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martes, 14 de marzo de 2017

“El Tribunal Supremo establece que un hijo no puede reclamar a sus hermanos los gastos de residencia de sus progenitores”


En muchas ocasiones, las decisiones respecto a donde van a vivir nuestros progenitores cuando sean mayores o se conviertan en personas dependientes, si en una residencia o en el domicilio de un hijo, y en cualquiera de los casos, quien va a hacerse cargo de los gastos de su cuidado, genera conflictos entre los hijos. Las consideraciones morales de cada uno muchas veces no coinciden, y cuando se ha de tomar una decisión de forma inminente, este desacuerdo acaba desembocando en una situación de conflicto en la que prevalece la decisión de uno, que normalmente asume las consecuencias y costes que ello conlleva.

El supuesto que resuelve nuestro Tribunal Supremo nace por la decisión de uno de los hijos de asumir los gastos de una residencia geriátrica donde estaba interna su madre, ejerciendo posteriormente una acción de reembolso frente a su hermano, reclamando el 50% de los gastos abonados por él.

A pesar de que el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Getxo y la Audiencia Provincial de Bizkaia estimaron su petición, y condenaron a su hermano a pagarle la mitad de esos gastos, que ascendían a la cantidad de 22.507,76 Euros, el Tribunal Supremo resuelve en sentido contrario en su Sentencia, de fecha 7 de Marzo de 2.017.

Así, nuestro Alto Tribunal establece que la acción de repetición “nace de un auxilio económico prestado por uno solo de los hermanos que a ambos incumbe”, pero no se realiza por cuenta ajena, es decir, el pago lo realiza uno de los hijos de forma voluntaria en beneficio de su madre, y sin perjuicio de las consideraciones morales que se puedan tener respecto a esta cuestión, y sobre la posición del otro hijo que se niega a contribuir con esos gastos, lo cierto es que éste no adeuda a su madre alimentos que han sido efectivamente satisfechos por el otro hijo.

En este sentido se afirma que “la deuda contraída era propia (refiriéndose al hijo que abonó todos los gastos), como es la de prestar alimentos a su madre, en la forma que mejor le convenía, en este caso mediante ingreso de su madre en la residencia”, faltando por tanto un requisito esencial para que prosperase la acción de reembolso, “el pago de una deuda ajena”. Se entiende, por tanto, que la deuda del hijo era propia en la medida en que llevó a su madre por iniciativa propia a la residencia y asumió de forma voluntaria la deuda sin comprometer a su hermano.

Cuestión distinta es la obligación de los dos hijos de prestar alimentos a su madre, para lo que es necesario que ella los reclame judicialmente, como posteriormente hizo en el presente supuesto, existiendo una resolución que obligaba a ambos hijos al pago de los gastos para el sostenimiento alimenticio de su madre (gastos de alojamiento, manutención y asistencia en la residencia).

Por lo tanto, es importante que este tipo de decisiones se tomen de común acuerdo entre los hijos, ya que la decisión unilateral de uno de ellos implica que deba ser éste el que tenga que asumir los gastos que se ocasionen. Pero, ¿y si no hay posibilidad de acuerdo?, entonces para evitar este tipo de situaciones, los progenitores tienen que iniciar un procedimiento para reclamar alimentos a sus hijos, de forma que se establezca a través del juzgado su obligación a prestarlos de conformidad con las necesidades de los padres y de acuerdo a las posibilidades de quien tiene obligación de darlos.

jueves, 9 de marzo de 2017

"El Tribunal Económico Administrativo Central confirma que la prestación por maternidad no esta exenta de IRPF."


Después de que el pasado mes de Julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera en una Sentencia que la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de que meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminase justamente lo contrario en un supuesto similar, estableciendo que esta prestación debe tributar en la declaración de la renta, estando solo exentas las prestaciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el Tribunal Económico Administrativo Central se ha pronunciado.

Recientemente conocíamos la resolución, de fecha 2 de Marzo, en la que este Tribunal daba la razón a la Agencia Tributaria al entender que “una interpretación finalista de la norma nos debe llevar a la misma conclusión; en efecto, hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta de IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad, y que se da igual en los casos de maternidad y adopción que en los demás previstos en la norma para el cobro de otras prestaciones, como el acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo para el embarazo: el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión”. Añadiendo a continuación que “las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad social, son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”.

En este sentido, la resolución afirma que “el distinto trato tributario de las prestaciones por maternidad de la Seguridad social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, no es algo caprichoso sino que obedece a la distinta naturaleza de las prestaciones, lo que justifica ese trato fiscal diferenciado”.

Es evidente que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió la puerta a cientos de reclamaciones en vía administrativa, que siendo desestimadas por la Agencia Tributaria han sido recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo correspondiente, llegando finalmente al Tribunal Económico Administrativo Central, que a través de esta resolución unifica el criterio respecto a los distintos pronunciamientos llevados a cabo por varios Tribunales Económico Administrativo regionales. Así, el criterio fijado confirma que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre .

Con esta resolución se confirma el rechazo en vía administrativa de todas las reclamaciones de los contribuyentes que hayan solicitado o tengan intención de hacerlo, la devolución de ingresos indebidos a la Agencia Tributaria, sin embargo esto no quiere decir que una vez agotada la vía administrativa, si el contribuyente acude a la vía judicial no vaya a obtener un resultado positivo.


Es muy probable que ante la existencia de Sentencias contradictorias respecto a este asunto, y las que puedan ser dictadas en un futuro, pronto tenga que pronunciarse el Tribunal Supremo para unificar doctrina y aclarar de una vez por todas si nos encontramos ante una renta exenta o no en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

miércoles, 1 de marzo de 2017

"Las consecuencias de mentir en un juicio al declarar como testigo. El delito de falso testimonio"


Recientemente conocíamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria que confirma la condena de un hombre que mintió en su declaración como testigo en un juicio penal. ¿Qué conducta llevó a cabo y qué consecuencias ha tenido?

En el supuesto sobre el que resuelve la Audiencia Provincial de Cantabria, el testigo no solamente dio una versión de los hechos contraria a la del resto de testigos, al afirmar que la acusada (que también reconoció ser su amiga), no había agredido ni verbal ni físicamente a la doctora, sino que además aseguró que el resto de testigos, nada más y nada menos que cinco, que también habían declarado en la vista, se habían inventado su versión, pese a la existencia de pruebas objetivas que acreditaban la agresión.

Como consecuencia de tal declaración se procedió a deducir testimonio por la comisión de un posible delito de falso testimonio por parte del testigo, que dio lugar finalmente a una sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de 9 meses de prisión y 4 meses de multa, a una cuota diaria de 6 euros.

¿Qué es el delito de falso testimonio? ¿Cuál es su fundamento?

Nuestro Código Penal recoge el “delito de falso testimonio” en su artículo 458: “el testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y la multa de 3 a 6 meses”.

Este precepto se encuentra ubicado dentro de los delitos contra la Administración de Justicia, ya que es precisamente a esta a la que afecta gravemente, llegando a impedir su correcto funcionamiento, e incluso, pudiendo darse la posibilidad de que tenga lugar una aplicación injusta de nuestro ordenamiento jurídico.  

A todos los testigos, en todos los juicios se les toma juramento o promesa de decir verdad, advirtiendoles a continuación que si faltan a la verdad en su declaración podrían incurrir en este delito, siendo también informados de las penas que lleva aparejado.

¿Qué debemos entender por “faltar a la verdad”?

Para que concurra este requisito es necesario que exista constancia acerca de cuál es la verdad, debiendo la declaración falsa desfigurar de modo esencial la verdad que interesa al proceso, no siendo suficiente las meras contradicciones entre las diferentes declaraciones.

Además, el testigo debe ser consciente de su conducta, y de que la declaración no es la verdad aunque no exista una intención de perjudicar o beneficiar a una de las partes, siendo suficiente la intención de influir en el adecuado desarrollo del proceso.

Por lo tanto, este delito concurre tanto por acción como por omisión, ya que se castiga igual al testigo que ofrece un testimonio incierto como al testigo que silencia datos objetivos que conoce.

Nuestro Tribunal Supremo definió en 2.002 este delito como el que “se comete cuando una persona llamada a prestar testimonio en causa judicial se aparta sustancialmente de la verdad tal y como esta se le representa, es decir, miente en lo que sabe y se le pregunta”.

Nuestro Código Penal, junto con el tipo básico del delito de falso testimonio, recoge dos tipos agravados, castigando con mayor pena (1) cuando el falso testimonio se da en contra del reo (castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, imponiéndose en su mitad superior cuando a consecuencia de tal actuación recae sentencia condenatoria) (2) y cuando el falso testimonio se produce ante un Tribunal Internacional.

En muchas ocasiones, nos encontramos declarando a testigos que no son conscientes de la responsabilidad y gravedad de faltar a la verdad, ya que tal actuación puede provocar una sentencia injusta.

martes, 21 de febrero de 2017

"¿Es posible utilizar una fotografía publicada en un perfil público de Facebook sin consentimiento? Según el Tribunal Supremo no"


Hace apenas unos días se daba a conocer una Sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a un periódico a indemnizar con 15.000 euros a un hombre por publicar su fotografía para ilustrar una noticia de la que era protagonista, al haber sido agredido por su hermano con un arma de fuego.

A través de las redes sociales es posible obtener información prácticamente de todo el mundo, y en muchas ocasiones los medios de comunicación utilizan fotografías obtenidas de perfiles públicos para que los lectores pongamos cara a los protagonismo en la noticia.

Pues bien, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido que para realizar este tipo de actuaciones es necesario el consentimiento expreso de la persona, ya que de lo contrario supone una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen.

En este sentido, el Alto Tribunal establece que “en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta en una red social en Internet es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”.

Podría pensarse que cuando alguien tiene un perfil en una red social abierto al público y permite que toda la información e imágenes que sube sea vista por todo el mundo sin restricciones, está dando un consentimiento implícito al uso de las mismas, sin embargo el Tribunal afirma en su sentencia que “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1.982, de protección de derecho al honor y la propia imagen, como excluyente de la ilicitud de la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona.  

De igual modo, el Alto Tribunal afirma que “tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen”.


Por lo tanto, cualquier medio o entidad que utilice una imagen de otra persona debe de tener un consentimiento expreso del protagonista, aunque la jurisprudencia no requiere que sea formal o escrito, pero sí que sea inequívoco, sin ambigüedad o dudoso.

miércoles, 15 de febrero de 2017

¿Quién paga el IBI en una compraventa?


La cuestión planteada es precisamente quien debe abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), también conocido como “contribución urbana”, cuando se produce una compraventa. ¿Qué ocurre si el obligado no hace frente al pago?.

En principio, el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que el periodo impositivo de este impuesto coincide con un año natural, produciéndose su devengo el primer día del año, aunque su cobro se produzca con posterioridad a su venta, por lo que será el vendedor el que tenga que hacerse cargo de pagar el tributo municipal.

Esta regla resulta de aplicación siempre y cuando no exista pacto en contrario de las partes, ya que en el momento de la compraventa, comprador y vendedor pueden negociar y establecer en su propia escritura quien satisfacerá el impuesto.


¿Qué dice nuestra jurisprudencia?


El Tribunal Supremo deja muy claro quién está obligado al pago del IBI, y así en su reciente Sentencia nº 409/2016, de fecha 15 de Junio de 2.016, abre la posibilidad de que los vendedores puedan repercutir al comprador parte del impuesto, concretamente la parte proporcional del tiempo que resta desde la compraventa hasta el final del año, sin necesidad de acuerdo expreso, siempre que no se haya establecido de otro modo en la escritura. Parece lo más justo ¿verdad?, cada parte abona la cantidad en proporción al periodo de tiempo en que es dueño del inmueble.


¿Qué ocurre si el Ayuntamiento me reclama el impuesto aunque se pactó que era obligación del vendedor?

Hace unos meses, una clienta vino al despacho planteandonos esta cuestión, había comprado una vivienda en el año 2015, a una persona de nacionalidad argentina que regresaba a su país tras la venta, y que a pesar de que en la escritura de compraventa aparecía la vendedora como obligada al pago, el Ayuntamiento acababa de llamar a su puerta.

El artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que “en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria”.

De esta forma, la ley recoge un “derecho de afección”, configurado como un derecho de persecución o garantía en relación con el bien inmueble, y ello aunque posteriormente a generarse la deuda el bien haya sido transmitido.

Al momento de la firma, los Notarios tienen la obligación de solicitar al Ayuntamiento información sobre las posibles deudas pendientes en concepto de contribución urbana, así como de advertirlo al comprador. En el caso de nuestra clienta, el recibo que se adeudaba era el que aún no se había pasado al cobro correspondiente a ese ejercicio, y sobre el que se establecía claramente en la escritura que debía ser asumido por el vendedor.


Precisamente en base al citado derecho de afección, nuestra cliente tuvo que hacer frente al pago de la deuda, ya que la ley prevé que cuando no es posible conseguir el pago de la deuda, el nuevo adquirente tiene una responsabilidad subsidiaria limitada al valor que tenga el bien adquirido, en este caso el valor de su vivienda.

En cualquier supuesto similar, antes de realizar el pago del impuesto es imprescindible comprobar que el Ayuntamiento ha agotado todas las posibles vías para obtener el cobro del verdadero obligado, ya que la administración debe declarar la insolvencia del vendedor, debiendo encontrarse la reclamación al comprador dentro del plazo legalmente establecido, ya que transcurrido el mismo, la acción contra nuestro cliente habría prescrito.

Además, el ahora obligado tiene que comprobar que la liquidación girada por el Ayuntamiento no contiene intereses o recargo, ya que la Administración tiene derecho únicamente a cobrar la cuota tributaria, pero en ningún caso otra cantidad derivada del incumplimiento del vendedor.

jueves, 19 de enero de 2017

¿Puedo reclamar los gastos que asumí al firmar mi hipoteca?


El pasado 23 de Diciembre de 2.015, el Tribunal Supremo dictaba una importante Sentencia en la que se declaraba la nulidad por abusiva de la cláusula que imponía al cliente los costes derivados de la constitución de hipoteca (notaría, registro, gestoría) y de tributación por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al considerar que se trataba de una condición no negociada con el consumidor.


¿Que declaró exactamente nuestro Tribunal Supremo?


El Alto Tribunal reconocía en su sentencia como abusiva una cláusula incluida en una escritura de hipoteca del BBVA que tenía la siguiente redacción: “Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía”


El propio Tribunal Supremo reconoce en su resolución que “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista”, por lo tanto aquellas cláusulas que imponen a los clientes todos los gastos de formalización de hipotecas, son abusivas, abriendo la puerta a las reclamaciones de estos gastos a miles de consumidores que tienen en su hipoteca una cláusula similar.


¿Quiénes pueden reclamar y en qué plazo?


Pueden reclamar aquellas personas que continúan pagando su hipoteca al día de hoy, pero también aquellas que ya la han finalizado en los cuatro años anteriores a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, aquellos que la acabaron de pagar después de 23 de Diciembre de 2.011.


El plazo para reclamar el pago de estos gastos es de cuatro años a contar desde el día en que se dictó la Sentencia, por lo que finalizará el próximo 24 de Diciembre de 2.019.


¿Cuáles son los pronunciamientos de los Juzgados y Tribunales?


Sin embargo, todo no es blanco ni negro, y tras la sentencia del Tribunal Supremo han empezado a dictarse resoluciones en Juzgados y Tribunales contradictorias, en las que se condena al banco de forma idéntica a como lo hizo el Alto Tribunal en su resolución, y sentencias en las que encontramos matices importantes.


A día de hoy, conocemos sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Zaragoza y los Juzgados de Oviedo y Pontevedra, en las que se declaran abusivas las cláusulas y se condena al banco a devolver el dinero a los clientes.


Por su parte, el Juzgado de Granollers (Barcelona) dictó recientemente una Sentencia en la que condenaba a la entidad bancaria a devolver los 3.371 Euros que correspondían a gastos notariales e impuestos derivados del préstamo hipotecario, al entender que debían de asumirlos ambas partes de forma equitativa.


De todos los gastos que se pueden reclamar, quizás el más controvertido y el que ha generado más polémica es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al existir distintas interpretaciones sobre quién es el sujeto pasivo del mismo, aunque mayoritariamente se sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su resolución.


Muy probablemente, como ocurrió con la cláusula suelo, tenga que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien acabe pronunciandose sobre esta cuestión, aunque me temo que esta resolución tardará algunos años.


Y finalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir?


En primer lugar se ha de presentar una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató la hipoteca, o si posteriormente hubo una fusión, con la Entidad que absorbió a aquella.


Una vez que transcurren dos meses desde que se presenta la reclamación, y no se ha obtenido una respuesta o ésta es negativa, es necesario acudir a la vía judicial e interponer la correspondiente demanda solicitando que se declare abusiva la cláusula que aparece en nuestra hipoteca y condene a la entidad bancaria a la restitución de los gastos que fueron abonados, como consecuencia de esa cláusula, los cuales deben de estar perfectamente documentados con sus correspondientes facturas.


La recomendación de las asociaciones de consumidores y de la abogacía es la misma, cualquier consumidor que quiera iniciar los trámites para reclamar estos gastos debe de asesorarse, y en ningún caso firmar ningún documento que proponga el banco o entidad sin que un profesional lo revise antes y le asegure que está bien, ya que desgraciadamente nos encontramos con clientes que acuden al despacho con documentos confeccionados unilateralmente por los bancos en los que aprovechando que se firma un determinado acuerdo, se incluyen cláusulas en las que el cliente renuncia a otro tipo de acciones y reclamaciones.

Y acabo citando a Jose Muelas Cerezuela, Abogado y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, que en una frase recoge perfectamente el temor de los abogados sobre este tema y sobre las cláusulas suelo, refiriéndose a los bancos y entidades:  “ellos van a tratar de impedir que un abogado revise tu hipoteca, a ellos les conviene, a ti no”

lunes, 9 de enero de 2017

"Los colores del poder judicial hacen peligrar nuestra justicia"


“Imagina cómo sería que te encargasen valorar la conducta de aquel que te propuso para el puesto de trabajo que realizas, o que estuviera en tu mano sancionar o inhabilitar a quien te ayudó a conseguir la posición que tienes, ¿agradecido y benevolente u objetivo e imparcial?”


Foto: Revista SEDE
Cuando pensamos en aquellos que imparten justicia, pensamos en profesionales que ejercen su labor con la máxima independencia. Esta es la única manera de que el Estado de Derecho funcione de verdad, y la conocida por todos división de poderes no se distorsione, evitando que uno pueda controlar a otro. ¿Esto es realmente así?.

En el año 2.010, más de 1.500 jueces apoyaron un manifiesto por la “despolitización y la independencia del poder judicial”, en el que se reconocía que la independencia de nuestra justicia estaba en serio peligro.

Para velar por la independencia del Poder Judicial, nuestra Constitución prevé la existencia de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),  que cuenta con competencias en materia de ascensos, destinos, sustituciones, sanciones de nuestros jueces, etc. Pero además, este órgano influye en otras instituciones y organismos, ya que no solo tiene la facultad para proponer reformas legislativas, sino que también participan en el nombramiento del Fiscal General del Estado, de los Magistrados del Tribunal Constitucional, Magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de las Audiencias Provinciales, etc. Todos ellos, nombramientos que se realizan de forma discrecional sin que ni siquiera sea obligatorio motivación alguna.

Si casi la mitad de los miembros de la carrera judicial alzan su voz, necesariamente hace que nos cuestionemos “¿este órgano no funciona? ¿dónde está el peligro?”. Inicialmente, los miembros del CGPJ eran elegidos por los propios jueces, hasta que en 1985, como consecuencia de una modificación de la ley, la clase política se hizo con el control del órgano de gobierno de los jueces, y sus 20 miembros comenzaron a ser designados por el Congreso y Senado, por mayoría de tres quintos. Si bien es cierto que la ley establece que los elegidos serán abogados o juristas de reconocida competencia, y con más de 15 años en el ejercicio de su profesión, lo que no dice y parece lógico pensar, y así lo demuestra la experiencia de estos años, es que el color que mayoritariamente tenga en ese momento la cámara va a ser el mismo que defienda el profesional designado.

De esta forma, a través de estas designaciones, la clase política elige el color que va a tener el núcleo del poder judicial, e indirectamente también el color que van a tener los magistrados de los máximos órganos judiciales, lo que resulta realmente peligroso si tenemos en cuenta los intereses económicos, políticos y sociales que giran en torno a un procedimiento judicial.

Es evidente que toda persona, con independencia del trabajo que desempeñe, tiene una ideología o un color político, sin embargo es fundamental evitar que quien realiza una labor tan importante para la sociedad, quien imparte justicia, pueda hacerlo debiendo a un determinado partido político su nombramiento, maxime cuando es muy posible que ese profesional tenga que decidir sobre cuestiones que afecten al partido que previamente le colocó en ese lugar.

Sobre esta cuestión, el propio Tribunal Constitucional se pronunció en una famosa sentencia de 1986 en la que advertía que el modelo de designación de los miembros del CGPJ entraña el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la Constitución, si las Cámaras elegían a los vocales con finalidades distintas a las del bien común, lo que para muchos fue una forma de pasar de puntillas y no declarar la norma como inconstitucional.

A día de hoy, esta situación ha ido deteriorando nuestro sistema judicial, hasta el punto de que la Comisión Europea situó a España en el cuarto lugar con la percepción de la independencia judicial más baja y el Word Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, situó a nuestro país por detrás de Nambia, Malawi o Gambia.

Las dudas sobre la imparcialidad de algunos jueces han aumentado en la misma proporción que los casos de corrupción política en nuestro país. Basta leer los titulares de los últimos años para darnos cuenta de que hay jueces y magistrados que han ejercido su labor de forma rigurosa y con libertad, ajenos a las presiones,  y han salido mal parados por ello, y otros sobre los que planea la sombra de la sospecha.

Por supuesto, los jueces no forman parte de la clase política, y tienen que poder ejercer su actividad profesional con estrictos criterios legales, al margen de presiones, intereses políticos, económicos y sociales, por lo que el sistema tiene que fijar los mecanismos oportunos para que nadie pueda influir en esta labor, y es que si no se extreman las precauciones, puede darse la paradoja de que un político pueda llegar a decidir quien le investiga, ya que el Consejo General del Poder Judicial está facultado para sustituir a un juez por otro.

La independencia del poder judicial es la única manera de que los ciudadanos tengan una justicia de calidad e igual para todos, y para ello es necesario un procedimiento de nombramiento claro, transparente y libre de presiones e influencias, en el que los criterios de nombramiento no tengan que ver con el color político, sino que sean criterios objetivos y preestablecidos, como las calificaciones y los méritos, basados en la integridad y capacidad profesional.

Es evidente que el sistema actual no funciona, y además pone en peligro los derechos civiles, por lo que es necesaria una inminente reforma que convierta al Consejo General del Poder Judicial en incoloro y seguro, reforma que a pesar de ir incluido en todos los programas políticos cada legislatura, no entusiasma a ningún partido, pero sí interesa a todo ciudadano que quiere que la ley sea igual para todos.

Mi última colaboración con la revista SEDE dedicada en eta ocasión a "colores",  os invito a leer el resto de contenidos.