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lunes, 28 de octubre de 2013

¿Qué responsabilidad tienen los diarios digitales en los comentarios ofensivos que publican sus lectores?


Practicamente todos los diarios digitales permiten a sus lectores comentar los artículos publicados, facilitando y estimulando la participación y el interés del público. Estas intervenciones han derivado en ocasiones en comentarios difamatorios para el protagonista de la noticia, o incluso han alcanzando el carácter de amenaza grave, siempre investidos del anonimato que las propias webs les proporcionan.

Es evidente que para el perjudicado es extremadamente dificil dirigirse contra la persona autora del insulto o amenaza, de los que solo es posible conocer el nick y la dirección IP desde la que remitieron el comentario, datos que solo pueden ser cedidos a través de autorización judicial con fines de detención, investigación y enjuiciamiento de delitos graves. El derecho fundamental a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y conexiones a través de internet únicamente cede cuando se investigan delitos castigados con pena superior a cinco años.

Por eso, se ha dado un paso mas, y los Tribunales entienden razonable dirigir la demanda contra el medio digital en el que se ha publicado el comentario ofensivo, porque son ellos los que permiten publicar en sus páginas sin dar el nombre, quienes pueden retirar los comentarios inapropiados inmediatamente y en definitiva, quienes se lucran de los cometnarios de los lectores en cuanto que atraen audiencia.

Esta semana pasada el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por un asunto que tiene su origen en Estonia, resolviendo así definitivamente las dudas respecto a la responsabilidad de los medios digitales en estos supuestos.

Los Tribunales de Estonia habían condenado a una de las webs informativa mas grande del país, denominada Delfi, por alojar durante días comentarios ofensivos vertidos por sus lectores debajo de un artículo. El medio de comunicación había recurrido ante el Tribunal Europeo alegando que su condena por este hecho suponía una interferencia en su libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo le ha dado la razón en este punto, pero ha añadido que se trata de una restricción de la libertad de expresión "contemplada en la ley" con un objetivo legítimo, como es la protección del derecho al honor de otra persona. La sentencia es clara, y considera justa la condena a Delfi a pesar de que no fueran sus periodistas los autores de los comentarios.

El simple hecho de advertir en la web que no se permiten insultos y que los autores son los responsables del contenido de sus comentarios, no exime al diario de su obligación de vigilar las aportaciones de los usuarios para impedir o retirar las inadmisibles. Los diarios digitales han de tener previsto que los comentarios injuridosos pueden surgir en determinadas noticias, y por tanto tienen el deber de extremar la vigilancia e incluso, los instrumentos necesarios para prevenir la publicación de comentarios insultantes de forma automática.


Esta resolución puede tener implicaciones para todos los portales de internet que tengan abiertos foros o la posibilidad de que sus lectores hagan comentarios, tal y como advierte la Unión Europea de Radiodifusión (UER). El fallo puede ser recurrido ante la Gran Sala del TEDH.



viernes, 25 de octubre de 2013

¿Nos pueden despedir por lo que publicamos en Facebook?


Facebook se ha convertido en una de las "redes sociales" más utilizadas, sin embargo no todos sus usuarios son conscientes de las consecuencias que puede tener el contenido que se publica en ella, o la no limitación del acceso público.

Ayer leí una noticia que dejaba claro cuales eran estos peligros: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 14 de junio de 2013, aborda una interesante cuestión sobre una empresa que despidió a una de sus trabajadoras que se encontraba de baja médica por una contractura cervical, y publicó en su perfil personal de facebook fotografías en las que aparecía realizando actividades incompatibles con la situación que ella decía padecer.

La empresa notifica el despido a la trabajadora al tener constancia a través de ésta red social de que a pesar de encontrarse de baja, había acudido a una despedida de soltera, tomado un avión, visitado un parque temático, utilizado sus atracciones y frecuentado establecimientos de hostelería a altas horas de la madrugada, entendiendo que existía una clara transgresión de la buena fe contractual, desprendiéndose de las actividades que realizaba o bien que se encontraba en perfecto estado para el trabajo o bien que estaba contraviniendo el tratamiento médico y por tanto dilatando la curación de su dolencia.

La trabajadora recurre el despido alegando que se había vulnerado su derecho fundamental a la intimidad (art. 18 CE) al utilizarse para amparar el mismo, fotografías obtenidas de su perfil de Facebook sin la autorización de su titular, en las que no aparecía ni la hora ni el lugar en que se hicieron, sin que pudieran tener, según ella, valor probatorio los comentarios extraídos de la propia red social.

El Tribunal resuelve que “el empresario tiene entre otras facultades, las de adoptar las medidas que estime convenientes para la vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales” pero además considera que “no se ha vulnerado la intimidad de la trabajadora al haber sido obtenidas las fotografías sin necesidad de utilizar clave ni contraseña alguna para acceder a las mismas dado que no estaba limitado el acceso al público, de modo que se obtuvieron libremente pues al estar “colgadas” en la red pudieron ser vistas sin ningún tipo de limitación con lo que no hay una intromisión en la intimidad de la trabajadora que además aparece en las instalaciones de un parque de atracciones y por tanto en un lugar público”.

En definitiva, el Tribunal califica de lícita la prueba presentada por la empresa y confirma que la trabajadora ha simulado una enfermedad y cometido una falta considerada como muy grave, por lo que el despido resulta procedente.


lunes, 21 de octubre de 2013

La decisión del TEDH sobre la "Doctrina Parot"


Tal y como estaba previsto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) se ha pronunciado hoy sobre la denominada "Doctrina Parot", una decisión que ha tenido en vilo a víctimas, Gobierno y presos en los últimos meses. Finalmente el Tribunal ha derribado de una manera firme y contundente la aplicación de esta doctrina.

¿Qué es la Doctrina Parot?

La "doctrina Parot" nace en España en febrero de 2.006, cuando el Tribunal Supremo resuelve un recurso interpuesto por el etarra Henri Parot, que solicitaba acumular en una las veintiséis penas a las que había sido condenado, y que los beneficios penitenciarios, esto es, las reducciones de la pena por realizar trabajos, estudios, etc, se aplicaran al límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión.

Así, el alto tribunal crea un nuevo criterio de aplicación de las redenciones, al fijar que tenían que computarse los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas que le fueron impuestas, y no sobre el tiempo máximo legal permitido de permanencia en prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.

Lo que se petendía en el fondo era evitar que los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 por atentados cometidos entre 1977 y 1995, pudieran salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años, gracias a los beneficios penitenciarios.

Posteriormente fue modificada por el Tribunal Constitucional en el año 2.008, quien sin entrar a valorar la constitucionalidad o no de la doctrina, analizó una treintena de casos para pronunciarse sobre su aplicación o no.

¿Como se ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en julio de 2.012 por aplicar la "doctrina Parot" con caracter retroactiva a la terrorista Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión por 23 asesinatos, afirmando que vulneraba dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1.950, el artículo 7 (derecho a no ser castigado con una pena mayor que la vigente cuando se cometió el delito) y el 5.1 (libertad y seguridad).

¿Cuál era y es la posición del Gobierno?

Ante esta situación, el Gobierno mostró su absoluto desacuerdo con la decisión del TEDH, y en marzo de este año recurrió la sentencia. En esta última semana ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de que la denominada "doctrina Parot" no fuera derogada, al ser considerada "justa, correcta y necesaria para luchar contra el terrorismo y otros crímenes".

Hoy, tras conocer la decisión del TEDH, miembros del Gobierno han manifestado que no se cambiará la política penitenciaria y que corresponde "exclusivamente" a la Audiencia Nacional establecer las "consecuencias prácticas" de la decisión del Tribunal Europeo.

¿Cuál ha sido la decisión del TEDH y qué consecuencias va a tener?

La Sentencia del TEDH conocida hoy es definitiva, y no cabe recurso contra ella, resuelve por unanimidad que España ha violado los artículos anteriormente mencionados al aplicar esta doctrina, e insta a nuestro país a liberar a la mayor brevedad posible a Inés del Río, quien ha cumplido 26 años y 2 meses en prisión, y le obliga además a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses.

La anulación de la "doctrina Parot" supone según el Gobierno, la excarcelación de 61 presos miembros de ETA en un primer momento, y de cerca de 76 más posteriormente, además de una treintena de presos comunes que actualmente se encuentran en prisión condenados por delitos graves (violaciones, asesinatos, etc), entre los que se encuentran Miquel Ricart, condenado por el asesinato de las niñas de Alcasser, o Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor.

Ahora la Audiencia Nacional revisará una por una las condenas de los presos que lo soliciten y a los que les afecte el fallo del TEDH, sin embargo no actuará de oficio sino que esperara que se produzcan las peticiones por su parte.

Desde este momento, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencias Provinciales tendrán que tener en cuenta esta decisión a la hora de intervenir en los asuntos que se encuentran pendientes de resolver, ya que esta decisión vincula a España al tratarse de uno de los países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
 
¿Estais de acuerdo con la decisión del TEDH?

domingo, 20 de octubre de 2013

¿Es posible desheredar a un hijo?


La desheredación es la facultad que tiene todo testador para privar a los herederos de su legítima en los casos expresamente determinados por la ley. Según la Jurisprudencia y la doctrina, se trata de una situación excepcional, por lo que su interpretación ha de realizarse de forma restrictiva, ya que en caso contrario, estaríamos eliminando el sistema de legítimas, al que me referiré en las próximas semanas, establecidas a favor de los herederos forzosos.  
  
Nuestro Código Civil diferencia entre "causas generales" y "causas específicas" para la desheredación, así se aglutinan un conjunto de conductas consideradas dignas de castigo, acciones especialmente reprochables que permiten a quien la sufre excluir a un hijo de la herencia. Cuando alguna de éstas causas concurre, el testador debe recoger esta figura en el testamento de forma expresa, identificando al legitimario a quién se deshereda y la causa en que lo funde.
 
En el caso de que el testador no lo expresase en el testamento, o no exprese la causa en la que se fundamenta, o no pueda acreditarse la causa como cierta, la institución de heredero se anulará en cuanto perjudica los derechos del desheredado.

Una vez fallecido el testador, si el hijo que ha sido desheredado impugnase la desheredación, la causa que fue alegada por el testador ha de ser acreditada por los herederos que defienden su eficacia, son éstos los que han de probar que la causa existía, y que tuvo la entidad suficiente para que el testador tomase esa decisión. Si finalmente la desheredación resulta justa, ésto produce la perdida de los derechos del desheredado sobre su legítima, pudiendo ser sustituido por sus hijos o descendientes.
 
Causas Generales aplicables a cualquiera que tuviera derechos como legitimario en una herencia:
 
1ª) Haber sido condenado en juicio por atentar contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes.
2ª) Haber acusado al testador de la comisión de un delito grave, cuando la acusación sea declarada calumniosa.
3ª) Obligar con amenaza, fraude o violencia a hacer testamento o cambiarlo.
4ª) Impedir con amenaza, fraude o violencia a otro hacer testamento, o revocar el que tuviera hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro posterior.

Causas específicas para desheredar a hijos y descendientes:

1ª) Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente de cuya herencia se trata: esta causa concurre cuando existe una necesidad real de percibir alimentos, entendiéndose por tal, todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, etc. El Tribunal Supremo ha reconocido que un abandono sentimental entre padres e hijos, la falta de relación afectiva o de comunicación, la ausencia de interés durante su última enfermedad, son hechos que se encuentran dentro del ámbito de la moral, pero que no pueden ser valorados jurídicamente.
 
2ª) Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, siempre que exista una resolución judicial que así lo acredite. 


domingo, 13 de octubre de 2013

¿Cuál es la diferencia entre imputado, procesado y acusado?


Los términos "imputado", "procesado" y "acusado" son utilizados habitualmente por parte de los medios de comunicación como sinónimos, generando confusión en quien lo escucha, e incluso una opinión acerca de la culpabilidad o inocencia de los protagonistas de la noticia.

Para evitar que este uso del lenguaje de forma inadecuada induzca al error, comenzaré aclarando que son tres términos que hacen referencia a tres momentos procesales en los que se puede encontrar una persona.

IMPUTADO O PROCESADO

Cuando se sigue un procedimiento abreviado, esto es, cuando el presunto delito que se investiga lleva aparejada una pena privativa de libertad inferior a 9 años, entonces siempre se habla de imputado, sin embargo, si se trata de un procedimiento ordinario, esto es, cuando el delito que se investiga tiene prevista una pena privativa de libertad superior a 9 años, entonces aparece la figura del procesado.

"Imputado" es la calificación que se le da a la persona sobre la que se dirije una investigación por la presunta comisión de un delito. Esta fase del procedimiento se denomina "fase de instrucción" y en ella, el Juez practica todas las diligencias de prueba que considera oportunas para esclarecer los hechos, y comprobar si existe base suficiente para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible.

En este momento, no existe una acusación formal contra la persona denunciada, por lo que el hecho de que sea llamado a declarar ante un Juzgado de Instrucción en calidad de imputado no significa que sea culpable, pues ante todo rige en nuestro sistema el principio de presunción de inocencia.

El objetivo de la fase de instrucción es doble: (1) investigar y averiguar si los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de un delito, teniendo en cuenta su naturaleza, las circunstancias concretas y las personas que han intervenido; (2) la protección de las víctimas y asegurar que si finalmente existe una responsabilidad pecuniaria, ésta se pueda ver satisfecha (imposición de fianzas).

El imputado se convierte en "procesado" solamente en los procedimientos sumarios cuando hay una resolución judicial, (que se denomina "auto de procesamiento"), en la que se dice que hay indicios fundados de que esa persona es responsable del hecho que se está investigando judicialmente.

ACUSADO

Cuando la fase de instrucción finaliza, y se ha perfilado el objeto del procedimiento y la existencia de indicios racionales de que se ha cometido un hecho delictivo, el Ministerio Fiscal o/y la acusación particular formalizan la acusación contra esa persona, convirtiendo así al imputado en acusado.

Por tanto, una persona imputada y una acusada no se encuentran en la misma situación, mientras que la primera solamente esta siendo investigada, sobre la segunda ya existe toda una investigación de la que se han desprendido suficientes indicios como para continuar el procedimiento sustentando una acusación formal, siendo finalmente juzgada.

Insisto en que en ningún caso encontrarse en la situación de imputado o de acusado significa ser culpable, ya que hasta que no exista una Sentencia firme que así lo indique, la persona sigue siendo inocente.

jueves, 10 de octubre de 2013

¿Te han citado como testigo en un juicio?. Conoce tus obligaciones y tus derechos.

La llegada de una citación del Juzgado siempre produce cierto nerviosismo o incertidumbre en quien la recibe, aun en los casos en los que se requiere a la persona para que acuda en calidad de testigo. Normalmente, esto ocurre cuando se han presenciado determinados hechos o se conocen personalmente o por referencia determinadas circunstancias que son objeto de un procedimiento, por lo que a petición de cualquiera de las partes esa persona es llamada a declarar a fin de que con su testimonio puedan esclarecer el asunto.



Lo primero que debemos saber es que las citaciones judiciales son órdenes de obligado cumplimiento y que desde su notificación tenemos una serie de obligaciones cuyo incumplimiento puede tener consecuencias:

               1.- OBLIGACIÓN DE COMPARECER: el no hacerlo en la fecha, lugar y hora indicada puede conllevar la imposición de una multa e incluso entenderse como desobediencia a la autoridad

               2.- OBLIGACIÓN DE PRESTAR JURAMENTO O PROMESA: antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, recibiendo la advertencia de las penas establecidas para el delito de falso testimonio.

               3.- OBLIGACIÓN DE DECLARAR: su incumplimiento puede dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

               4.- OBLIGACIÓN DE DECIR VERDAD: no solo tiene obligación de decir verdad sino que debe de ser claro en su declaración, ya que si altera los hechos o los silencia, incurre en un delito de falso testimonio.

Frente a esto, y menos conocido es el derecho que tiene todo testigo a obtener de la parte que le propuso una indemnziación por los gastos y perjuicios que su comparecencia en ese dia y hora señalado le hubiera podido ocasionar.

miércoles, 9 de octubre de 2013

¿Sabías que no puedes alquilar o vender tu vivienda si no tienes el "Certificado de Eficiencia Energética"?

Desde el pasado 1 de Junio, todo propietario o promotor que quiera vender o alquilar una vivienda o un local debe de disponer de un certificado de eficiencia energética en vigor. En este post vamos a resolver las principales dudas que surgen al oír hablar de este tema: ¿qué es la eficiencia energética?, ¿quién lo puede tramitar?, ¿qué ocurre si no lo tengo?, ¿cuánto cuesta?, ¿dónde se ha de entregar?, etc.

Todos los inmuebles disponibles para la venta o el alquiler deben de tener este certificado, a excepción de un grupo muy reducido para los que no resulta obligatorio (construcciones provisionales, edificios de menos de 50 metros cuadrados útiles, monumentos protegidos, lugares religiosos o de culto), resultando imprescindible para todos los edificios de nueva construcción. A partir del año 2.007, este tipo de certificado era obligatorio para los edificios de nueva construcción, por lo que aquellos que se realizaron después de ese año obligatoriamente cuentan con su calificación energética. 

En este certificado aparecerá el nivel de emisiones de CO2 (medido en kilogramos) dividido entre los metros cuadrados de la vivienda o edificio. Para realizar este cálculo, se tiene en cuenta la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación, es decir, los servicios utilizados de manera habitual (calefacción ventilación, iluminación refrigeración, agua caliente). Con estos valores se otorga al inmueble una calificación, que aparece recogida en una etiqueta de eficiencia energética, y que va desde la letra A para designar al inmueble mas eficiente (emisiones por debajo de los 6,8 kg de CO2/m2 al año) hasta la nota G para designar el menos eficiente (para los que superan los 70,9 kg CO2/m2 anuales).

Esta medida tiene como finalidad facilitar mayor información al comprador o inquilino que visite un inmueble, pudiendo valorar y comparar su eficiencia energética con los demás, haciendo ver que aquellos inmuebles con mejor calificación energética serán los que menos energía consumirán, fomentando así la demanda de inmuebles eficientes. Es por ello que no puede solicitarse el certificado una vez se haya realizado la venta o el arrendamiento del inmueble, sino que ha de ser incluido en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o el arrendamiento. En caso de que la operación se lleve a cabo, el certificado original ha de ser entregado al comprador y una fotocopia adjuntada al contrato de arrendamiento en el caso del alquiler.

En caso de necesitar tramitar este certificado para nuestro inmueble, nos tenemos que dirigir a un técnico, arquitecto o ingeniero, que son quien tienen competencias para expedirlo, por lo que el precio dependerá del profesional elegido al no haberse establecido tarifas oficiales.

Si hay quien todavía esta pensando en ignorar esta reciente normativa, debe de saber que se preven sanciones que oscilan entre los 300 euros y los 6.000 Euros, dependiendo de si los incumplimientos se consideran infracciones leves, graves o muy graves.


domingo, 6 de octubre de 2013

"Pensión de Viudedad y Parejas de Hecho"


Desde el 1 de enero del 2.008, los supuestos protegidos por la pensión de viudedad se vieron ampliados, incluyéndose a las parejas de hecho entre los sujetos beneficiarios de la misma. Sin embargo, esta reforma no equiparó las uniones de hecho a las uniones matrimoniales, exigiéndo a las primeras unas condiciones y requisitos mucho mas complejos que condicionaban, y en la actualidad continúan haciéndolo, su acceso a la prestación. 

Para analizar las principales diferencias debemos acudir al artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social, y comprobar que mientras a las uniones matrimoniales únicamente se les exige la situación de alta o asimilado del fallecido (p.ej. se encontrara percibiendo el paro o cobrando una pensión de jubilación) y la cotización de 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de fallecimiento, a las parejas de hecho además se les añaden otros requisitos de obligado cumplimiento para tener reconocido el derecho a la pensión:

               Requisito de carácter económico: los ingresos percibidos por el sobreviviente durante el año natural anterior al fallecimiento no han de superar el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo, siendo el porcentaje del 25% cuando no existan hijos comunes. En cualquier caso, se reconocerá cumplido este requisito cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional; 
              
              Requisitos acreditativos de la existencia de la pareja de hecho:
                       1.-relación de afectividad análoga a la conyugal acreditada mediante certificación de la inscripción en el registro correspondiente con antelación mínima de dos años con respecto al fallecimiento;
                         2.-no hayarse impedido para contraer matrimonio; 
                         3.-no tener vínculo matrimonial con otra persona;
                       4.-convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento, acreditado con el certificado de empadronamiento;          
                         5.-duración ininterrumpida de esa convivencia no inferior a cinco años.

Este régimen jurídico ha provocado una importante litigiosidad y continuos pronunciamientos contradictorios por parte de los Tribunales de Justicia, lo que ha obligado en muchos momentos al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre estos requisitos y su manera de probarlos.

Pueden parecer muchos requisitos, y de hecho lo son, pero en el momento en que tiene lugar esta reforma, estas diferencias no eran las únicas que la ley exigía, ya que en aquellos supuestos en los que el fallecimiento de un miembro de la unión de hecho había tenido lugar antes del 1 de enero de 2.008, la pareja debía de tener obligatoriamente descendencia común si quería optar a la prestación, imposibilitando así a las parejas homosexuales el acceso a la pensión. Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Constitucional declaró este requisito inconstitucional por considerar ese apartado discriminatorio y contrario al artículo 14 de la Constitución.

Lo cierto es que con independencia de que cada persona libremente opte por el matrimonio o la pareja de hecho, lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico trata de forma diferente una realidad y la otra.