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domingo, 29 de diciembre de 2013

"Hacienda no permitirá más aplazamientos y fraccionamientos de pago"


La situación económica actual ha llevado a muchas empresas a la necesidad de aplazar o fraccionar las retenciones e ingresos a cuenta. Durante los últimos años, esto ha servido a los empresarios de válvula de oxigeno, sin embargo, la Instrucción 6/2013 del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) pone fin a esta posibilidad.

Según la Directora General de Recaudación, Soledad García López, la mayoría de los aplazamientos solicitados y tramitados corresponden a solicitudes referentes a deudas de retenciones, y la práctica en estos años revela que "se está dando una cierta utilización de forma fraudulenta a la figura del aplazamiento de las deudas tributarias". Considera que la utilización sistemática de estos aplazamientos hacen que se vean sustituidos los periodos de ingreso voluntario señalados por la normativa tributaria, por los plazos de ingreso propuestos por los obligados tributarios.


Estas consideraciones son las que han llevado a la AEAT a emitir esta instrucción, con el fin de evitar esta práctica, se recuerda a los funcionarios de Recaudación que "La Hacienda Pública no solo tiene derecho a percibir las correspondientes cuotas tributarias, sino también a percibirlas en tiempo y forma".

Por tanto, desde el próximo 1 de enero de 2.014, todas las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de retenciones e ingresos a cuenta van a ser inadmitidos como regla general. Será el solicitante el que tenga que acreditar de forma suficiente que afecta sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o producir un grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública. 



jueves, 26 de diciembre de 2013

"Según el Tribunal Supremo, el Gobierno no señaló razones de equidad en el indulto del conductor kamikaze"


Tres días necesitó el Tribunal Supremo el pasado noviembre para decidir sobre si procedía o no la anulación del indulto del conductor kamikaze, del que hablabamos en el post "¿Como se alcanza un indulto?", y que fue condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años. Sin embargo, hasta esta semana no se han conocido las razones que llevaron a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a anular el indulto. 

El Alto Tribunal estimó el recurso presentado por la familia de la víctima, declarando nula la medida de gracia acordada por el Gobierno, al consider que éste no señaló en el real decreto las "razones de justicia, equidad o utilidad pública" exigidas por la ley. 

El Tribunal Supremo entiende que a pesar de tratarse de un acto discreccional, su  contenido aludía solamente a los informes desfavorables emitidos por el Tribunal Sentenciador y el Ministerio Fiscal, que se oponían ante la gravedad de los hechos, la oposición de los perjudicados y la falta de concurrencia de razones de justicia o equidad a tal indulto. Por todo ello, la Sala califica la argumentación dada por el Gobierno fuera de toda lógica jurídica. 

Una vez notificada la decisión, se ha concedido al Gobierno un plazo de tres meses para subsanar los errores, por lo que ahora tiene la posibilidad de poder volver a acordar el indulto, mediante una nueva resolución en los términos que han sido expresados en la Sentencia. 



lunes, 23 de diciembre de 2013

"Se amplia la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 12 años"


El pasado día 20 de Diciembre se aprobó el “Real Decreto-Ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”, por el que se amplía a cuatro años el periodo de tiempo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción voluntaria de su jornada para el cuidado de los hijos, pasando de los 8 años a los 12 años.

Esta modificación surge con la intención de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que cualquier madre o padre con un hijo de 9 años puede empezar a disfrutar de una reducción aunque no la hubiese pedido con anterioridad.          

¿Quién puede solicitar una reducción de jornada?

Puede hacerlo cualquier trabajador con un contrato de trabajo, independientemente del tipo de contrato, de la categoría que tenga, del las funciones o el turno que le corresponda, del tipo de empresa, etc, basta con que se encuentre en uno de los supuestos concretos que establece la ley, y que da el derecho a la reducción de su jornada y a escoger su horario.

El Estatuto de los Trabajadores establece cuales son los supuestos que pueden dar lugar al derecho a la “reducción voluntaria de jornada”: (1) aquella persona que tiene la guarda legal de un menor de 12 años (hasta ahora era un menor de 8 años), aunque éste no sea su hijo; (2) aquellas personas que estén al cuidado directo de un familiar (padres, abuelos, hermanos, cónyuge) que no trabaje y que no pueda valerse por si mismo, con independencia de su edad; o (3) de un hijo menor de 18 años durante su hospitalización y tratamiento continuado de cáncer o enfermedad grave que implique una larga estancia en el hospital y un cuidado continuo y permanente.

Este derecho permite a la persona quitar entre un 12,5% y un 50% de su jornada diaria, pudiendo ella misma elegir el porcentaje así como su nuevo horario, siempre que se encuentre dentro de su jornada habitual, sin que sea posible concentrar esa quita en un día completo.

En este sentido, y ante la posibilidad de que la elección del trabajador pueda suponer un perjuicio para el resto de trabajadores o problemas organizativos de la empresa, la jurisprudencia es clara al establecer que en ningún caso estas circunstancias implicarían una limitación del derecho del solicitante.

El dato más importante quizás radique en que ante una solicitud de reducción por escrito de un trabajador, la empresa no puede negarse, ni alegar requisitos que no recoge la ley, y en ningún caso despedir al trabajador. El Tribunal Supremo ha sido muy claro en sentencias recientes en las que establece que ante un trabajador en reducción de jornada solo cabe la posibilidad de despido procedente, teniendo la carga de la prueba la propia empresa, ya que en cualquier otro caso, el despido sería declarado nulo y la empresa tendría la obligación de readmitirle y abonarle los salarios de tramitación.


martes, 17 de diciembre de 2013

"¿Me puedo negar a realizar una prueba de alcoholemia? ¿Qué ocurre si el resultado es positivo?"


Las vacaciones de navidad están a la vuelta de la esquina, y con ellas, las tradicionales cenas, comidas de empresa, encuentros con amigos, etc, son precisamente esos desplazamientos y trayectos en coche y los excesos habituales de estas fechas los que hacen que las autoridades intensifiquen los controles de alcoholemia. 

Los periódicos llevan días anunciando que la Dirección General de Tráfico (DGT) está ya poniendo en marcha distintas campañas para reducir al máximo los accidentes de tráfico. Y es que, el año pasado perdieron la vida más de 50 personas durante estas fechas, por lo que me parece interesante recordar las consecuencias de negarnos a realizar un control de alcoholemia, y que ocurre si el resultado de la prueba es positivo. 

Antes de dar respuesta a esta pregunta, hay que detenerse en el artículo 379.2 de nuestro Código Penal, en el que se establece que "el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de dogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a novena días y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años". 

Por su parte, el mismo texto legal también prevé la posibilidad de que el sujeto se niegue a realizar las pruebas de detección de alcoholemia, y lo hace en su artículo 383: "el conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y [...], será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años".

Tras la lectura de ambos preceptos, parece claro que el castigo penal es mayor para el conductor que se niega a la realización de la prueba que para aquel que se somete a ella y el resultado es positivo. Pero es que además, hay que tener en cuenta que incurrir en el delito previsto en el artículo 383 del Código Penal no evita el ser condenado también por el previsto en el artículo 379.2.

Sin duda se trata de una cuestión polémica, ya que negarse a realizar la prueba implica no poder comprobar de modo fehaciente la tasa de alcoholemia que presenta el conductor, lo que supone imputar un delito basándose únicamente en indicios y percepciones de los agentes (por ej. un accidente, descoordinación en los movimientos, habla pastosa, dificultad para mantenerse en el carril, circular a velocidad anormal, etc), en definitiva, en los signos externos que evidencien que se encuentra bajo los efectos del alcohol o cualquier droga tóxica. 

Para que esto pueda ocurrir, y a pesar de que el conductor continúe con su negativa a someterse al control de alcoholemia, es necesaria la declaración de los agentes de la autoridad en sede judicial, por que solamente ellos los que investidos de su presunción de veracidad han observado el comportamiento del sujeto, su manera de hablar, su conducta, la halitosis alcohólica, los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas, el nerviosismo, las frases sin sentido, etc. 

Frente a esta postura, encontramos a parte de la doctrina que defiende que castigar por los dos delitos a un sujeto supone una vulneración del principio "non bis in idem", que impide castigar a una misma persona dos veces por los mismos hechos. Ellos consideran que cuando se da este supuesto, nos encontramos ante un "concurso de leyes", por lo que la negativa a someterse al control de alcoholemia lleva aparejada únicamente la pena más grave establecida en el artículo 383 del Código Penal, absorbiendo la conducta descrita en el artículo 379.

Cuando se examina la jurisprudencia, se pone de manifiesto la gran inseguridad jurídica a la que se enfrenta el conductor, al no existir un criterio uniforme al respecto, pudiendo citarse Juzgados en donde se ha condenado al conductor por ambos delitos, y Tribunales en los que el delito mas grave absorbe al que lo es menos. 

Sin embargo, el criterio de la Fiscalía del Estado es claro, entiende que concurre un concurso real de delitos, por lo que han de penarse ambos delitos de forma independiente, al considerar que son conductas diferentes, por un lado la desobediencia, y por otro aquella que pone en peligro la seguridad del resto de usuarios de la vía. En la práctica se traduce en que el conductor se arriesga a ser condenado al doble de pena de prisión y multa, así como a la retirada del permiso de conducir por el doble de tiempo también. 

¿En qué consiste la prueba de alcoholemia? 

La prueba de alcoholemia más habitual consiste en coger aire y soplar en un etilómetro, que debe de ser reglamentario, hasta que el aparato emita un pitido y determine cual es la tasa de alcohol en aire espirado de la persona. Cuando el resultado es superior al legalmente establecido, se repetirá la prueba pasados diez minutos

¿Cuándo se entiende que un conductor se niega a realizar la prueba de alcoholemia? 

Para que pueda concurrir el delito previsto en el artículo 383 del CP, los agentes de la autoridad tienen la obligación de explicar al conductor de forma clara el carácter obligatorio de la prueba y las consecuencias penales que acarrea el negarse a realizarla, ya que de no hacerlo el conductor no tendría consciencia del alcance de su negativa y por lo tanto faltaría uno de los elementos que constituyen el delito. 

¿Cuando el resultado de una prueba de alcoholemia constituye infracción administrativa y cuando infracción penal?

Estaremos ante una infracción administrativa cuando el resultado de a prueba arroje una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro con carácter general para todos los conductores y superior a 0,15 miligramos para los conductores noveles y profesionales.

Actualmente, esta infracción conlleva una multa de 500 Euros, y la pérdida de entre 4 y 6 puntos, sin embargo, el proyecto de modificación de la Ley de Tráfico, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, pretende duplicar la multa, alcanzando la sanción los 1000 Euros, manteniéndose la misma pérdida de puntos.

Por su parte, cuando la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro (1,2 g/l en sangre) nos encontramos ante un delito contra la seguridad del tráfico previsto en el artículo anteriormente señalado (379.2 CP), lo que implica la inmediata detención del conductor y su puesta a disposición judicial.

¿Qué hacer si no se está conforme con el resultado de la prueba de alcoholemia?. Todos los conductores que se someten a una prueba de alcoholemia, y no estén conformes con el resultado, tienen el derecho a pedir que se les realice un análisis de sangre. Sin embargo, han de ser advertidos de que se les trasladará al centro médico mas cercano y el coste de realizar la prueba deberá ser asumido por el propio conductor.

A pesar de que cada vez son más las personas que están sensibilizadas y concienciadas con que el consumo de alcohol y/o drogas no puede ir unido a la conducción, lo cierto es que continúa siendo una de las principales causas de muertes en las carreteras, y es que según los datos del Instituto Nacional de Toxicología, el 47,32 por ciento de los conductores fallecidos el año pasado había dado positivo por alcohol o drogas. Después de este dato, solo me queda pedirle a todo el mundo "responsabilidad" en estas fechas.


domingo, 15 de diciembre de 2013

"El Emprendedor de Responsabilidad Limitada"


Entre las novedades que ha introducido la Ley 14/2013 de apoyo a los Emprendedores y su Internalización encontramos una nueva figura mercantil: "el Emprendedor de Responsabilidad Limitada". Y es que hasta este momento, la persona física que decidía poner en marcha un negocio, lo hacía con el temor de que las responsabilidades y deudas que se derivasen de su actuación, fueran satisfechas con todo su patrimonio, presente y futuro. 

Con el fin de limitar esta responsabilidad, la Ley crea esta nueva figura que permite al empresario persona física limitar su responsabilidad por las deudas que contraiga en el ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional.

La limitación es muy concreta, y afecta únicamente a la vivienda habitual del empresario, siempre que su valor no supere los 300.000 Euros y que no se encuentre afecta a la actividad empresarial o profesional, protegiendo así el núcleo familiar del emprendedor, y evitando que su casa pueda quedar embargada por el fracaso de su actividad.

Para poder adquirir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada, el empresario ha de inscribirse en el Registro Mercantil que corresponda según su domicilio, debiendo indicar también el bien inmueble que pretende desvincular de sus obligaciones derivadas del tráfico empresarial. 

De igual forma, y a efectos de otorgar publicidad al procedimiento, es necesario hacer constar la no sujeción de la vivienda en el Registro de la Propiedad donde este inscrita, a través de una certificación expedida por el propio Registro Mercantil donde se inmatricule el emprendedor. 

Desde el momento en que tiene lugar la inscripción, y el empresario adquiere la condición de "Emprendedor de responsabilidad limitada" tiene obligación de hacerlo constar en toda su documentación, incorporando los datos registrales o las siglas "ERL", así como de presentar las cuentas anuales de su actividad empresarial en el Registro Mercantil, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, perdiendo tal condición si incumple con éstas obligaciones. 

Además, la limitación de la responsabilidad del emprendedor quedará sin efecto cuando (1) las deudas del empresario hayan sido contraídas con anterioridad a adquirir la condición de emprendedor de responsabilidad limitada, es decir, antes de la fecha de inmatriculación en el Registro Mercantil; (2) las obligaciones no sean profesionales o empresariales; (3) los créditos sean de derecho público (deudas tributarias o con la Seguridad Social); (4) y en las deudas contraídas como consecuencia de negligencia grave o fraude en sus obligaciones con terceros, siempre que existiera una Sentencia firme que lo acreditase. 

jueves, 12 de diciembre de 2013

"Las Herencias Envenenadas"


En 2012, más de 23.228 personas renunciaron a la herencia que les habían dejado, más del doble que antes de que comenzase la crisis. Tradicionalmente las herencias eran sinónimo de buena suerte, ya que suponía un crecimiento del patrimonio del instituido heredero. Sin embargo, la actual situación ha obligado a los instituidos como herederos a tener que renunciar a la herencia, no solo por no poder pagar los impuestos correspondientes sino por no poder hacer frente a las deudas contraídas por el fallecido. 

Cuando a alguien le dejan una herencia le dejan los bienes, el denominado "activo", pero también las deudas, "el pasivo", debiendo de responder el instituido como heredero de esas deudas no solo con el patrimonio del causante sino también con el suyo propio. 

Ante esta situación, la opción más drástica y rápida es renunciar a la herencia y que la misma quede para el estado. Ésta renuncia se formaliza ante Notario en escritura pública y es definitiva e irrevocable, ha de ser total y no puede realizarse si con anterioridad se ha llevado a cabo algún acto que pueda ser entendido como una aceptación tácita de la herencia. 


Sin embargo, existe otra vía menos conocida que permite al heredero aceptar la herencia limitando su responsabilidad. Cuando el heredero conoce que lo es y desconoce cuales son realmente los bienes y deudas del fallecido, para evitar que aceptar esa herencia acabe por arruinar a su beneficiario es recomendable "aceptarla a beneficio de inventario".

Mediante esta figura jurídica, el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia única y exclusivamente hasta donde alcance el activo de la misma, viéndose así protegido su propio patrimonio. Esta aceptación ha de hacerse ante Notario o ante el Juzgado, y tal y como ocurría con la renuncia, solo sí no se han realizado actos como heredero.

La falta de asesoramiento y el desconocimiento de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario ha hecho que las renuncias a las herencias en España se incrementasen significativamente. 

martes, 10 de diciembre de 2013

"La figura del Procurador. El gran desconocido"


El Procurador es el gran desconocido de esta profesión, a pesar de ser una pieza imprescindible dentro de la Administración de Justicia. El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales define esta figura como "aquella persona que válidamente incorporada a un colegio, se encarga de la representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional" .

Y es precisamente eso lo que hacen, representan técnicamente a quienes son parte en cualquier clase de proceso, bien como parte demandante o bien como parte demandada, dotando al procedimiento de agilidad. Son licenciados en derecho y por lo tanto, tienen los mismos conocimientos que los abogados. Mientras el abogado se encarga de llevar a cabo la defensa del cliente, el procurador se ocupa de su representación en el proceso. 


En muchas ocasiones, el cliente contrata los servicios de un abogado, y únicamente ve al procurador el día en que se celebra el juicio, pero detrás de ese momento concreto, existe un trabajo previo que comienza en el mismo momento en que se interpone la demanda. Y un trabajo posterior, en mi opinión mucho más importante, y es que tras la obtención de una sentencia condenatoria, los procuradores son los encargados de realizar los trámites oportunos para hacerla efectiva en fase de "ejecución de sentencia". En definitiva, son la pieza central entre el cliente, el abogado y el Juzgado.   

Todas las funciones que se encomiendan al procurador están dirigidas a facilitar el proceso judicial, evitar que los Juzgados y Tribunales no sigan el procedimiento legalmente establecido, que se produzcan fraudes de ley o dilaciones indebidas. Entre sus principales funciones destacan: (a) seguir el proceso, estar pendiente de todos sus pasos y tener informados al cliente y a su abogado; (b) responsabilizarse de todos los trámites, recibe y firma emplazamientos, citaciones, notificaciones, etc; (c) transmite al abogado todos los documentos e instrucciones que le lleguen en relación al pleito; 

¿Para cualquier pleito se necesita un procurador? No. El ordenamiento jurídico establece cuales son los asuntos en los que es preceptivo el procurador y cuales no (aquellos de escasa cuantía).

En los últimos meses, los procuradores se han visto obligados a salir a la calle para mostrar su rechazo al "anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales" que actualmente está tramitando el Gobierno, ya que su aprobación tendría importantes consecuencias para este sector, formado por cerca de 10.300 procuradores, pero también para la sociedad en general.

Los dos principales efectos de esta reforma serían la eliminación de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, e incluso otras profesiones (graduados sociales), y la supresión del sistema de facturación arancelario por el que se vienen rigiendo en la actualidad e introducción de un sistema de libre competencia, donde se fije libremente el precio entre profesional y cliente.

Quizás sea el momento más crítico por el que esta atravesando esta profesión. Tal y como ha manifestado el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, la representación procesal por parte de los abogados provocará "disfunciones" en la recepción de las notificaciones, al resultar poco viable que el sistema utilizado por este sector pueda extenderse a los más de 140.000 abogados si pudieran éstos asumir esas funciones, lo que provocaría el colapso de la justicia. Por su parte, la libre fijación de honorarios encarecerá los costes derivados de la representación procesal, ya que el arancel establecido por el Estado actualmente cumple una función social, función que desaparecería.

Me uno a las voces que insisten en que si desaparecieran los procuradores, la Administración de Justicia se vería enormemente resentida, y con ella, todos los ciudadanos, que al final serían los grandes perjudicados.


domingo, 8 de diciembre de 2013

"La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) entra en vigor en febrero y nos afectará a todos"


La entrada del euro en enero de 2.002 nos permitió a todos realizar pagos en efectivo en cualquier país de la eurozona con mayor comodidad y sencillez. Con la intención de facilitar también aquellos pagos y cobros no efectivos nace "la ZONA ÚNICA DE PAGOS EN EUROS" conocida bajo el acrónimo SEPA (Single Euro Pyments Area).

¿Qué es la SEPA?

Es una zona en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos seguros en euros, con las mismas condiciones básicas, derechos y obligaciones, con independencia del lugar en el que se encuentren, y de que esos pagos impliquen o no operaciones transfronterizas.   

¿A quién afecta, cómo y cuándo?

La SEPA no solo afectará a los autónomos y empresas, sino también al ciudadano de a pie, ya que a partir del próximo 1 de febrero de 2.014, los instrumentos de pago nacionales utilizados hasta ahora se verán sustituidos, lo que quiere decir que para realizar cualquier pago, aunque sea nacional, ya no utilizaremos los veinte dígitos de nuestra cuenta corriente, sino que será  necesario utilizar los códigos IBAN (código internacional de cuenta bancaria) y BIC (código para identificar entidades bancarias). Ambos pueden obtenerse en nuestras aplicaciones de banca electrónica, extracto de cuenta y otras comunicaciones de banco. También es posible a través de la propia web de SEPA, donde existe una herramienta para convertir Códigos de Cuenta de Cliente en Códigos Internacionales IBAN.


La fecha límite esta a la vuelta de la esquina, por lo que todas las empresas deberían de comenzar a ajustar su sistema de pagos y transacciones, solicitando a sus clientes y proveedores, pero también a sus trabajadores el IBAN, y sustituir el Código de Cuenta Cliente por éste, para así poder actualizar los documentos contables, facturas, etc, y poder pagar las nóminas a los empleados vía transferencia bancaria.   

¿Cuál es la ventaja que aporta SEPA?

Todas las operaciones en euros realizadas entre los países que forman parte de la zona SEPA estarán sujetas a las mismas normas y condiciones, por lo que los pagos y cobros se realizarán con la misma facilidad, rapidez, seguridad y eficiencia con la que actualmente contamos en nuestras operaciones nacionales. 

¿Qué países formarán parte de la zona SEPA?

La creación de un mercado único de pagos en euros se extiende por 33 países, los 28 miembros de la UE e Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

"Tipos de Emprendedores. ¿Con cuál te identificas?"


Un "emprendedor" es aquella persona que identifica una oportunidad de negocio, y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Sin embargo, no todos los emprendedores tienen las mismas características, hoy de la mano de "emprendepyme" analizamos los perfiles más comunes:

1.- EL EMPRENDEDOR ESPECIALISTA: Posee conocimientos técnicos sobre una materia muy concreta, por lo que se centra en un sector especializándose en él. A menudo son individualistas y tienen dificultades para coordinar.

2.- EL EMPRENDEDOR VISIONARIO: Es el que se adelanta a su tiempo y siempre está buscando estar dos o tres pasos por delante de sus competidores, poniendo en marcha productos y negocios en sectores que en el futuro tendrán éxito. Son muy versátiles y ambiciosos, capaces de ver siempre el vaso medio lleno y atreverse con cualquier entorno. Esta continuamente abriendo puertas, pero no cierra ninguna, por lo que puede ser considerado en ocasiones un inconsciente.

3.- EL EMPRENDEDOR OPORTUNISTA O RASTREADOR: Es un emprendedor experto, con una mente muy racional o analítica, que detecta donde hay una oportunidad y se lanza a por ella. Normalmente, su punto débil tiene que ver con su falta de comunicación y don de gentes del empresario.

4.- EL EMPRENDEDOR INVERSIONISTA: Busca proyectos novedosos en los que invertir su dinero y sacar rentabilidad.


5.- EL EMPRENDEDOR EMPRESARIO: El mundo de los negocios no le es nuevo, siendo su intención la consolidación de su negocio, busca reinvertir sus ganancias en beneficio de su empresa.

6.- EL EMPRENDEDOR PERSUASIVO: Es perseverante y tiene una fe inquebrantable en sí mismo y en su proyecto. Es quien lidera el proyecto y hace que el equipo se mantenga y trabaje en la misma dirección. Su gran baza es su capacidad de influencia.

7.- EL EMPRENDEDOR POR NECESIDAD: Es aquel que decide emprender por las circunstancias concretas que atraviesa en su vida, o bien porque no está satisfecho con su situación profesional o económica. Son cautelosos, constantes y tenaces. Su punto débil es que en muchas ocasiones les cuesta encontrar su rumbo.

8.- EL EMPRENDEDOR INTUITIVO: Es un emprendedor nato, y es capaz de seguir su primer impulso contra viento y marea. tiene una gran personalidad y es capaz de ver un negocio donde nadie lo ve. 
El hecho de no saber explicar siempre su proyecto genera inseguridad en los que le siguen, y ese es su punto débil. 

9.- EL EMPRENDEDOR VOCACIONAL: Tiene una gran capacidad para escuchar y asumir riesgos. Es aquel que nunca deja de emprender, siempre tiene nuevas ideas, siempre ve nuevas oportunidades...Tiene rasgos en común con los demás perfiles.

¿Con qué tipo de emprendedor te identificas?

lunes, 2 de diciembre de 2013

"El derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros"


Hace unos días me preguntaban a través del blog sobre el derecho a la asistencia sanitaria cuando una persona no recibe ayudas, así que he decidido explicar brevemente cual es la situación actual de los extranjeros que residen en España legal o ilegalmente en cuanto a la atención sanitaria.

El modelo vigente hasta 2012, reconocía el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros que residían en España, con independencia de su situación legal, con la única condición de que estuviesen inscritos en el padrón municipal donde tuvieran su residencia habitual. Esta inscripción no significaba que se encontrasen de forma legal en España, pero el legislador pretendía reconocer el derecho de forma amplia, con el fín de que el extranjero saliera de la clandestinidad e hiciera pública su presencia. Esto fue criticado por quienes veían en el requisito de la inscripción en el padrón un riesgo, ya que su actuación podía acabar en una expulsión del país, pero también por quienes aseguraban que la falta de control sanitario de los inmigrantes no empadronados favorecía la aparición de situaciones de riesgo para la salud de la población en general.  

En Septiembre de 2012, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se produce un cambio en el modelo de protección de la salud de los extranjeros no comunitarios en España, al verse modificados los requisitos que desde ese momento tenían que acreditar los extranjeros para poder obtener asistencia sanitaria. 

Actualmente para que un extranjero no ciudadano de la Unión Europea y sus familiares tengan acceso a la asistencia sanitaria, ha de demostrar que tiene una autorización de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas para residir en nuestro país. Por lo tanto, el círculo se cierra y solo tienen derecho aquellos extranjeros que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: a.-) ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; b.-) tener la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; c.-) ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; d.-) haber agotado la prestación o subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, aunque esta situación acaba derivando en irregularidad sobrevenida. 


Con independencia de lo anterior, existen dos grupos a los que se les reconoce un derecho absoluto a la asistencia sanitaria, sin tener en cuenta cual es su situación administrativa en España: los menores de 18 años que disfrutan de un derecho pleno igual que un español, las mujeres embarazadas hasta su completa recuperación del postparto.

Aquellos extranjeros que no residen en España de forma legal, que no son menores de edad y no son mujeres embarazadas sólo recibirán asistencia sanitaria en supuestos concretos y establecidos legalmente: (1) situación de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea la causa, hasta su situación de alta médica y (2) asistencia al embarazo, parto o posparto.

Los datos son realmente alarmantes, y es que se calcula que con la introducción del RD 16/2012, unas 833.000 personas perdieron en España la asistencia sanitaria, solo en la Comunidad Autónoma de Madrid, más de 39.099 personas carecen de tarjeta sanitaria, y en consecuencia, de asistencia gratuita.

Y a pesar de que esta situación se justifica por las autoridades como una medida de ahorro y de "sostenibilidad" del sistema público de salud, lo cierto es que es realmente alarmante y preocupante. Para las ONG que asesoran a extranjeros sin papeles, "la retirada de la asistencia universal es un error en términos de salud pública, es absurdo desde el punto de vista económico e inhumano desde el punto de vista ético"

Ante esta situación, algunos Gobiernos autonómicos decidieron desmarcarse de la normativa estatal, regulando la prestación de asistencia sanitaria en su autonomía, y así lo hizo el Gobierno vasco que desde Julio de este año posibilita la prestación de atención sanitaria en Euskadi a los inmigrantes sin permiso de residencia, facilitándoles una tarjeta sanitaria. También es el caso de la Comunidad Valenciana, que envió una instrucción interna a los centros de salud, en la que se establecían los requisitos para la prestación de asistencia médica gratuita (ser mayor de edad, no estar asegurado ni estar incluido en ningún convenio, y estar empadronado en la Comunidad Valenciana desde hace más de un año, además de una renta inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta.)


sábado, 30 de noviembre de 2013

El IVA con criterio de caja: ventajas e inconvenientes


Las empresas y los profesionales llevan años pidiendo una modificación en el régimen especial del IVA, que les permitiera no pagar el IVA de las facturas emitidas hasta el momento en que las mismas resultasen efectivamente cobradas. Con la aprobación de la Ley de Emprendedores, publicada en el BOE el 28 de septiembre de 2.013, esta petición realizada por el colectivo de autónomos ve finalmente la luz, ya que a partir del 1 de Enero de 2.014 comenzará a funcionar el régimen especial del IVA con criterio de caja, de forma que las Pymes y los autónomos que se acojan a este nuevo modelo tributario no deberán adelantar a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas.

Sin embargo, las empresas no se muestran especialmente entusiasmadas con esta modificación, al conocer cuales son los requisitos y obligaciones que se han de cumplir para acogerse a éste tipo de régimen. De hecho, abunda la desconfianza y el escepticismo entre los profesionales, por lo que no creo que esta medida se extienda tanto, una vez se conozcan sus especificaciones concretas.

No todas las empresas y profesionales pueden acogerse al régimen especial del criterio de caja, solamente podrán hacerlo aquellas cuya facturación anual, o el volumen de operaciones durante el año natural anterior, no hubiese superado los dos millones de euros, por lo que se calcula que más o menos se podrían beneficiar 2,3 millones de profesionales.


Aquellos autónomos o Pymes que se encuentren interesadas deben de solicitar a Hacienda su inscripción a este régimen en el mes anterior al inicio del año natural en el que quisieran que comenzase a ser de aplicación. Desde este momento, se verán sujetas al mismo, el cual se prorrogará hasta la renuncia del autónomo. Todas las empresas que se acojan a este régimen deberán advertirlo en sus facturas.

La principal modificación que introduce este nuevo modelo tributario radica en el momento del devengo del impuesto, al permitir al autónomo no pagar el IVA de sus facturas hasta el momento del cobro, sea total o parcial, del importe percibido. Sin embargo, esto no es así sin limitaciones, pues en todo caso el devengo de ese IVA se producirá a 31 de diciembre del año posterior, a pesar de que no se produzca el cobro de la factura.

Por otro lado, tiene lugar una modificación igual de importante, y es que se tiene el mismo criterio para el IVA soportado en las facturas de gasto, no pudiendo el empresario deducirse ese IVA hasta que haya abonado la factura a su proveedor.

Los asesores y economistas ya han comenzado a ver los primeros problemas en la aplicación del IVA de caja, y es que las empresas cuyo volumen de beneficios supere los dos millones de euros y no puedan acogerse a este régimen siempre pagarán el IVA de sus facturas en el momento de emitirlas, sin embargo cuando interactúen con pymes acogidas al IVA de caja no podrán deducirse el IVA hasta que no abonen la deuda.

De hecho, algunas empresas ya están advirtiendo que no operarán con proveedores que utilicen el nuevo régimen, por  lo que los autónomos y empresas que dependen de estas "grandes empresas" rechazan aplicar el criterio de caja. 

Se trata de una modificación que deja aun muchos cabos sueltos e impone obligaciones a las empresas poco atractivas, con mas inconvenientes que ventajas, que determinarán su decisión de no acogerse a este régimen.

sábado, 23 de noviembre de 2013

"El derecho de los abuelos a visitar a sus nietos"


A nadie se le escapa que los abuelos desempeñan un papel fundamental en la vida de un menor de edad, pero este protagonismo adquiere aun mayor importancia en las situaciones de crisis de pareja, cuando se produce una separación o divorcio o cuando tiene lugar el fallecimiento de uno de los progenitores, porque además de la transmisión de valores familiares, tienen la posibilidad de ayudar a sus nietos a afrontar esas situaciones, favoreciendo su desarrollo y su estabilidad.

Sin embargo, son muchas las ocasiones en los que uno de los progenitores se opone a que los abuelos tengan establecido a su favor un régimen de visitas respecto de sus nietos, obligándoles a tener que acudir ante los Tribunales.

El Tribunal Supremo ha establecido que los abuelos tiene derecho a relacionarse con sus nietos, siempre y cuando no exista una causa que lo desaconseje por no ser beneficioso para el menor, y ello a pesar de la existencia de desavenencias entre los progenitores y los abuelos del menor.

El alto tribunal lo dejó perfectamente claro en su Sentencia de 24 de mayo de 2013 en la que afirma que las malas relaciones existentes entre la madre y la abuela de la menor no son suficientes para denegar el derecho de visitas de la abuela, pues no existe  "justa causa" para que pueda eliminar ese derecho, que no tiene más restricción que el interés del menor.

Pero, ¿qué ha de entenderse por "justa causa"?. Ésta existiría cuando la relación entre los abuelos y los nietos fuera perjudicial para los menores, por ponerse en peligro su salud, su formación, su educación, su seguridad o cuando se ejerciera sobre los menores una "mala influencia", siempre que exista una prueba de suficiente entidad que así lo justifique y que deberá de correr a cargo de quien se opone al establecimiento de tal régimen.

Sin embargo, este derecho de los abuelos a relacionarse con el menor no se puede equiparar al que ostenta un progenitor no custodio, y así el Tribunal Supremo ha establecido recientemente que "aun cuando la relación prioritaria sea la paternofilial, debe prestarse una especial atención a la relación abuelos-nietos, de interés para el propio menor", añadiendo que "la pernocta no puede acordarse con carácter general pero tampoco puede impedirse indiscriminadamente."

Con el fin de conocer cual es la situación concreta, en aras de velar por el interés del menor, los Jueces de Familia consideran necesario que cuando los abuelos solicitan judicialmente un régimen de visitas respecto de sus nietos, ambos progenitores sean llamados como codemandados, al afectar directamente la decisión a la patria potestad ostentada por ellos. 

El Tribunal Supremo afirma que este tipo de decisiones han de adoptarse en función de las circunstancias concretas de cada caso, estableciéndose un régimen de visitas y pernoctas moderado, siempre respetando el derecho de la madre o padre, pero también el interés de los menores a mantener el contacto con una parte de su familia, como factor estabilizador y emocionalmente enriquecedor.

A pesar de todo lo expuesto, no deja de sorprenderme la capacidad de los padres que pasan de utilizar a los abuelos como pilar fundamental en el cuidado de sus hijos mientras ellos trabajaban, a verlos como una amenaza cuando se produce un divorcio, convirtiéndolos en enemigos y negando a sus hijos la posibilidad de relacionarse con ellos.  

lunes, 18 de noviembre de 2013

Un año contra las TASAS JUDICIALES


Después de un año desde que entrara en vigor la Ley de Tasas, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, personal al servicio de la Administración de Justicia y ciudadanos continuamos mostrando nuestra disconformidad con ella. Los datos muestran una realidad que todos veíamos y que solamente el Ministerio de Justicia no quiso, ni quiere ver.

Desgraciadamente, este año ha servido para confirmar los peores augurios, ya que esta Ley ha privado a miles de ciudadanos de su derecho a la tutela judicial efectiva, impidiendo de forma injusta su acceso a la justicia, mientras que empresas y ciudadanos con capacidad económica continúan ejerciendo su derecho sin problemas. Por no hablar de la impunidad y el abuso de las Administraciones Públicas que se encuentran exentas del pago de esta tasa.

A pesar de que nadie se creyó que con la aprobación de esta ley se iba a solucionar el problema de la justicia gratuita, lo cierto es que 365 días después nadie tiene ninguna duda al respecto, no solo no se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas (hasta septiembre 103 millones de euros, lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio), sino que además se ha incumplido el compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce cual ha sido el destino de la recaudación realizada con las tasas, ya que ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

El tiempo ha demostrado que la Ley de Tasas ha creado una justicia para ricos y otra para pobres, ya que los mas desfavorecidos son, en definitiva, los que se ven obligados a renunciar a reclamar sus derechos por no poder hacer frente a la tasa que tienen que abonar. Su objetivo principal no era otro que el puramente recaudatorio, pero además tenía como fin crear un efecto disuasorio en el ciudadano, cuestión más que acreditada con el descenso significativo que han tenido el número de asuntos en los Juzgados.

La imposición de una Tasa como condición para poder acceder a la justicia me sigue pareciendo una vulneración de los derechos de los ciudadanos, que se ven privados de uno de sus derechos constitucionales más importantes, por que además, considero que la agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas, y que debería de estar en la adopción de medidas consensuadas por los colectivos afectados para la mejora del servicio público

España continúa mostrando indiferencia ante las voces de todos los colectivos que se ven afectados por esta ley, y mira hacia otro lado con las posturas que actualmente mantienen países europeos como Francia, donde ya se ha aprobado la supresión de todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2.014 para evitar penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia.

Actualmente existen cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados, esperemos que el Tribunal Constitucional agilice su respuesta, ya que son los ciudadanos los que diariamente están sufriendo un grave perjuicio.

El próximo 20 de Noviembre, todas las sedes judiciales de España, con autorización o sin ella, serán testigo nuevamente de nuestro descontento, la abogacía se vuelve a movilizar para solicitar al Gobierno que escuche la voz de todos los colectivos, y sobre todo a los que mejor conocen el funcionamiento y los defectos de nuestro sistema judicial, para que sea desde la transformación de la actual estructura la forma de convertir a la administración de justicia en un servicio accesible y eficaz.

martes, 12 de noviembre de 2013

Nuevo criterio de Hacienda: dedúcete todo el IVA de la gasolina y otros gastos


Cuando un empresario adquiere un vehículo que puede ser utilizado tanto en su vida personal como en su actividad o negocio, Hacienda presume que su utilización empresarial es solo del 50%, por lo que únicamente permite deducirse el 50% del IVA soportado en su compra.

Hasta ahora, Hacienda seguía el mismo criterio con los gastos derivados de la utilización de ese vehículo, sin embargo, esto ha cambiado recientemente, desvinculando el procentaje de deducción del IVA soportado en la compra del vehículo, del IVA de los gastos derivados del uso del mismo.

Desde este momento, todo empresario podrá deducirse todo el IVA de los gastos derivados de la utilización del vehículo, entendiéndose por tales la gasolina, reparaciones, recambios, peajes, parkings, etc, siempre que pueda acreditar que ese gasto se generó exclusivamente como consecuencia de la utilización del vehículo para la actividad empresarial.


¿Cómo probar que esos gastos están afectos al 100% a la actividad del empresario?

Esta será la labor más compleja para el empresario, pero los autores ya dan algunas ideas de como hacerlo: guardando los tickets de parking de la localidad donde se está visitando a un cliente, tickets de bares o restaurantes, tarjetas o trípticos del cliente, órdenes de visita firmados y sellados por el cliente, el carburante de esos desplazamientos, serán elementos que permitirán considerar adecuada la deducción practicada.

En definitiva, servirá para acreditar este extremo cualquier medio de prueba admitido en derecho.


domingo, 10 de noviembre de 2013

Instalar un ascensor en un edificio ya solo requiere el voto de la mayoría de la Comunidad de Propietarios, no 3/5


La instalación de un ascensor en una Comunidad de Propietarios continúa siendo el caso típico de conflicto entre los vecinos, ya que si bien se trata de una reforma que tiene claras ventajas, no solo por la comodidad de la que se benefician los vecinos sino también por la importante revalorización que sufren las vivienda, lo cierto es que son comunes las discrepancias entre los propietarios en cuanto a la conveniencia o no de realizar una inversión de este tipo, sobre todo por parte de los dueños de locales y plantas bajas.

Hasta ahora, la instalación de un ascensor requería el voto favorable de las 3/5 partes del total de propietarios que además representaran 3/5 partes de las cuotas de participación, obligando al pago a todos ellos. La supresión de barreras arquitectónicas si se podía conseguir con el voto favorable de la mayoría simple.

Sin embargo, a partir del 28 de Junio de 2.013 la Ley de Propiedad Horizontal se ve modificada, y con ello el quorum necesario para la instalación de un ascensor, requiriéndose el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación.

Sin lugar a dudas, la reciente Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneracion y renovación urbanas facilita la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos, y por tato, se trate o no de la supresión de barreras arquitectónicas, bastará la mayoría simple y deberá de ser asumida por todos los propietarios, sea cual sea su importe. Si se trata de suprimir barrera arquitectónica, deberá de ser satisfecho por todos los vecinos, siempre que el importe no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas las subvenciones y ayudas públicas.

martes, 5 de noviembre de 2013

¿Qué es la declaración amistosa de accidente?


La "declaración amistosa de accidente" nació en 1972 cuando el Comité Europeo de Seguros invitó a todas las entidades de seguro a introducir en sus países este parte de siniestro, lo que suponía un modelo común, con el mismo texto, formato y color.

En España apareció en junio de 1987, y desde entonces todos los conductores deseamos no tener que utilizarla nunca, aunque si tenemos que hacerlo, es importante conocer como se rellena, debiendo de ser precisos en los datos, para que esta declaración pueda tener los efectos para los que está diseñada. Según un estudio elaborado por la aseguradora Linea Directa, el 68% de los conductres no saben como rellenar una declaración amistosa de accidente, e incluso, quienes si saben se encuentran con dificultades debido al shock del accidente y los nervios que genera el tráfico que discurre por el lugar.

La declaración amistosa de accidente es un documento estandar previsto para los accidentes de tráfico en los que intervienen dos vehículos, y cuando los daños que se ocasionan son solo materiales, ya que los daños personales deberán tramitarse por otra vía. Los conductores han de confeccionar juntos el documento de forma legible. La columna central es la parte más importante de la declaración, se divide a su vez en dos columnas, una para cada vehículo, en las que aparecen 17 supuestos que intentan explicar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro. Incluso en la parte baja de esta columna hay un espacio cuadriculado que permie hacer un pequeño dibujo de lo sucedido.

Es importantísimo rellenar correctamente el documento, ya que en el momento en el que los conductores lo firman, están determinando automáticamente la culpabilidad de cada uno, ya que la responsabilidad del accidente se basará en los datos consignados en ese parte, siendo la culpabilidad imputada al vehículo que resulte responsable según una tabla que forma parte integrante del Convenio de Indemnización Directa Español al que me referiré a continuacion.

Además, la declaración se compone de varias copias de calca, por lo que una vez separadas no se debe escribir nuevamente, ya que las compañías se envían las copias entre sí para verificar lo que tiene cada una de ellas, viendose paralizado el siniestro si se encuentran discrepancias hasta poder verificar los datos.

¿Cuáles son los errores mas comunes?

Principalmente la tendencia a marcar incorrectamente las casillas y cumplimentar de forma incompleta el croquis o dibujo del accidente, pero también en ocasiones consiste en limitarse a tomar nota de los datos del contrario y recoger su firma sin que quede reflejado quien es el responsable del siniestro.

¿Qué consecuencias tiene no rellenar correctamente el parte amistoso?

Cuando el parte amistoso no se rellena correctamente, todo el proceso de probar los hechos y esclarecer las responsabildiades se complica enormemente, porque las versiones de los conductores con el paso de los días no son tan precisas y surgen las contradicciones, lo que provoca un retraso en los plazos de reclamación y reparación de los daños.

LA TABLA DE CULPABILIDAD DEL CIDE

Como decía antes, las aseguradoras utilizan la tabla de culpabilidad del Convenio para la Indemnización Directa de Daños Materiales a Vehículos Español, para determinar de forma rápida y sencilla la responsabilidad de cada conductor en función de las casillas marcadas en el apartado 12 de la declaración amistosa, que se refiere a las "circunstancias", consiguiendo a través de este método reducir tiempos de tramitación.

 
Quizás se entienda mejor con un ejemplo:
si el conductor del vehículo A marcó la casilla A3 ("Iba a estacionar") y el conductor del vehículo B marcó la casilla B14 ("Daba marcha atrás"), la culpabilidad final recaerá sobre el conductor del vehículo B. Este resultado es fruto de combinar en la tabla de culpabilidad la casilla A3, en el eje de ordenadas, con la casilla B14, en el eje de abcisas.

¿Si no logramos ponernos de acuerdo con la otra parte?
 
Lo más conveniente ante la falta de conformidad es tomar todos los datos posibles, tales como matrícula y modelo del vehículo contrario, testigos, etc, y mostrar nuestra disconformidad en el propio parte, aunque siempre es mejor en estos supuestos solicitar la presencia de la policía.

domingo, 3 de noviembre de 2013

¿Puede usarse un local de oficina como vivienda?


El Tribunal Supremo lo confirma en su Sentencia de 12 de Septiembre de 2013, cuando afirma que un propietario de un piso o de un local tiene derecho a usarlos como considere más adecuado, salvo que el cambio de uso esté expresamente prohibido por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

El litigio se origina en una Comunidad de Propietarios de Almería, cuando los vecinos se oponen a que uno de ellos cambie el uso de la oficina de su propiedad para convertirla en vivienda, siendo la pretensión de los vecinos estimada por el Juzgado de Primera Instancia de Berja.

Sin embargo, tanto la Audiencia Provincial de Almería en su día, como ahora el Alto Tribunal entienden que siempre que no exista limitación en su derecho de propiedad sobre la finca, el propietario puede destinar la misma al uso que más le interese. Y al parecer, ni en los estatutos existía prohibición expresa al respecto, ni el cambio de uso suponía una afectación de la estructura del edificio, ni comprometía elementos comunes, ni se acreditaba que la transformación en vivienda exigiera una mayor participación.

El ponente de la Sentencia, el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas ha recordado que estamos en presencia de "un derecho del propietario que no puede ser sustraido".

Finalmente, el Tribunal Supremo concluye que no consta que la actuación del propietario vulnere ninguna norma legal, y que la existencia de normas subsidiarias del planeamiento del Ayuntamiento no significa nada desde la perspectiva civil de la propiedad horizontal, debiendo de ser en todo caso, la Corporación Municipal la que debería sancionar la posible infracción urbanística, si es que la hubiera.

viernes, 1 de noviembre de 2013

El Tribunal Supremo revisará el próximo martes el indulto del conductor kamikaze. ¿Cómo se alzanza un indulto?


El próximo martes, el Tribunal Supremo revisará el indulto que el Gobierno concedió en diciembre de 2.012 a un conductor que causó un accidente al circular en sentido contrario en la autopista AP-7 en Valencia, en el que falleció un joven, y por el que se le había impuesto una pena de 13 años de prisión.

Pero antes de conocer cual será la decisión del Tribunal, y con el fin de poder entender mejor a todas las partes, es conveniente tener claro ¿qué es un indulto?, ¿quién lo concede?, ¿quién lo puede pedir?, ¿qué delitos se pueden indultar?, ¿qué efectos tiene?, etc.

El indulto es considerado una "medida o derecho de gracia" de carácter excepcional, recogido en el artículo 130.4º del Código Penal y que consiste en la remisión de todas (indulto total) o alguna (indulto parcial) de las penas a las que una persona ha sido condenada, con independencia de cual haya sido el delito que ha cometido, siempre que su sentencia sea firme y siempre que no cause un perjuicio a terceras personas o vulnere derechos de otros.

El principal efecto del indulto radica en la extinción de la responsabilidad penal, sin embargo en ningún caso comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito ni las costas procesales, pero si se exime al indultado de las penas pecuniarias que le resten de satisfacer.

Para que pueda tener lugar un indulto, el Ministro de Justicia ha de recibir una solicitud, del interesado o de un tercero, junto a toda la información relativa a la causa, incluida la sentencia y toda la documentación que acredite la reinserción social, laboral y familiar del penado. El Ministro proponer ante el Consejo de Ministros a aquellas personas que por razones de justicia, equidad o interés social entiende que deberían de ser indultadas, para que el Gobierno delibere y acuerde que persona es merecedora de ésta medida, lo que se hace público mediante Real Decreto publicado en el BOE, para ser finalmente el Rey quien expide formalmente tal beneficio.


Por lo tanto, es una decisión que a pesar de tener que regirse por las razones anteriormente mencionadas, y tener que encontrarse ampliamente motivada, lo cierto es que en el fondo se trata de una decisión discrecional que tiene como finalidad, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional, "permitir compatibilizar las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material del caso concreto"

Sin lugar a dudas, el indulto del conductor kamikaze ha provocado un gran revuelo, los propios miembros del Gobierno tienen opiniones contrarias sobre la conveniencia o no de esta decisión, así se desprende de las declaraciones del Ministro de Justicia y el de Interior, pero también han dado su opinión el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, mostrando públicamente su disgusto o el entonces Presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Salas, quién considera que esta institución ha de cambiar.

Por su parte, la familia del joven fallecido siempre ha mostrado su disconformidad con la decisión tomada por el Gobierno, movilizándose y recogiendo más de 45.000 firmas con las que se solicitaba la derogación del indulto. Ellos han sido lo que, indignados por la negativa del Gobierno a rectificar, recurrieron ante el Tribunal Supremo, agotando así las vías en nuestro país, y cuya decisión se conocerá en unos días.
La derogación del indulto supondría una decisión sin precedentes, y su negativa obligaría a la familia de la víctima a acudir al Tribunal Europeo para continuar con su lucha.