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sábado, 30 de noviembre de 2013

El IVA con criterio de caja: ventajas e inconvenientes


Las empresas y los profesionales llevan años pidiendo una modificación en el régimen especial del IVA, que les permitiera no pagar el IVA de las facturas emitidas hasta el momento en que las mismas resultasen efectivamente cobradas. Con la aprobación de la Ley de Emprendedores, publicada en el BOE el 28 de septiembre de 2.013, esta petición realizada por el colectivo de autónomos ve finalmente la luz, ya que a partir del 1 de Enero de 2.014 comenzará a funcionar el régimen especial del IVA con criterio de caja, de forma que las Pymes y los autónomos que se acojan a este nuevo modelo tributario no deberán adelantar a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas.

Sin embargo, las empresas no se muestran especialmente entusiasmadas con esta modificación, al conocer cuales son los requisitos y obligaciones que se han de cumplir para acogerse a éste tipo de régimen. De hecho, abunda la desconfianza y el escepticismo entre los profesionales, por lo que no creo que esta medida se extienda tanto, una vez se conozcan sus especificaciones concretas.

No todas las empresas y profesionales pueden acogerse al régimen especial del criterio de caja, solamente podrán hacerlo aquellas cuya facturación anual, o el volumen de operaciones durante el año natural anterior, no hubiese superado los dos millones de euros, por lo que se calcula que más o menos se podrían beneficiar 2,3 millones de profesionales.


Aquellos autónomos o Pymes que se encuentren interesadas deben de solicitar a Hacienda su inscripción a este régimen en el mes anterior al inicio del año natural en el que quisieran que comenzase a ser de aplicación. Desde este momento, se verán sujetas al mismo, el cual se prorrogará hasta la renuncia del autónomo. Todas las empresas que se acojan a este régimen deberán advertirlo en sus facturas.

La principal modificación que introduce este nuevo modelo tributario radica en el momento del devengo del impuesto, al permitir al autónomo no pagar el IVA de sus facturas hasta el momento del cobro, sea total o parcial, del importe percibido. Sin embargo, esto no es así sin limitaciones, pues en todo caso el devengo de ese IVA se producirá a 31 de diciembre del año posterior, a pesar de que no se produzca el cobro de la factura.

Por otro lado, tiene lugar una modificación igual de importante, y es que se tiene el mismo criterio para el IVA soportado en las facturas de gasto, no pudiendo el empresario deducirse ese IVA hasta que haya abonado la factura a su proveedor.

Los asesores y economistas ya han comenzado a ver los primeros problemas en la aplicación del IVA de caja, y es que las empresas cuyo volumen de beneficios supere los dos millones de euros y no puedan acogerse a este régimen siempre pagarán el IVA de sus facturas en el momento de emitirlas, sin embargo cuando interactúen con pymes acogidas al IVA de caja no podrán deducirse el IVA hasta que no abonen la deuda.

De hecho, algunas empresas ya están advirtiendo que no operarán con proveedores que utilicen el nuevo régimen, por  lo que los autónomos y empresas que dependen de estas "grandes empresas" rechazan aplicar el criterio de caja. 

Se trata de una modificación que deja aun muchos cabos sueltos e impone obligaciones a las empresas poco atractivas, con mas inconvenientes que ventajas, que determinarán su decisión de no acogerse a este régimen.

sábado, 23 de noviembre de 2013

"El derecho de los abuelos a visitar a sus nietos"


A nadie se le escapa que los abuelos desempeñan un papel fundamental en la vida de un menor de edad, pero este protagonismo adquiere aun mayor importancia en las situaciones de crisis de pareja, cuando se produce una separación o divorcio o cuando tiene lugar el fallecimiento de uno de los progenitores, porque además de la transmisión de valores familiares, tienen la posibilidad de ayudar a sus nietos a afrontar esas situaciones, favoreciendo su desarrollo y su estabilidad.

Sin embargo, son muchas las ocasiones en los que uno de los progenitores se opone a que los abuelos tengan establecido a su favor un régimen de visitas respecto de sus nietos, obligándoles a tener que acudir ante los Tribunales.

El Tribunal Supremo ha establecido que los abuelos tiene derecho a relacionarse con sus nietos, siempre y cuando no exista una causa que lo desaconseje por no ser beneficioso para el menor, y ello a pesar de la existencia de desavenencias entre los progenitores y los abuelos del menor.

El alto tribunal lo dejó perfectamente claro en su Sentencia de 24 de mayo de 2013 en la que afirma que las malas relaciones existentes entre la madre y la abuela de la menor no son suficientes para denegar el derecho de visitas de la abuela, pues no existe  "justa causa" para que pueda eliminar ese derecho, que no tiene más restricción que el interés del menor.

Pero, ¿qué ha de entenderse por "justa causa"?. Ésta existiría cuando la relación entre los abuelos y los nietos fuera perjudicial para los menores, por ponerse en peligro su salud, su formación, su educación, su seguridad o cuando se ejerciera sobre los menores una "mala influencia", siempre que exista una prueba de suficiente entidad que así lo justifique y que deberá de correr a cargo de quien se opone al establecimiento de tal régimen.

Sin embargo, este derecho de los abuelos a relacionarse con el menor no se puede equiparar al que ostenta un progenitor no custodio, y así el Tribunal Supremo ha establecido recientemente que "aun cuando la relación prioritaria sea la paternofilial, debe prestarse una especial atención a la relación abuelos-nietos, de interés para el propio menor", añadiendo que "la pernocta no puede acordarse con carácter general pero tampoco puede impedirse indiscriminadamente."

Con el fin de conocer cual es la situación concreta, en aras de velar por el interés del menor, los Jueces de Familia consideran necesario que cuando los abuelos solicitan judicialmente un régimen de visitas respecto de sus nietos, ambos progenitores sean llamados como codemandados, al afectar directamente la decisión a la patria potestad ostentada por ellos. 

El Tribunal Supremo afirma que este tipo de decisiones han de adoptarse en función de las circunstancias concretas de cada caso, estableciéndose un régimen de visitas y pernoctas moderado, siempre respetando el derecho de la madre o padre, pero también el interés de los menores a mantener el contacto con una parte de su familia, como factor estabilizador y emocionalmente enriquecedor.

A pesar de todo lo expuesto, no deja de sorprenderme la capacidad de los padres que pasan de utilizar a los abuelos como pilar fundamental en el cuidado de sus hijos mientras ellos trabajaban, a verlos como una amenaza cuando se produce un divorcio, convirtiéndolos en enemigos y negando a sus hijos la posibilidad de relacionarse con ellos.  

lunes, 18 de noviembre de 2013

Un año contra las TASAS JUDICIALES


Después de un año desde que entrara en vigor la Ley de Tasas, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, personal al servicio de la Administración de Justicia y ciudadanos continuamos mostrando nuestra disconformidad con ella. Los datos muestran una realidad que todos veíamos y que solamente el Ministerio de Justicia no quiso, ni quiere ver.

Desgraciadamente, este año ha servido para confirmar los peores augurios, ya que esta Ley ha privado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva, impidiendo de forma injusta su acceso a la justicia, mientras que empresas y ciudadanos con capacidad económica continúan ejerciendo su derecho sin problemas. Por no hablar de la impunidad y el abuso de las Administraciones Públicas que se encuentran exentas del pago de esta tasa.

A pesar de que nadie se creyó que con la aprobación de esta ley se iba a solucionar el problema de la justicia gratuita, lo cierto es que 365 días después nadie tiene ninguna duda al respecto, no solo no se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas (hasta septiembre 103 millones de euros, lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio), sino que además se ha incumplido el compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce cual ha sido el destino de la recaudación realizada con las tasas, ya que ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

El tiempo ha demostrado que la Ley de Tasas ha creado una justicia para ricos y otra para pobres, ya que los mas desfavorecidos son, en definitiva, los que se ven obligados a renunciar a reclamar sus derechos por no poder hacer frente a la tasa que tienen que abonar. Su objetivo principal no era otro que el puramente recaudatorio, pero además tenía como fin crear un efecto disuasorio en el ciudadano, cuestión más que acreditada con el descenso significativo que han tenido el número de asuntos en los Juzgados.

La imposición de una Tasa como condición para poder acceder a la justicia me sigue pareciendo una vulneración de los derechos de los ciudadanos, que se ven privados de uno de sus derechos constitucionales más importantes, por que además, considero que la agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas, y que debería de estar en la adopción de medidas consensuadas por los colectivos afectados para la mejora del servicio público

España continúa mostrando indiferencia ante las voces de todos los colectivos que se ven afectados por esta ley, y mira hacia otro lado con las posturas que actualmente mantienen países europeos como Francia, donde ya se ha aprobado la supresión de todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2.014 para evitar penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia.

Actualmente existen cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados, esperemos que el Tribunal Constitucional agilice su respuesta, ya que son los ciudadanos los que diariamente están sufriendo un grave perjuicio.

El próximo 20 de Noviembre, todas las sedes judiciales de España, con autorización o sin ella, serán testigo nuevamente de nuestro descontento, la abogacía se vuelve a movilizar para solicitar al Gobierno que escuche la voz de todos los colectivos, y sobre todo a los que mejor conocen el funcionamiento y los defectos de nuestro sistema judicial, para que sea desde la transformación de la actual estructura la forma de convertir a la administración de justicia en un servicio accesible y eficaz.

martes, 12 de noviembre de 2013

Nuevo criterio de Hacienda: dedúcete todo el IVA de la gasolina y otros gastos


Cuando un empresario adquiere un vehículo que puede ser utilizado tanto en su vida personal como en su actividad o negocio, Hacienda presume que su utilización empresarial es solo del 50%, por lo que únicamente permite deducirse el 50% del IVA soportado en su compra.

Hasta ahora, Hacienda seguía el mismo criterio con los gastos derivados de la utilización de ese vehículo, sin embargo, esto ha cambiado recientemente, desvinculando el procentaje de deducción del IVA soportado en la compra del vehículo, del IVA de los gastos derivados del uso del mismo.

Desde este momento, todo empresario podrá deducirse todo el IVA de los gastos derivados de la utilización del vehículo, entendiéndose por tales la gasolina, reparaciones, recambios, peajes, parkings, etc, siempre que pueda acreditar que ese gasto se generó exclusivamente como consecuencia de la utilización del vehículo para la actividad empresarial.


¿Cómo probar que esos gastos están afectos al 100% a la actividad del empresario?

Esta será la labor más compleja para el empresario, pero los autores ya dan algunas ideas de como hacerlo: guardando los tickets de parking de la localidad donde se está visitando a un cliente, tickets de bares o restaurantes, tarjetas o trípticos del cliente, órdenes de visita firmados y sellados por el cliente, el carburante de esos desplazamientos, serán elementos que permitirán considerar adecuada la deducción practicada.

En definitiva, servirá para acreditar este extremo cualquier medio de prueba admitido en derecho.


domingo, 10 de noviembre de 2013

Instalar un ascensor en un edificio ya solo requiere el voto de la mayoría de la Comunidad de Propietarios, no 3/5


La instalación de un ascensor en una Comunidad de Propietarios continúa siendo el caso típico de conflicto entre los vecinos, ya que si bien se trata de una reforma que tiene claras ventajas, no solo por la comodidad de la que se benefician los vecinos sino también por la importante revalorización que sufren las vivienda, lo cierto es que son comunes las discrepancias entre los propietarios en cuanto a la conveniencia o no de realizar una inversión de este tipo, sobre todo por parte de los dueños de locales y plantas bajas.

Hasta ahora, la instalación de un ascensor requería el voto favorable de las 3/5 partes del total de propietarios que además representaran 3/5 partes de las cuotas de participación, obligando al pago a todos ellos. La supresión de barreras arquitectónicas si se podía conseguir con el voto favorable de la mayoría simple.

Sin embargo, a partir del 28 de Junio de 2.013 la Ley de Propiedad Horizontal se ve modificada, y con ello el quorum necesario para la instalación de un ascensor, requiriéndose el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación.

Sin lugar a dudas, la reciente Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneracion y renovación urbanas facilita la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos, y por tato, se trate o no de la supresión de barreras arquitectónicas, bastará la mayoría simple y deberá de ser asumida por todos los propietarios, sea cual sea su importe. Si se trata de suprimir barrera arquitectónica, deberá de ser satisfecho por todos los vecinos, siempre que el importe no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas las subvenciones y ayudas públicas.

martes, 5 de noviembre de 2013

¿Qué es la declaración amistosa de accidente?


La "declaración amistosa de accidente" nació en 1972 cuando el Comité Europeo de Seguros invitó a todas las entidades de seguro a introducir en sus países este parte de siniestro, lo que suponía un modelo común, con el mismo texto, formato y color.

En España apareció en junio de 1987, y desde entonces todos los conductores deseamos no tener que utilizarla nunca, aunque si tenemos que hacerlo, es importante conocer como se rellena, debiendo de ser precisos en los datos, para que esta declaración pueda tener los efectos para los que está diseñada. Según un estudio elaborado por la aseguradora Linea Directa, el 68% de los conductres no saben como rellenar una declaración amistosa de accidente, e incluso, quienes si saben se encuentran con dificultades debido al shock del accidente y los nervios que genera el tráfico que discurre por el lugar.

La declaración amistosa de accidente es un documento estandar previsto para los accidentes de tráfico en los que intervienen dos vehículos, y cuando los daños que se ocasionan son solo materiales, ya que los daños personales deberán tramitarse por otra vía. Los conductores han de confeccionar juntos el documento de forma legible. La columna central es la parte más importante de la declaración, se divide a su vez en dos columnas, una para cada vehículo, en las que aparecen 17 supuestos que intentan explicar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Incluso en la parte baja de esta columna hay un espacio cuadriculado que permie hacer un pequeño dibujo de lo sucedido.

Es importantísimo rellenar correctamente el documento, ya que en el momento en el que los conductores lo firman, están determinando automáticamente la culpabilidad de cada uno, ya que la responsabilidad del accidente se basará en los datos consignados en ese parte, siendo la culpabilidad imputada al vehículo que resulte responsable según una tabla que forma parte integrante del Convenio de Indemnización Directa Español al que me referiré a continuacion.

Además, la declaración se compone de varias copias de calca, por lo que una vez separadas no se debe escribir nuevamente, ya que las compañías se envían las copias entre sí para verificar lo que tiene cada una de ellas, viendose paralizado el siniestro si se encuentran discrepancias hasta poder verificar los datos.

¿Cuáles son los errores mas comunes?

Principalmente la tendencia a marcar incorrectamente las casillas y cumplimentar de forma incompleta el croquis o dibujo del accidente, pero también en ocasiones consiste en limitarse a tomar nota de los datos del contrario y recoger su firma sin que quede reflejado quien es el responsable del siniestro.

¿Qué consecuencias tiene no rellenar correctamente el parte amistoso?

Cuando el parte amistoso no se rellena correctamente, todo el proceso de probar los hechos y esclarecer las responsabildiades se complica enormemente, porque las versiones de los conductores con el paso de los días no son tan precisas y surgen las contradicciones, lo que provoca un retraso en los plazos de reclamación y reparación de los daños.

LA TABLA DE CULPABILIDAD DEL CIDE

Como decía antes, las aseguradoras utilizan la tabla de culpabilidad del Convenio para la Indemnización Directa de Daños Materiales a Vehículos Español, para determinar de forma rápida y sencilla la responsabilidad de cada conductor en función de las casillas marcadas en el apartado 12 de la declaración amistosa, que se refiere a las "circunstancias", consiguiendo a través de este método reducir tiempos de tramitación.

 
Quizás se entienda mejor con un ejemplo:
si el conductor del vehículo A marcó la casilla A3 ("Iba a estacionar") y el conductor del vehículo B marcó la casilla B14 ("Daba marcha atrás"), la culpabilidad final recaerá sobre el conductor del vehículo B. Este resultado es fruto de combinar en la tabla de culpabilidad la casilla A3, en el eje de ordenadas, con la casilla B14, en el eje de abcisas.

¿Si no logramos ponernos de acuerdo con la otra parte?
 
Lo más conveniente ante la falta de conformidad es tomar todos los datos posibles, tales como matrícula y modelo del vehículo contrario, testigos, etc, y mostrar nuestra disconformidad en el propio parte, aunque siempre es mejor en estos supuestos solicitar la presencia de la policía.

domingo, 3 de noviembre de 2013

¿Puede usarse un local de oficina como vivienda?


El Tribunal Supremo lo confirma en su Sentencia de 12 de Septiembre de 2013, cuando afirma que un propietario de un piso o de un local tiene derecho a usarlos como considere más adecuado, salvo que el cambio de uso esté expresamente prohibido por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

El litigio se origina en una Comunidad de Propietarios de Almería, cuando los vecinos se oponen a que uno de ellos cambie el uso de la oficina de su propiedad para convertirla en vivienda, siendo la pretensión de los vecinos estimada por el Juzgado de Primera Instancia de Berja.

Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Almería en su día, como ahora el Alto Tribunal entienden que siempre que no exista limitación en su derecho de propiedad sobre la finca, el propietario puede destinar la misma al uso que más le interese. Y al parecer, ni en los estatutos existía prohibición expresa al respecto, ni el cambio de uso suponía una afectación de la estructura del edificio, ni comprometía elementos comunes, ni se acreditaba que la transformación en vivienda exigiera una mayor participación.

El ponente de la Sentencia, el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas ha recordado que estamos en presencia de "un derecho del propietario que no puede ser sustraido".

Finalmente, el Tribunal Supremo concluye que no consta que la actuación del propietario vulnere ninguna norma legal, y que la existencia de normas subsidiarias del planeamiento del Ayuntamiento no significa nada desde la perspectiva civil de la propiedad horizontal, debiendo de ser en todo caso, la Corporación Municipal la que debería sancionar la posible infracción urbanística, si es que la hubiera.

viernes, 1 de noviembre de 2013

El Tribunal Supremo revisará el próximo martes el indulto del conductor kamikaze. ¿Cómo se alzanza un indulto?


El próximo martes, el Tribunal Supremo revisará el indulto que el Gobierno concedió en diciembre de 2.012 a un conductor que causó un accidente al circular en sentido contrario en la autopista AP-7 en Valencia, en el que falleció un joven, y por el que se le había impuesto una pena de 13 años de prisión.

Pero antes de conocer cual será la decisión del Tribunal, y con el fin de poder entender mejor a todas las partes, es conveniente tener claro ¿qué es un indulto?, ¿quién lo concede?, ¿quién lo puede pedir?, ¿qué delitos se pueden indultar?, ¿qué efectos tiene?, etc.

El indulto es considerado una "medida o derecho de gracia" de carácter excepcional, recogido en el artículo 130.4º del Código Penal y que consiste en la remisión de todas (indulto total) o alguna (indulto parcial) de las penas a las que una persona ha sido condenada, con independencia de cual haya sido el delito que ha cometido, siempre que su sentencia sea firme y siempre que no cause un perjuicio a terceras personas o vulnere derechos de otros.

El principal efecto del indulto radica en la extinción de la responsabilidad penal, sin embargo en ningún caso comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito ni las costas procesales, pero si se exime al indultado de las penas pecuniarias que le resten de satisfacer.

Para que pueda tener lugar un indulto, el Ministro de Justicia ha de recibir una solicitud, del interesado o de un tercero, junto a toda la información relativa a la causa, incluida la sentencia y toda la documentación que acredite la reinserción social, laboral y familiar del penado. El Ministro proponer ante el Consejo de Ministros a aquellas personas que por razones de justicia, equidad o interés social entiende que deberían de ser indultadas, para que el Gobierno delibere y acuerde que persona es merecedora de ésta medida, lo que se hace público mediante Real Decreto publicado en el BOE, para ser finalmente el Rey quien expide formalmente tal beneficio.


Por lo tanto, es una decisión que a pesar de tener que regirse por las razones anteriormente mencionadas, y tener que encontrarse ampliamente motivada, lo cierto es que en el fondo se trata de una decisión discrecional que tiene como finalidad, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional, "permitir compatibilizar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material del caso concreto"

Sin lugar a dudas, el indulto del conductor kamikaze ha provocado un gran revuelo, los propios miembros del Gobierno tienen opiniones contrarias sobre la conveniencia o no de esta decisión, así se desprende de las declaraciones del Ministro de Justicia y el de Interior, pero también han dado su opinión el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, mostrando públicamente su disgusto o el entonces Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Salas, quién considera que esta institución ha de cambiar.

Por su parte, la familia del joven fallecido siempre ha mostrado su disconformidad con la decisión tomada por el Gobierno, movilizándose y recogiendo más de 45.000 firmas con las que se solicitaba la derogación del indulto. Ellos han sido lo que, indignados por la negativa del Gobierno a rectificar, recurrieron ante el Tribunal Supremo, agotando así las vías en nuestro país, y cuya decisión se conocerá en unos días.
La derogación del indulto supondría una decisión sin precedentes, y su negativa obligaría a la familia de la víctima a acudir al Tribunal Europeo para continuar con su lucha.