pasos por delante de sus competidores, poniendo en marcha productos y negocios en sectores que en el futuro tendrán éxito. Son muy versátiles y ambiciosos, capaces de ver siempre el vaso medio lleno y atreverse con cualquier entorno. Esta continuamente abriendo puertas, pero no cierra ninguna, por lo que puede ser considerado en ocasiones un inconsciente.

3.- EL EMPRENDEDOR OPORTUNISTA O RASTREADOR: Es un emprendedor experto, con una mente muy racional o analítica, que detecta donde hay una oportunidad y se lanza a por ella. Normalmente, su punto débil tiene que ver con su falta de comunicación y don de gentes del empresario.

4.- EL EMPRENDEDOR INVERSIONISTA: Busca proyectos novedosos en los que invertir su dinero y sacar rentabilidad.


5.- EL EMPRENDEDOR EMPRESARIO: El mundo de los negocios no le es nuevo, siendo su intención la consolidación de su negocio, busca reinvertir sus ganancias en beneficio de su empresa.

6.- EL EMPRENDEDOR PERSUASIVO: Es perseverante y tiene una fe inquebrantable en sí mismo y en su proyecto. Es quien lidera el proyecto y hace que el equipo se mantenga y trabaje en la misma dirección. Su gran baza es su capacidad de influencia.

7.- EL EMPRENDEDOR POR NECESIDAD: Es aquel que decide emprender por las circunstancias concretas que atraviesa en su vida, o bien porque no está satisfecho con su situación profesional o económica. Son cautelosos, constantes y tenaces. Su punto débil es que en muchas ocasiones les cuesta encontrar su rumbo.

8.- EL EMPRENDEDOR INTUITIVO: Es un emprendedor nato, y es capaz de seguir su primer impulso contra viento y marea. tiene una gran personalidad y es capaz de ver un negocio donde nadie lo ve. 
El hecho de no saber explicar siempre su proyecto genera inseguridad en los que le siguen, y ese es su punto débil. 

9.- EL EMPRENDEDOR VOCACIONAL: Tiene una gran capacidad para escuchar y asumir riesgos. Es aquel que nunca deja de emprender, siempre tiene nuevas ideas, siempre ve nuevas oportunidades...Tiene rasgos en común con los demás perfiles.

¿Con qué tipo de emprendedor te identificas?

lunes, 2 de diciembre de 2013

"El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros"


Hace unos días me preguntaban a través del blog sobre el derecho a la asistencia sanitaria cuando una persona no recibe ayudas, así que he decidido explicar brevemente cual es la situación actual de los extranjeros que residen en España legal o ilegalmente en cuanto a la atención sanitaria.

El modelo vigente hasta 2012, reconocía el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros que residían en España, con independencia de su situación legal, con la única condición de que estuviesen inscritos en el padrón municipal donde tuvieran su residencia habitual. Esta inscripción no significaba que se encontrasen de forma legal en España, pero el legislador pretendía reconocer el derecho de forma amplia, con el fín de que el extranjero saliera de la clandestinidad e hiciera pública su presencia. Esto fue criticado por quienes veían en el requisito de la inscripción en el padrón un riesgo, ya que su actuación podía acabar en una expulsión del país, pero también por quienes aseguraban que la falta de control sanitario de los inmigrantes no empadronados favorecía la aparición de situaciones de riesgo para la salud de la población en general.  

En Septiembre de 2012, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se produce un cambio en el modelo de protección de la salud de los extranjeros no comunitarios en España, al verse modificados los requisitos que desde ese momento tenían que acreditar los extranjeros para poder obtener asistencia sanitaria. 

Actualmente para que un extranjero no ciudadano de la Unión Europea y sus familiares tengan acceso a la asistencia sanitaria, ha de demostrar que tiene una autorización de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas para residir en nuestro país. Por lo tanto, el círculo se cierra y solo tienen derecho aquellos extranjeros que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: a.-) ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; b.-) tener la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; c.-) ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; d.-) haber agotado la prestación o subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, aunque esta situación acaba derivando en irregularidad sobrevenida. 


Con independencia de lo anterior, existen dos grupos a los que se les reconoce un derecho absoluto a la asistencia sanitaria, sin tener en cuenta cual es su situación administrativa en España: los menores de 18 años que disfrutan de un derecho pleno igual que un español, las mujeres embarazadas hasta su completa recuperación del postparto.

Aquellos extranjeros que no residen en España de forma legal, que no son menores de edad y no son mujeres embarazadas sólo recibirán asistencia sanitaria en supuestos concretos y establecidos legalmente: (1) situación de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea la causa, hasta su situación de alta médica y (2) asistencia al embarazo, parto o posparto.

Los datos son realmente alarmantes, y es que se calcula que con la introducción del RD 16/2012, unas 833.000 personas perdieron en España la asistencia sanitaria, solo en la Comunidad Autónoma de Madrid, más de 39.099 personas carecen de tarjeta sanitaria, y en consecuencia, de asistencia gratuita.

Y a pesar de que esta situación se justifica por las autoridades como una medida de ahorro y de "sostenibilidad" del sistema público de salud, lo cierto es que es realmente alarmante y preocupante. Para las ONG que asesoran a extranjeros sin papeles, "la retirada de la asistencia universal es un error en términos de salud pública, es absurdo desde el punto de vista económico e inhumano desde el punto de vista ético"

Ante esta situación, algunos Gobiernos autonómicos decidieron desmarcarse de la normativa estatal, regulando la prestación de asistencia sanitaria en su autonomía, y así lo hizo el Gobierno vasco que desde Julio de este año posibilita la prestación de atención sanitaria en Euskadi a los inmigrantes sin permiso de residencia, facilitándoles una tarjeta sanitaria. También es el caso de la Comunidad Valenciana, que envió una instrucción interna a los centros de salud, en la que se establecían los requisitos para la prestación de asistencia médica gratuita (ser mayor de edad, no estar asegurado ni estar incluido en ningún convenio, y estar empadronado en la Comunidad Valenciana desde hace más de un año, además de una renta inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta.)